TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO COJEDES
CORTE DE APELACIONES

San Carlos, 08 de Noviembre de 2016
Años: 206° y 157

RESOLUCIÓN: N° HG212016000393.
ASUNTO: N° HP21-R-2016-000285.
ASUNTO PRINCIPAL: N° HP21-P-2016-010854.
JUEZ PONENTE: FRANCISCO GERARDO COGGIOLA MEDINA.
MOTIVO: RECURSO DE APELACIÓN DE AUTO.
DELITOS: ULTRAJE VIOLENTO A FUNCIONARIO PÚBLICO y HURTO CALIFICADO.
DECISIÓN: SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN DE AUTO.

I
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

FISCAL: ABOGADA YULEIKA VICMARY PINTO RUIZ, FISCAL SEGUNDA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES.
DEFENSA: ABOGADA OLIS FARIAS, DEFENSORA PÚBLICA PENAL DEL ESTADO COJEDES.
VÍCTIMA: LUIS ROMERO.
IMPUTADO: WILMER ALBERTO MARTINEZ BLANCO.

II
ANTECEDENTES

Según se evidencia del Listado de Distribución emanado de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Oficina de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal, en fecha 20 de Octubre de 2016, correspondió a esta Corte de Apelaciones el conocimiento del presente recurso de apelación de auto, ejercido por la ABOGADA OLIS FARIAS, DEFENSORA PÚBLICA PENAL DEL ESTADO COJEDES, en la causa seguida al imputado WILMER ALBERTO MARTINEZ BLANCO, en contra de la decisión dictada en fecha 17 de Septiembre de 2016, mediante auto de fecha 19 del referido mes y año, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, en la causa identificada con el alfanumérico HP21-P-2016-010854, seguida en contra del mencionado ciudadano, por la presunta comisión del delito de ULTRAJE VIOLENTO A FUNCIONARIO PÚBLICO y HURTO CALIFICADO.

En fecha 24 de Octubre de 2016, se le dió entrada en esta Corte de Apelaciones bajo el alfanumérico N° HP21-R-2016-000285, así mismo se dió cuenta la Corte en pleno, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se designó como ponente a la Jueza MARIA MERCEDES OCHOA, a quien le fueron remitidas las actuaciones.

En fecha 27 de Octubre de 2016, se dictó auto mediante el cual se acordó admitir el recurso de apelación in comento, ejercido por la Abogada Olis Farias, Defensora Pública Penal, en contra de la decisión dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal.

En fecha 07 de Noviembre de 2016, se dictó auto mediante el cual el Abogado Francisco Coggiola, Juez integrante de esta Corte de Apelaciones, se abocó al conocimiento del presente asunto penal, en virtud del cese del reposo médico concedido.

Efectuado el análisis de autos, observamos:

III
DE LA DECISIÓN RECURRIDA

Según consta en las actuaciones, el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, dictó decisión en fecha 17 de Septiembre de 2016, mediante auto motivado de fecha 19 del referido mes y año, en la cual resolvió RATIFICAR LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, en contra del ciudadano WILMER ALBERTO MARTINEZ BLANCO, por la presunta comisión de los delitos de ULTRAJE VIOLENTO A FUNCIONARIO PÚBLICO y HURTO CALIFICADO, en los siguientes términos:

“…ES POR LO QUE ESTE TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL Nº 01 DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO COJEDES ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY RATIFICAR LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD en contra de los ciudadanos WILMER ALBERTO MARTINEZ BLANCO, en presencia, del delito ULTRAJE VIOLENTO A FUNCIONARIO PUBLICO, Previsto y sancionado en el Artículo 223 del Código Penal, Y HURTO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 453 Numerales 3, 4, 5 y 6 del Código Penal por encontrase llenos los extremos del articulo 236 ordinales 1,2y 3 articulo 237y 238 todos del código orgánico procesal penal. Se tiene como sitio de reclusión al INTERNADO JUDICIAL DE TOCUYITO CON SEDE EN CARABOBO.,Líbrese boleta de PRIVACION del imputado de autos a igual que su boleta de encarcelación.ASI SE DECIDE. Además de ello Constata este Tribunal hacer especial referencia de la solicitud de la fiscalía de flagrancia y del sistema yuris 2000 que ya el Imputado de Autos le fueron concedidas dos (2) Medidas cautelares de presentación Periódica una de cada quince (15) días ante la unidad de Alguacilazgo y la Otra cada ocho (08) días ante la unidad de Alguacilazgo, en los Asuntos HP21-P-2016-010047 Y HP21-P-2016-010503 y EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULO 242 en su último aparte del código orgánico procesal penal no podrá de manera simultánea decretar tres (3) o más medidas cautelares considerando este tribunal darle cumplimento a dicha disposición legal en materias de medidas de coerción personal menos graves en el proceso penal y así se decide. Cúmplase lo ordenado. (…)…”. (Copia textual y cursiva de la Sala).

IV
PLANTEAMIENTO DEL RECURSO

La Abogada Olis Farias, Defensora Pública Penal, interpuso recurso de apelación en contra de la decisión referida, argumentando lo siguiente:

“… (…) CAPITULO I PUNTO PREVIO La Defensa invoca el PRINCIPIO PROCESAL “FINALIDAD DEL PROCESO”, previsto en el Artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal. “… El proceso debe establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas, y la justicia en la aplicación del derecho y a esta finalidad deberá atenerse el Juez al adoptar su decisión”. Norma que establece los límites de cómo el proceso debe establecer la verdad de los hechos y es precisamente por las vías jurídicas, y la justicia en la aplicación del derecho, siendo imperativa para el Juez, quien deberá ceñirse a tal finalidad al tomar sus decisiones. Este Artículo constituye una garantía, entendiéndose que cuanto más amplio, transparente y generoso sea el procedimiento, mayores serán las posibilidades de acceder a la verdad material. Se infiere del Artículo in comento que la normativa que rige el Proceso Penal no debe ser interpretada sólo a favor de “una parte”, sino que todo el Articulado debe ser interpretado en su conjunto por el Órgano Jurisdiccional al tomar decisión. (…) CAPITULO II FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN (…) CAPITULO III DEL RECURSO DE APELACIÓN Con fundamento en los artículos 439 ordinales 4 y 5 y 440 del Código Orgánico Procesal Penal, APELO por ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes, de la decisión dictada por el Tribunal de Control Nro 01, en fecha en fecha (SIC) 17 de septiembre de 2016, mediante la cual decreto la flagrancia, el procedimiento Especial, y Medida Judicial Privativa de Libertad a mi defendido, WILLIAMS ALBERTO MARTINEZ BLANCO, supra identificado en el presente asunto. CAPITULO IV FORMA Y TERMINO DEL RECURSO (…). Ciudadanos Magistrados, es el caso, que en Audiencia de Presentación, celebrada en fecha 17 de septiembre de 2016, en mi carácter de Defensora Pública, y una vez impuesta del contenido de las Actas policiales ofrecidas por el Ministerio Público, y oída la exposición del Ciudadano Fiscal en la Audiencia, observé que la detención de mi representado no se practicó bajo los parámetros exigidos por la Norma Adjetiva Penal (Articulo 234) para llenar los extremos de la FLAGRANCIA, sino que mi defendido es presentado ante el Juez de Control (Guardia) sin haberse observado las garantías establecidas en el Artículo 49.1 del Texto Constitucional y Artículo 127 del texto legal. Alegó esta Defensora, en la referida audiencia de presentación, rechazo escrito de presentación, asi como alegatos fiscales expuestos en la sala del tribunal. Me opuse a que se decretara Medida Judicial Preventiva Privativa de Libertad, ya que no se cumplía lo preceptuado en los artículos 236, 237 y 238 del COPP, no existían suficientes elementos de convicción para estimar que mi defendido es autor del delito que le atribuía el Ministerio Público, consta en el asunto una identificación plena, que acredita el domicilio fijo de mi defendido, con lo cual se descartaba el peligro de fuga; y que no existía peligro de obstaculización, ya que de las actas no se infiere ninguna circunstancia que permita inferir que mi defendido van a entorpecer la investigación. Que no hay testigos del procedimiento. Se solicito una medida cautela sustitutiva menos gravosas de las contenidas en el articulo 242 del COPP. Aunado a todo lo anterior, estamos ante la presunta comisión de un HURTO SIMPLE, previsto en el articulo 451, tratandose de un delito menos grave, que no amerita pena privativa de libertad. Cabe destacar que mi defendido manifesto en sala, haber sido objeto de atropello por parte de funcionarios actuantes que lo han involucrado en delito, fromulando en sala la respectiva denuncia. Este asunto se trata del hurto de una bombona, y ni siquiera consta en el presente asunto factura que acredite ajenidad de la misma, considera la defensa no estan acreditados los supuestos del tipo penal imputado. No obstante el juez considero en su decisión que se encontraban llenos los extremos de los artículos 236, 237 y 238 del COPP. Ciudadanos Magistrados de esta Digna Corte de Apelaciones, el Tribunal Primero de Control es totalmente no analizó al dictar su decisión porque consideraba que se configuraban los numerales del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, ni tampoco motivó la existencia de peligro de fuga, sino que simplemente citó extractos del articulo 236 del COPP, sin profundizar en los motivos de su decisión, por lo que tal pronunciamiento debe ser declarado nulo, por cuanto causa indefensión y vulnera el debido proceso, violando además el principio de exhaustividad al cual se encuentra sometido todo juez, esto es, el órgano jurisdiccional debe someterse a todo lo alegado y probado en los autos. Ese principio exige del juez decisorio, la obligación de profundizar en el análisis de cada uno de los elementos fácticos y jurídicos para apuntalar la decisión resultante, pero siempre y cuando se justifiquen los motivos por los cuales otros, no tomados en cuenta son desechados, indudablemente la infracción del principio referido nos conduce de manera directa a la infracción del principio de in (sic) motivación de la sentencia… En consecuencia, en virtud de las múltiples violaciones cometidas por el Ciudadano Juez de Control, con su decreto de medida privativa, solicito se declare la nulidad de dicha decisión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 174 y 175 del Código Orgánico Procesal Penal. LOS ELEMENTOS PARA DICTAR UNA PRIVATIVA DE LIBERTAD, “… …no pueden evaluarse de manera asilada, sino analizado pormenorizadamente, las diversas condiciones presentes en el proceso, que demuestren un hecho punible que merezca pena privativa de libertad, fundados elementos de convicción y la necesidad inminente de la detención preventiva para asegurar la presencia procesal del imputado e impedir modificaciones que vaya en detrimento de la investigación y del proceso penal en general, todo esto, para garantizar que la acción del estado no quede ilusoria, pero con ponderación diáfana de los derechos del investigado…” “….Lo anterior se entiende como la obligación que tienen los administradores de justicia, de evaluar detalladamente cada una de estas circunstancias, excepcionales al derecho constitucional de la libertad personal (artículo 44 de la Constitución de la república Bolivariana de Venezuela), que hagan procedente la aprehensión preventiva y posteriormente la medida de privación judicial preventiva de libertad, siendo aplicada de acuerdo al principio de proporcionalidad (según sea el caso), y así evitar vulnerar los principios de la afirmación y el estado de libertad, establecidos en los artículos 9 y 243 del Código Orgánico Procesal Penal…..”. Sentencia de la Sala de Casación Penal, en Caracas, 10-08-2011… Por lo anterior es que ratifico, y doy por reproducidos los alegatos expuestos en la audiencia de presentación e invoco a favor de mis representados, el PRINCIPIO DE INOCENCIA: Se hará efectivo el derecho individual constitucional de que toda persona es inocente, mientras no se le haya declarado responsable judicialmente en Sentencia definitivamente firme. Todo elemento de prueba debe haberse obtenido por un procedimiento permitido e incorporado al Proceso conforme a la Ley.- Formarse ideas sobre la base de declaraciones donde ha actuado una sola parte y que puede desfigurarla es el mejor método para caer en las injusticias.- Con este nuevo Ordenamiento Jurídico se da paso a un auténtico acto de Juzgamiento, que consulte la realidad procesal y permita tomar decisiones justas donde la Oralidad, la Inmediación y la contradicción honren y garanticen todos los derechos fundamentales de los sujetos procesales y, específicamente en la presente actuación los derechos y garantías que asisten al Procesado.- Si la justicia es el valor fundamental del estado social de derecho, si la igualdad humana es el valor esencial de nuestra organización estatal, no pueden seguirse interpretando ni las normas, ni las pruebas a espaldas del procesado, violentando los derechos con el pretexto de acogernos a criterios tradicionales.- (…) Con base a lo antes expuesto la defensa considera que debe existir una presunción razonable por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación. Basta con atender a las previsiones del Artículo 236 del texto legal el cual establece claramente que el Juez de Control solo podrá decretar la privación preventiva de libertad al imputado, en caso de estimar que concurren de manera acumulativa los requisitos previstos en el Artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, para que sea procedente la privación preventiva judicial de libertad y en ningún caso pensar que concurren de manera alternativa los referidos supuestos, es necesario que la concurrencia sea de manera acumulativa, por lo tanto esa obligación de acordar una medida Privativa de Libertad por solicitud Fiscal es facultativo y no obligatorio la concesión de la misma, viene dada esta situación por cuanto en el Sistema Acusatorio los jueces conforme al Principio de Inmediación son soberanos en cuanto a la apreciación de los hechos presentados por el Ministerio Público. Tomando como punto de partida que el Acta Policial no constituye elemento de convicción, además de que no hay concatenación entre un dicho y otro, es lo que hacen que en mi condición de defensa solicite la libertad sin restricciones o se conceda una Medida Cautelar Sustitutiva conforme a lo establecido en el Artículo 242 Ordinal 3ero, para mis representados. CAPITULO V PETITORIO En razón de los motivos expuestos, solicito de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes que ha de conocer el presente RECURSO DE APELACIÓN de AUTO, darle el curso de Ley correspondiente, sea declarado admisible y pido con el debido respeto sea declarado con lugar el mismo, interpuesto en mi condición de Defensa del Ciudadano WILLIAMS ALBERTO MARTINEZ BLANCO, se revoque la Medida Judicial de privación preventiva de Libertad dictada en su contra por el Ciudadano Juez de Primera Instancia en funciones de Control Nro. 01 del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes y se decrete la Libertad sin restricciones de mis defendidos, o salvo mejor criterio de la Honorable Corte de Apelaciones del estado Cojedes, sea sustituida la privación de Libertad por una medida menos gravosa para mis defendidos, por cuanto esta puede ser razonablemente satisfecha, por tener mis representados arraigo en el Estado Cojedes, carecen de bienes de fortuna, es decir no tiene capacidad económica para abandonar el país y huir de la justicia, lo que evidencia que no existe peligro de fuga ni mucho menos obstaculizar la investigación porque no tiene nexo ni vinculo alguno con la presunta victima. (…)…”. (Copia textual y cursiva de la Sala).

Finalmente solicitó se revoque la medida judicial de privación preventiva de libertad dictada en contra de su patrocinado, por el ciudadano Juez de Primera Instancia en Funciones de Control Nº 01 de este Circuito Judicial Penal y se declare la libertad sin restricciones del imputado prenombrado, o salvo mejor criterio de la Honorable Corte de Apelaciones.

V
DE LA CONTESTACIÓN DEL RECURSO POR LA FISCALÍA
DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Abogada Yuleika Pinto, Fiscal Segunda del Ministerio Público del estado Cojedes, no dio contestación al escrito de apelación de auto interpuesto por la Abogada Olis Farias, Defensora Pública Penal.

VI
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Admitido como ha sido el recurso de apelación interpuesto por la Abogada Olis Farias, Defensora Pública Penal del estado Cojedes, en el asunto penal seguido al imputado Wilmer Alberto Martínez Blanco, en contra de la decisión dictada en fecha 17 de Septiembre de 2016, cuyo auto motivado fue publicado en fecha 19 del referido mes y año, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual ratificó la medida de privación judicial preventiva de libertad, en contra del imputado supra mencionado, siendo esta la oportunidad legal para pronunciarse en torno a la cuestión planteada, al respecto la Sala observa:

En fecha 17 de Septiembre de 2016, el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, decretó la medida de privación judicial preventiva de libertad en el asunto penal identificado con el alfanumérico HP21-P-2016-010854, seguido al ciudadano Wilmer Alberto Martínez Blanco, a quien se le sigue proceso por la presunta comisión de los delitos de ULTRAJE VIOLENTO A FUNCIONARIO PÚBLICO y HURTO CALIFICADO, siendo publicado el auto motivado en fecha 19 del referido mes y año.

La inconformidad de la recurrente se circunscribe a los siguientes puntos:

• Que la detención de su defendido no se practicó bajo los parámetros exigidos por la norma adjetiva penal (artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal), para llenar los extremos de la flagrancia.
• Que su defendido fue presentado ante el Juez de Control sin haberse observado las garantías establecidas en el artículo 49.1 del Texto Constitucional y artículo 127 del texto legal adjetivo.
• Que rechazo el escrito de presentación, los alegatos fiscales así como se apuso a la medida de privación judicial preventiva de libertad, ya que no se cumplía con lo preceptuado en los artículos 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal, al igual que no existían suficientes elementos de convicción para estimar que su defendido era autor del delito que le atribuía el Ministerio Público.
• Que el Tribunal no analizó al dictar su decisión porque se configuraban los numerales del artículo 236 ibídem, ni motivó la existencia del peligro de fuga.
• Que en la audiencia de presentación la Defensa Pública del imputado de auto invocó el principio de inocencia a favor de su representado.

Establecido lo anterior, y en ejercicio del marco de competencia funcional que le atribuye a esta Corte el artículo 432 del Código Orgánico Procesal Penal, revisadas como han sido cada una de las actuaciones contenidas en el presente cuaderno, y en específico el pronunciamiento de los puntos de la decisión impugnada, mediante la cual el Juez de la recurrida decretó la medida de privación judicial preventiva de libertad en contra del imputado WILMER ALBERTO MARTÍNEZ BLANCO, la Sala efectúa las siguientes consideraciones:

Ahora bien como se puede observar del auto motivado dictado en fecha 19 de Septiembre de 2016, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, en el capítulo II denominado “SUCINTA ENUNCIACIÓN DEL HECHO QUE SE LES ATRIBUYE”, hace referencia al procedimiento realizado por los funcionarios actuantes, a través del cual el Juez de la recurrida dejó sentado las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos ocurridos y de la aprehensión del referido ciudadano, de la cual se desprende lo siguiente:

“… (…) el día domingo 11/09/2016, en la madrugada sujetos desconocidos, se metieron en mi casa ubicada en el caserio de Monagas, diagonal a la Escuela, llevándose gran cantidad de objetos que se encontraban dentro de la misma, entre los le menciono los siguiente: Tres (03) aires acondicionados tipo Split, Dos (02) taladros, Tres (03) Chinchorros, Dos (02) Rollos de Cable nro. 10 de 100 metros cada uno, Quince (15) Discos de corte, Bombillos, Protectores de voltaje para Neveras y aires acondicionados, herramientas de albañilería entre otros, una vez que el encargado de la parcela de nombre GERMAIN TORREALBA, evidencia que habían doblado el protector y la puerta del lado de la cocina, sin tocar nada se comunica conmigo y me traslado al sitio para evidenciar lo ocurrido, por ser nuevo en la zona y ya que tengo un cargo Gerencial en el Gobierno, procedí a llamar al SEBIN, enviándome una Unidad, para tratar de recuperar mis pertenencias, la misma llego cerca del medio día y siguiendo el rastro que dejaron los autores del robo por la zona boscosa de mi parcela y las parcelas aledañas, llegaron a una residencia ubicada al frente del liceo en construcción lugar donde según vecinos reside un azote del barrio llamado Wilmer Apodado el Hijo. (…) ”. (Copia textual de la decisión recurrida).

Evidenciándose de esta manera, las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la aprehensión del ciudadano WILMER ALBERTO MARTÍNEZ BLANCO, durante dicho procedimiento, visto que el referido ciudadano fue capturado en una residencia aledaña a la parcela del ciudadano víctima del delito de Hurto como de otras parcelas donde habitan vecinos de la comunidad, donde los mismos manifestaron que en dicha residencia es habitada por un azote de barrio llamado Wilmer apodado como el “Hijo”, por lo que; crearon en el ánimo de los funcionarios actuantes que el referido ciudadano fue la persona que se había introducido en horas de la madrugada en la parcela del ciudadano víctima LUIS ROMERO, logrando sustraer una cantidad de objetos que se encontraban en el interior de la referida parcela, razón por la cual originó la detención preventiva del supra mencionado ciudadano, por lo cual el Juez A quo decretó la medida de privación judicial preventiva de libertad en contra del ciudadano WILMER ALBERTO MARTÍNEZ BLANCO, por estar presuntamente incurso en uno de los delitos contra la propiedad.

Con respecto a la inconformidad de la recurrente, referida a que la detención de su defendido no se practicó bajo los parámetros exigidos por la norma adjetiva penal (artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal), para llenar los extremos de la flagrancia, observa esta Alzada, que de los hechos ut-supra mencionados se infiere que el ciudadano WILMER ALBERTO MARTÍNEZ BLANCO, fue detenido conforme a las previsiones del artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal, visto que los funcionarios actuantes en el procedimiento lo aprehendieron en una residencia aledaña a la parcela del ciudadano víctima LUIS ROMERO, parcela esta donde se suscitaron los hechos; como de otras parcelas donde habitan vecinos de la comunidad, por lo que no le asiste la razón a la recurrente en cuanto al punto de inconformidad se refiere.

Observa esta Instancia Superior que de los hechos narrados y que originaron la detención del imputado y de la tramitación correspondiente ante el Tribunal de la causa, no se evidencia que haya existido violación alguna de garantía o derecho previsto en la Constitución, ley adjetiva penal o tratado internacional, toda vez que el Juez A quo actuando dentro de su competencia verificó que la detención se produjo bajo los parámetros exigidos en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal, y así lo dejó establecido en su decisión para llenar los extremos de la flagrancia.

Asimismo manifiesta la recurrente, que su defendido fue presentado ante el Juez de Control sin haberse observado las garantías establecidas en el artículo 49.1 del Texto Constitucional y artículo 127 del texto legal adjetivo, observa esta Alzada del acta de audiencia oral y privada de presentación de imputados celebrada en fecha 17 de Septiembre de 2016, ante el Juzgado recurrido; la cual corre inserta al los folios catorce (14) al diecinueve (19) del presente cuaderno recursivo, se evidencia que el imputado WILMER ALBERTO MARTÍNEZ BLANCO, fue presentado por ante el Tribunal competente e imputado por el Ministerio Público en audiencia que se realizó con garantía de todos sus derechos, en la que estaba asistido por su Defensora Pública Penal Abogada Olis Farias, teniendo acceso a las actas que conforman el expediente, audiencia en la cual fue impuesto de sus derechos Constitucionales, siendo oído y en la cual el Tribunal ratificó la medida de privación judicial preventiva de libertad, el cual han tenido acceso incluso a la doble instancia según se evidencia del presente recurso, motivo por el cual no le asiste la razón a la recurrente en cuanto al punto de inconformidad se refiere.

Por otra parte, arguye la recurrente que rechazo el escrito de presentación, los alegatos fiscales así como se apuso a la medida de privación judicial preventiva de libertad, ya que no se cumplía con lo preceptuado en los artículos 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal, al igual que no existían suficientes elementos de convicción para estimar que su defendido era autor del delito que le atribuía el Ministerio Público, observa esta Alzada que en el auto motivado dictado en fecha 19 de Septiembre de 2016, el cual corre inserto a los folios veinticinco (25) al treinta y tres (33), del presente cuaderno recursivo, específicamente al folio treinta y uno (31), se desprenden claramente que el sentenciador señaló los elementos de convicción por los cuales decretó la privativa de libertad en contra del ciudadano WILMER ALBERTO MARTÍNEZ BLANCO, aunado al hecho que según lo manifestado por el Juez de la recurrida, la Defensa Técnica del ciudadano supra mencionado no consignó constancia de residencia de su patrocinado que hiciera presumir al juzgador que el ciudadano tiene arraigo en el estado Cojedes que determinara su domicilio, residencia habitual o asiento familiar, asimismo el ciudadano no tiene trabajo estable que garantice que se someterá a la prosecución penal, lo que a consideración del Juez A quo tiene las facilidades de permanecer oculto, asimismo arguyó el juzgador que la gravedad del delito y los bienes jurídicos afectados como son los cometidos contra la propiedad y los fundados elementos de convicción, hicieron presumir al Juez de la recurrida que se encontraba acreditada como presupuesto el peligro de fuga y de obstaculización de la búsqueda de la verdad, motivo por el cual no le asiste la razón a la recurrente en cuanto al punto de inconformidad se refiere.

Por otro lado señala la recurrente, que el Tribunal no analizó al dictar su decisión porque se configuraban los numerales del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, ni motivó la existencia del peligro de fuga, observa esta Alzada, que del auto motivado dictado en fecha 19 de Septiembre de 2016, el cual riela al los folios veinticinco (25) al treinta y tres (33), del presente cuaderno recursivo, específicamente al folio treinta y uno (31) del presente cuaderno recursivo, el Juez de la recurrida si analizó del porque se configuraban los numerales del artículo 236 ibídem, y de igual manera motivó porque existía el peligro de fuga y así lo dejó asentado en su decisión recurrida, tal como se evidencia a una de las respuestas dadas a una de las inconformidades antes planteadas. Asimismo considera quienes aquí deciden, que del análisis realizado de la decisión recurrida el A quo si verificó la concurrencia de los supuestos de los numerales 1, 2 y 3 del artículo 236 ejusdem, evidenciándose que en el referido auto motivado de fecha 19 de Septiembre de 2016, el Juez de la recurrida al momento de decretar la privación judicial preventiva de libertad en contra del ciudadano WILMER ALBERTO MARTÍNEZ BLANCO, dejó establecidas las razones por las cuales estimó acreditados los supuestos de los numerales 1, 2 y 3 del precitado artículo, por cuanto a consideración del Juez A quo, se evidenció de las actuaciones que se encuentra acreditada la presunción de los delitos de ULTRAJE VIOLENTO A FUNCIONARIO PÚBLICO, previsto y sancionado en el artículo 223 del Código Penal, y HURTO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 453 numerales 3, 4, 5 y 6 ibídem, razones por las cuales forzosamente consideró el Juzgador que el referido ciudadano ha sido autor en la comisión de los hechos atribuidos por la representación fiscal, razón por la cual considera esta Alzada, que no le asiste la razón a la recurrente y en consecuencia, se debe declarar sin lugar este señalamiento planteado por la recurrente de auto.

Por último, en lo atinente al señalamiento de la recurrente, sobre que en la audiencia de presentación, la Defensa Pública del imputado de auto invocó el principio de inocencia a favor de su representado; esta Alzada, es de recordarle a la Defensa Técnica del imputado de auto, que el mencionado principio al cual hace referencia, no puede ser analizado de manera aislada, sino que por el contrario debe ser analizado en su conjunto; asimismo vale resaltar, que el Juez A quo al momento de decretar la medida de privación de libertad en contra del ciudadano WILMER ALBERTO MARTÍNEZ BLANCO, no viola el mencionado principio de inocencia alegado por la recurrente, por cuanto dicha medida no es un adelantamiento de condena, por lo contrario es una medida cautelar impuesta a un ciudadano para garantizar los fines del proceso que se le sigue, y en el caso en concreto se evidencia que el Juez al momento de decretar la privación judicial preventiva de libertad en contra del ciudadano imputado de autos, tomó en consideración la magnitud del daño causado y que el ciudadano supra mencionado no tiene arraigo en el estado Cojedes que determinara su domicilio, residencia habitual o asiento familiar, por cuanto la Defensa Técnica no consignó constancia de residencia de su patrocinado, asimismo el ciudadano ut supra mencionado no tiene trabajo estable que garantice que se someterá a la prosecución penal, lo que a consideración del Juez A quo tiene las facilidades de permanecer oculto y pudiera evadir el proceso que se le sigue, por cuanto el mismo posee dos (02) medidas cautelares de presentación periódica en los asuntos penales signados con los números HP21-P-2016-010047 y HP21-P-2016-010503, tal como lo manifestó el Juez de la recurrida de la siguiente manera: “Además de ello Constata este Tribunal hacer especial referencia de la solicitud de la fiscalía de flagrancia y del sistema yuris 2000 que ya el Imputado de Autos le fueron concedidas dos (2) Medidas cautelares de presentación Periódica una de cada quince (15) días ante la unidad de Alguacilazgo y la Otra cada ocho (08) días ante la unidad de Alguacilazgo, en los Asuntos HP21-P-2016-010047 Y HP21-P-2016-010503 y EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULO 242 en su último aparte del código orgánico procesal penal no podrá de manera simultánea decretar tres (3) o más medidas cautelares considerando este tribunal darle cumpliento a dicha disposición legal en materias de medidas de coerción personal menos graves en el proceso penal y así se decide”; hechos que hacen denotar la conducta de este ciudadano; por lo que, considera esta Alzada que del análisis realizado al contenido de las actas que conforman el presente recurso de apelación, no se evidencia violación alguna al principio de presunción de inocencia y del derecho de todo ciudadano a ser juzgado en libertad, en razón de lo cual quienes aquí deciden deben concluir que no le asiste la razón a la recurrente en cuanto al punto de inconformidad se refiere, y por ende se debe declarar sin lugar este último señalamiento. Así se decide.

Cabe destacar que, en la fase investigativa, el Juez de Primera Instancia en Funciones de Control, quien en uso de las atribuciones que le confiere el instrumento adjetivo penal, puede dictar o no, cualquier medida de coerción personal tomando en consideración los elementos que a su juicio aporten, tanto las autoridades de Policía de Investigaciones, como el Ministerio Público, elementos éstos, los cuales le permitirán presumir con fundamento, y de manera provisional, que el imputado ha sido el partícipe o no en el hecho calificado como delito.

Tratándose del decreto de una medida de privación de libertad considera esta Alzada importante destacar los supuestos de los artículos 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal, que indican:

“… Artículo 236. El Juez o Jueza de Control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de la libertad del imputado o imputada siempre que se acredite la existencia de:
1. Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita.
2. Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado o imputada ha sido autor o autora, o participe en la comisión de un hecho punible.
3. Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación…”. (Copia textual y cursiva de la Sala).

“… Artículo 237. Para decidir acerca del peligro de fuga se tendrán en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias:
1. Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto;
2. La pena que podría llegarse a imponer en el caso;
3. La magnitud del daño causado;
4. El comportamiento del imputado o imputada durante el proceso, o en otro proceso anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal;
5. La conducta predelictual del imputado o imputada.
Parágrafo Primero: Se presume el peligro de fuga en casos de hechos punibles con penas privativas de libertad, cuyo término máximo sea igual o superior a diez años.
En este supuesto, el o la Fiscal del Ministerio Público, y siempre que concurran las circunstancia del artículo 236 de este Código, deberá solicitar la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad. A todo evento, el Juez o Jueza podrá, de acuerdo al as circunstancias, que deberá explicar razonadamente, rechazar la petición fiscal e imponer al imputado o imputada una medida cautelar sustitutiva…”. (Copia textual y cursiva de la Sala).
“Artículo 238. Para decidir acerca del peligro de obstaculización para averiguar la verdad se tendrán en cuenta, especialmente, la grave sospecha de que el imputado o imputada:
1. Destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de convicción.
2. Influirá para que coimputados o coimputadas, testigos, víctimas, expertos o expertas, informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o inducirán a otros u otras a realizar esos comportamientos, poniendo en peligro la investigación, la verdad de los hechos y la realización de la Justicia”. (Copia textual y cursiva de la Sala).

De los artículos transcritos se infiere, los requisitos de procedencia para acordar la medida de privación judicial preventiva de libertad a los imputados, y de igual forma las circunstancias para establecer el peligro de fuga y de obstaculización.

Ahora bien, estos elementos no pueden evaluarse de manera aislada, sino analizando pormenorizadamente, las diversas condiciones presentes en el proceso, que demuestren un hecho punible que merezca pena privativa de libertad, fundados elementos de convicción y la necesidad inminente de la detención preventiva para asegurar la presencia procesal de los imputados e impedir modificaciones que vaya en detrimento de la investigación y del proceso penal en general, todo esto, para garantizar que la acción del Estado no quede ilusoria, pero con ponderación diáfana de los derechos del investigado.

De igual manera, esta Alzada debe destacar, que en atención a la norma contenida en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, cuando dispone en su encabezamiento que: “El Juez de Control…podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado siempre que se acredite la existencia de…”, que en razón a la interpretación gramatical, el verbo ACREDITAR, significa: “Hacer digno de crédito”, esto es, reputar la solvencia, la existencia, dar crédito a una cosa, creerla, dar seguridad que una persona o cosa es lo que se presenta o parece.

En este sentido, este órgano jurisdiccional, al examinar los requisitos del numeral 2 del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, denota que la frase utilizada por el Legislador Patrio, al señalar que deben existir “Fundados elementos de convicción”, no debe interpretarse en el sentido estricto de que se exija LA PLENA PRUEBA, pues lo que se busca, es crear el convencimiento sobre lo acontecido, y esto es así, por cuanto, será en el juicio oral y público, en donde se debatirá acerca de la veracidad definitiva de los hechos imputados, y subsecuentemente, se verificará el proceso de valoración probatoria.

Siendo ello así, estima esta Alzada, pertinente transcribir un extracto de la decisión de fecha 06 de febrero del 2.001, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con Ponencia del Magistrado Dr. José M., Delgado Ocando, el cual es del tenor siguiente:

“…Cabe destacar que la medida de privación judicial preventiva de libertad, prevista por el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, decretada por un juez de Control, previa solicitud del Ministerio Fiscal, lo fue en atención a la existencia de: a) Un hecho punible merecedor de pena privativa de libertad, cuya acción penal no había prescrito; b) Fundados elementos de convicción para presumir que el imputado fue el autor o participe en la comisión del hecho punible; y c) Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso en particular, de peligro de fuga o de obstaculización de la búsqueda de la verdad respecto de un hecho concreto de la investigación, requisitos éstos concurrentes para que opere la excepción al principio constitucional de ser juzgado en libertad. Dichos elementos fueron encontrados cumplidos por la juez de la causa…
La Sala considera oportuno reiterar que aquellas medidas en el caso que nos ocupa, la privación provisional de cualquier ciudadano acordadas por los Jueces de Primera Instancia en lo Penal en función de Control de la investigación durante el curso de un proceso penal, en observación de las normas adjetivas que lo contiene, del respecto a las prescripciones legales y de la previa determinación de cada una de las circunstancias que rodean el hecho o hechos sometidos a su consideración, están revestidas de plena legitimidad, por provenir de órganos facultados para ello.
En consecuencia, de modo alguno constituyen infracciones de derechos o de garantías constitucionales, puesto que ellas van en procura de un proceso sin dilaciones indebidas y de una pronta decisión judicial (una sentencia derivada de un juicio oral y público)…”. (Cursiva de la Sala).

Asimismo, estableció la Sentencia N° 676, de fecha 30 de Marzo de 2006, emanada de la sala Constitucional de Nuestro Máximo Tribunal de la República, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera, expresó lo siguiente:

“…Conforme la doctrina reiterada de esta Sala, la garantía procesal del estado de libertad nace del principio de la inviolabilidad del derecho a la libertad personal. Por ello, toda persona a quien se le impute la participación de un hecho punible tiene derecho a permanecer en libertad durante el proceso, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez en caso.
Dichas excepciones nacen de la necesidad del aseguramiento del imputado durante el proceso penal, siempre y cuando se satisfagan las exigencias contenidas en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, las cuales constituyen el fundamento del derecho que tiene el Estado de perseguir y solicitar medidas cautelares contra el imputado.
De allí, que las medidas de coerción personal sólo podrán ser decretadas con arreglo a la citada disposición y mediante resolución judicial fundada, sujeta –en su oportunidad legal- al recurso de apelación de autos…”. (Cursiva de la Corte).

Por consiguiente, quienes aquí deciden, observan, que la existencia de la circunstancia que dispone el numeral 3 del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, debe ser adminiculada en todo momento, con lo pautado en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud de ser uno de los principios generales que rigen las medidas asegurativas provisionales, especialmente, las que contraen la privación judicial preventiva de libertad, en atención al principio de la proporcionalidad, tal y como lo establece el legislador de la siguiente forma:

“No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable.
En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años; si se tratare de varios delitos se tomará en cuenta la pena mínima del delito más grave.
Excepcionalmente y cuando existan causas graves que así lo justifique para el mantenimiento de las medidas de coerción personal que se encuentren próximas a su vencimiento, el Ministerio Público o el o la querellante podrán solicitar prórroga, que no podrá exceder de la pena mínima prevista para el delito imputado, y cuando fueren varios los delitos imputados, se tomará en cuenta la pena prevista para el delito más grave.
Igual prórroga se podrá solicitar cuando dicho vencimiento se deba a dilaciones indebidas atribuibles al imputado o imputada, acusado o acusada, o sus defensores o defensoras.
Estas circunstancias deberán ser motivadas por el o la Fiscal o el o la querellante.
Si el caso se encuentra en la Corte de Apelaciones, se recibirá la solicitud y se remitirá de inmediato con los recaudos necesarios al Juzgado de Primera Instancia que conoce o conoció de la causa, quien decidirá sobre dicha solicitud”. (Copia textual y cursiva de la Sala).

La referida disposición legal, nos lleva a una innovación jurídica procesal basada en trasladar el Principio de la Proporcionalidad de los Delitos y de las Penas, a las medidas de coerción personal, y así poder hacer efectiva la detención preventiva judicial de cualquier persona, todo ello, en procura de una aplicación razonable de este tipo de medidas asegurativas, únicamente o específicamente, en aquellos delitos, que revistan cierto daño de relevancia social, es decir, que dicha norma requiere que el ilícito investigado produzca un verdadero daño de relevancia penal, y que no sea una simple falta o un delito de menor cuantía.

Observamos igualmente, que en dicho articulado imperan tres requisitos de fundamentación básica, los cuales autorizan la práctica de la detención preventiva judicial, y estos son:

1. La gravedad del delito;
2. Las circunstancias de la comisión del hecho, y
3. La sanción probable.

En el caso de autos encuentran estos Juzgadores que el A quo estableció y explicó en la resolución que se analiza, la razón por la cual consideraba satisfechas las exigencias del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, estableciendo que la conducta desarrollada por el imputado WILMER ALBERTO MARTÍNEZ BLANCO, encuadraba en los tipos penales de ULTRAJE VIOLENTO A FUNCIONARIO PÚBLICO y HURTO CALIFICADO.

Ahora bien, de la revisión exhaustiva del presente cuaderno recursivo, encuentran estos Juzgadores, que están dados los tres (03) requisitos señalados anteriormente, en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, esto es:

1.- Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita, cuyos delitos han quedado tipificados en la presente causa como ULTRAJE VIOLENTO A FUNCIONARIO PÚBLICO y HURTO CALIFICADO, hechos ocurridos el 11 de Septiembre de 2016, por lo que evidentemente no está prescrita la acción penal.

2.- Fundados elementos de convicción, en relación con los delitos de Ultraje Violento a Funcionario Público y Hurto Calificado, imputados por la vindicta pública y que en la presente causa a criterio de quienes deciden, se evidencia una serie de elementos de convicción por lo cual se encuentra satisfecho este segundo requisito concurrente, los cuales se señalan y son los siguientes:

“… (…) Denuncia (…) ciudadano LUIS ROMERO. La cual riela al folio 6, Acta procesal penal de fecha quince de septiembre del año 2016 suscrita por el funcionario oficial jefe JHOAN ALVARADO OFICIAL AGREGADO ALBERTO MELENDEZ Y JOSE EMRIQUE que determina circunstancias de modo tiempo y lugar de la aprehensión del imputado la cual corre a los folios 7 y su vuelto. Planilla de registro de custodia al folio 11, denuncia de la ciudadana MARIA de 84 años de edad al folio 12, acta procesal penal de fecha 16 de septiembre del año 2016 relacionadas con la detención del imputado folio 19 Inspección técnica criminalística al folio 22 y peritaje sobre evidencias al folio 24...”. (Copia textual y cursiva de Sala).

3.- Un peligro razonable de fuga y de obstaculización de la búsqueda de la verdad, por la apreciación de las circunstancias del caso particular a este acto concreto de investigación, tomando en consideración lo dispuesto en los artículos 236 y 237 del Código Orgánico Procesal Penal, toda vez que el delito perseguido al imputado de auto es el delito de HURTO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 453 numerales 3, 4, 5 y 6 del Código Penal, y que el Juez al momento de decretar la privación judicial preventiva de libertad en contra del ciudadano WILMER ALBERTO MARTÍNEZ BLANCO, tomó en consideración la magnitud del daño causado y que el ciudadano supra mencionado no tiene arraigo en el estado Cojedes que determinara su domicilio, residencia habitual o asiento familiar, por cuanto la Defensa Técnica no consignó constancia de residencia de su patrocinado, asimismo el ciudadano no tiene trabajo estable que garantice que se someterá a la prosecución penal, lo que a consideración del Juez A quo tiene las facilidades de permanecer oculto y pudiera evadir el proceso que se le sigue, de igual manera se observa que el delito perseguido es un delito que atenta contra las condiciones de existencia y el buen desarrollo de la sociedad, esto sin mencionar los derechos de la víctima que deben ser también garantizados al igual que las resultas del juicio criminal que aquí se ventila, vulnerando uno de los bienes jurídicos apreciados por las personas como lo es la propiedad, razones estas que forzosamente deben incidir en la conciencia del Juzgador al momento de decidir, debiendo aplicarla con sentido racionalista, legal y lógico, siendo evidente en el asunto sometido al análisis de esta Corte de Apelaciones exista el peligro de fuga.

Siendo así, considera esta Alzada que el Juez de la recurrida efectuó el análisis que le correspondía, respecto a los tres supuestos exigidos por el legislador en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, para dictar la medida de coerción personal que se revisa.

En este mismo orden de ideas, debemos recordar que el criterio que ha venido manteniendo esta Alzada en decisiones anteriores, es que la interpretación del artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, no puede hacerse de una manera literal apegada solamente a la letra de la norma, sino tiene que hacerse bajo una interpretación dinámica, histórica, lógica, y sistemática, tomando en cuenta el fin de la norma y la situación demarcada en el proceso, a fin de asegurar el valor supremo de la justicia, establecido en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y la interpretación de la norma adjetiva debe hacerse cónsona con tal principio como es el caso del artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal.

Por otra parte respecto a la motivación, la Sala de Casación Penal con ponencia de la Magistrada Ninoska Queipo Briceño, en sentencia de fecha 03 de marzo del año 2011, expediente Nº 11-88, hace los siguientes pronunciamientos:

”…La motivación que debe acompañar a las decisiones de los Órganos Jurisdiccionales constituye un requisito de seguridad jurídica, que permite a las partes determinar con exactitud y claridad; cuáles han sido los motivos de orden fáctico y legal que en su respectivo momento han determinado al juez, acorde con las reglas de la lógica, las máximas de experiencia, la sana crítica y el conocimiento científico, a declarar el derecho a través de decisiones debidamente fundamentadas, en la medida que éstas se hacen acompañar de una enumeración congruente, armónica y debidamente articulada de los distintos elementos que cursan en las actuaciones y se eslabonan entre sí, los cuales al ser apreciados jurisdiccional y soberanamente por el Juez, convergen a un punto o conclusión serio, cierto y seguro..” (Copia textual y cursiva de la Alzada).

En tal orientación, la Sala de Casación Penal, en decisión Nº 20 de fecha 27 de enero de 2011, ratificando criterio expuesto en decisión Nº 422 de fecha 10 de agosto 2009, precisó:

“…La motivación de un fallo radica en manifestar la razón jurídica en virtud de la cual el juzgador adopta una determinada resolución, su decisión es un acto que se origina por el estudio y evaluación de todas las circunstancias particulares y específicas del caso controvertido, así como de los elementos probatorios que surjan durante el desarrollo del proceso penal.
Para poder establecer que un fallo se encuentra correctamente motivado, este debe expresar los motivos de hecho y de derecho en que ha sido fundamentado y según lo que se desprendió durante el proceso. En tal sentido, la motivación comprende la obligación, por parte de los jueces, de justificar racionalmente las decisiones judiciales y así garantizar el derecho a una tutela judicial efectiva que impone el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Tal exigencia, se encuentra íntimamente relacionada con la legitimidad de la función jurisdiccional, en torno a que el fundamento de la sentencia debe lograr el convencimiento de las partes en relación a la justicia impartida y permitir el control de la actividad jurisdiccional…”.(Copia textual y cursiva de la Alzada).

De esta manera, por argumento en contrario existirá inmotivación, en aquellos casos en los cuales, haya ausencia de fundamentos de hecho y de derecho en la apreciación que se le debe dar a los diferentes elementos probatorios cursantes en autos.

La Sala Constitucional de nuestro más alto Tribunal, se ha encargado también de explicar cuáles son los parámetros de una decisión judicial motivada, indicando que la inmotivación comporta un vicio que afecta el orden público. Así, en sentencia de fecha 01 de junio de 2012, en Expediente 05-1090, con ponencia de la Magistrado Luisa Estella Morales Lamuño, reitera al respecto:

“…En este mismo sentido es importante el señalamiento de que, conforme al criterio que sostuvo este Máximo Tribunal, la tutela judicial eficaz comprende el derecho a la obtención de una sentencia motivada, razonable y congruente. Así lo dejó establecido el veredicto que pronunció la Sala Constitucional el 12 de agosto de 2002 (Caso Carlos Miguel Vaamonde Sojo) en los siguientes términos:
‘…Esta Sala ha señalado que en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se prevé un conjunto de garantías procesales que sintetizan lo que constituye el debido proceso en un Estado de Derecho y de Justicia. Dentro de esas garantías procesales se encuentra la referida a la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 26 de la Constitución, la cual tiene un contenido complejo, que se manifiesta, entre otros, en el derecho a obtener una sentencia fundada en Derecho que ponga fin al proceso. Este contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, se compone de dos (2) exigencias: 1) que las sentencias sean motivadas, y 2) que sean congruentes. De manera que un sentencia inmotivada no puede considerarse fundada en derecho, siendo lesiva del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (vid. Sentencia del 16 de octubre de 2001, caso: Luisa Elena Belisario de Osorio).
Igualmente, esta Sala ha señalado que el artículo 49 de la Carta Magna no dice expresamente, pero forma parte de su esencia, que todo fallo debe ser motivado, para que las partes conozcan los fundamentos en que fueron resueltas sus pretensiones, ya sea la petición de condena o absolución en el proceso penal, o bien la declaratoria con lugar o sin lugar de la demanda en los distintos procesos, en el que se incluye el procedimiento de amparo. Por tanto, sólo así puede calificarse el error judicial a que se refiere el numeral 8 del citado artículo 49, o puede tener lugar el acto de juzgamiento, el cual corresponde a los jueces, según el numeral 4 del mismo artículo, o puede determinarse si a la persona se le sanciona por actos u omisiones, como lo establece el numeral 6, por lo que todo acto de juzgamiento debe contener una motivación, que es la que caracteriza el juzgar. Además, ‘es la falta de motivación de la sentencia, en criterio de esta Sala, un << vicio>> que afecta el << orden público>> , ya que todo el sistema de responsabilidad civil de los jueces no podría aplicarse y la cosa juzgada no se conocería como se obtuvo, y principios rectores como el de congruencia y de la defensa se minimizarían, por lo cual surgiría un caos social’ (vid. sentencia del 24 de marzo de 2000, (Caso: José Gustavo Di Mase Urbaneja y otro)…’ (Destacado añadido)…” (Copia textual y cursiva de la Alzada).

Además en cuanto a la naturaleza de la decisión que se impugna, es necesario señalar el criterio sostenido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 2799 de fecha 14/11/2002, en ponencia del Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz, mediante la cual estableció que en las audiencias de presentación de imputados “…no pueden ser exigidas las mismas condiciones o características de exhaustividad que corresponden a otros pronunciamientos como los son los que derivan de la Audiencia Preliminar o el Juicio Oral…”.

Aunado a ello, este Tribunal de una revisión exhaustiva del Sistema Juris 2000 se desprende que el imputado WILMER ALBERTO MARTÍNEZ BLANCO, se le sigue asunto penal signado con el Nº HP21-P-2016-010503 (Nomenclatura interna del Tribunal de Control Nº 03), en fecha 28 de Septiembre de 2016, se le acordó la medida cautelar sustitutiva contenida en el artículo 242 numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal, consistente en la presentación periódica de UNA (01) VEZ CADA 15 DÍAS, por ante la Unidad de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal, por la presunta comisión del delito de HURTO SIMPLE; asunto penal Nº HP21-P-2016-010047 (Nomenclatura interna del Tribunal de Control Nº 03), en fecha 13 de Octubre de 2016, se le acordó la medida cautelar sustitutiva contenida en el artículo 242 numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal, consistente en la presentación periódica CADA OCHO (08) DÍAS, por ante la Unidad de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal, por la presunta comisión del delito de HURTO CALIFICADO; hechos que hacen denotar la conducta delictual y reprochable de este ciudadano.

Finalmente en este orden de ideas, y habiendo quedado establecidas las razones que llevaron al Juez de Instancia a dictar su decisión, así como los diversos elementos que se enlazan entre si y que converjan a un punto o conclusión sobre el cual descansa la decisión, y habiendo efectuado la recurrida un análisis de los supuestos de los artículos antes mencionados, se considera que la decisión revisada se encuentra motivada.

En consecuencia, considera esta Alzada que lo procedente y ajustado a derecho es DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación de auto interpuesto por la Abogada Olis Farias, Defensora Pública Penal del estado Cojedes, en contra de la decisión dictada en fecha 17 de Septiembre de 2016, cuyo auto motivado fue publicado en fecha 27 del referido mes y año, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, en la cual ratificó la medida de privación judicial preventiva de libertad, al imputado WILMER ALBERTO MARTÍNEZ BLANCO, por la presunta comisión de los delitos de ULTRAJE VIOLENTO A FUNCIONARIO PÚBLICO, previsto y sancionado en el artículo 223 del Código Penal, y HURTO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 453 numerales 3, 4, 5 y 6 ibídem, en perjuicio del ciudadano LUIS ROMERO; en consecuencia, se CONFIRMA la decisión impugnada. ASÍ SE DECIDE.

VII
DECISIÓN

Por las razones precedentemente expuestas esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes, por unanimidad, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación de auto interpuesto por la Abogada Olis Farias, Defensora Pública Penal del estado Cojedes, en contra de la decisión dictada en fecha 17 de Septiembre de 2016, cuyo auto motivado fue publicado en fecha 19 del referido mes y año, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, en la cual ratificó la medida de privación judicial preventiva de libertad, al imputado WILMER ALBERTO MARTÍNEZ BLANCO, por la presunta comisión de los delitos de ULTRAJE VIOLENTO A FUNCIONARIO PÚBLICO, previsto y sancionado en el artículo 223 del Código Penal, y HURTO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 453 numerales 3, 4, 5 y 6 ibídem, en perjuicio del ciudadano LUIS ROMERO. SEGUNDO: SE CONFIRMA la decisión impugnada en los términos expresados en la parte motiva del presente fallo. ASÍ SE DECIDE.

Queda así resuelto el recurso de apelación de auto ejercido en el caso sub-exámine.
Regístrese, publíquese y notifíquese a las partes.
Remítase el presente cuaderno de actuaciones en su oportunidad legal al Tribunal de origen, a los fines legales consiguientes. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes, en San Carlos, a los ocho (08) días del mes de Noviembre de dos mil dieciséis (2016). Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación.-

MARIANELA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
PRESIDENTA DE LA CORTE

GABRIEL ESPAÑA GUILLÉN FRANCISCO COGGIOLA MEDINA
JUEZ SUPERIOR JUEZ SUPERIOR
(PONENTE)

MARLENE REYES ROMERO
SECRETARIA DE LA CORTE

En la misma fecha que antecede, se publicó la anterior decisión siendo las 10:00 horas de la mañana.-

MARLENE REYES ROMERO
SECRETARIA DE LA CORTE

RESOLUCIÓN: N° HG212016000393.
ASUNTO: N° HP21-R-2016-000285.
ASUNTO PRINCIPAL: N° HP21-P-2016-010854.
MHJ/GEG/FCM/mrr/j.b.-