REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CORTE DE APELACIONES

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO COJEDES CORTE DE APELACIONES SALA ACCIDENTAL 12-16 San Carlos, 31 de Mayo de 2016. 206° y 157° DECISIÓN: HG212016000159 ASUNTO PRINCIPAL: HP21-P-2014-006222. ASUNTO: HP21-R-2015-000253. JUEZ PONENTE: GABRIEL ESPAÑA GUILLÉN. MOTIVO: ABUSO SEXUAL A NIÑO EN GRADO DE CONTINUIDAD. DECISIÓN: NULIDAD DE OFICIO. I IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES MINISTERIO PÚBLICO: ABOGADA MERCEDES. E. URBINA REYES, FISCAL AUXILIAR DÉCIMO CUARTO DEL MINISTERIO PÚBLICO A NIVEL NACIONAL CON COMPETENCIA EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PENADO: DELBIS JOSÉ MONTANA QUIÑONES. VÍCTIMA: NIÑO (IDENTIDAD OMITIDA). DEFENSA: ABOGADA RAMONA MARGARITA VELÁSQUEZ, DEFENSORA PRIVADA (RECURRENTE). II ANTECEDENTES Según se evidencia de listado de distribución emanado de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Oficina de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal, en fecha 16 de Marzo de 2016, correspondió a esta Corte de Apelaciones el conocimiento del presente recurso de apelación de sentencia, ejercido por la ABOGADA RAMONA MARGARITA VELÁSQUEZ Defensora Privada, en contra de la sentencia condenatoria dictada en fecha 02 de Febrero de 2015 y publicado el texto íntegro en fecha 06 de Febrero de 2015, por el Juzgado segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal, en la causa identificada con el alfanumérico Nº HP21-P-2014-006222, seguida en contra del ciudadano DELBIS JOSÉ MONTANA QUIÑONES, por la presunta comisión del delito de ABUSO SEXUAL A NIÑO EN GRADO DE CONTINUIDAD. En fecha 28 de Marzo de 2016, se dio cuenta en la Corte y se designó ponente al Juez GABRIEL ESPAÑA GUILLÉN, quien con tal carácter suscribe el presente fallo. En fecha 29 de Marzo de 2016 se acordó devolver el asunto signado con el alfanumérico HP21-R-2015-000253, al Juzgado Único de Primera Instancia en Funciones de Ejecución de este Circuito Judicial Penal, para que a la mayor brevedad posible subsanara la omisión advertida y remitiera nuevamente a esta Corte de Apelaciones el presente asunto, visto que de una revisión del Listado de Recepción y Distribución de Documentos en el Sistema Juris 2000 se observó que el presente recurso fue recibido en fecha 16/12/2015 en ciento ochenta (180) folios útiles, y de una revisión exhaustiva de las actuaciones se evidenció que el mismo constaba de cuarenta y ocho (48) folios útiles. En fecha 12 de Abril de 2016, se dictó auto donde se acordó darle entrada al asunto bajo la misma nomenclatura HP21-R-2015-000253 (Nomenclatura interna de la Corte) y continuar con el trámite correspondiente, constatando la corrección de la omisión advertida. En fecha 14 de abril de 2016 se libró oficio al Juzgado Único de Primera Instancia en Funciones de Ejecución de este Circuito Judicial Penal, solicitando el asunto principal signado con el alfanumérico Nº HP21-P-2014-006222. En fecha 17 de Mayo de 2016, se dictó auto donde se acordó no agregar el asunto principal signado con el alfanumérico Nº HP21-P-2014-006222 proveniente del Juzgado Único de Primera Instancia en Funciones de Ejecución de este Circuito Judicial Penal, a las actuaciones que cursan por ante esta instancia superior. En fecha 30 de Mayo de 2016, el Abogado Francisco Coggiola Medina, Juez Integrante de esta Corte de Apelaciones, se inhibe del conocimiento de la presente causa, de conformidad con el artículo 89 numeral 1 del Código Orgánico procesal Penal. En fecha 30 de Mayo de 2016, le correspondió el conocimiento de la inhibición planteada por el Juez Francisco Coggiola Medina, al Juez integrante de esta Corte de Apelaciones Abogado Gabriel España Guillén, a quien le fueron remitidas las presentes actuaciones, dándole entrada en fecha 30/05/2016, bajo la nomenclatura N° HG21-X-2016-000019; seguidamente en fecha 30 de mayo de 2016, se dictó decisión mediante la cual se declaró Con Lugar la Inhibición planteada por el Juez Francisco Coggiola Medina, de conformidad con lo establecido en el artículo 89 numeral 1 en concordancia con el artículo 90 del Código Orgánico Procesal Penal, asimismo se acordó convocar a la Abogada María Mercedes Ochoa, como Jueza Temporal a los fines de que manifestara su aceptación o excusa de conocer de la presente causa. En fecha 31 de Mayo de 2016, se dictó auto visto que en esta misma fecha, se recibió escrito presentado por la Abogada María Mercedes Ochoa, mediante el cual manifestó su aceptación de conocer de la presente causa. Se acordó agregar a la causa el escrito mencionado; asimismo se acordó constituir la Sala Accidental designándole el N° 12 correspondiente al año 2016, de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes, quedando integrada por los Jueces Gabriel España Guillen, Marianela Hernández y María Mercedes Ochoa, por lo que se acordó que la causa continuara con su curso normal. En fecha 31 de Mayo de 2016, se dictó auto donde la Jueza María Mercedes Ochoa se Abocó al conocimiento de la presente causa. En fecha 31 de Mayo de 2016, se dictó auto donde se acordó el cierre del asunto N° HG21-X-2016-000023 y anexarlo como Cuaderno Separado al asunto principal N° HP21-R-2015-000253. En fecha 31 de Mayo de 2016, se dictó auto donde se acordó devolver el asunto principal signado con el alfanumérico Nº HP21-P-2014-006222, al Juzgado Único en Funciones de Ejecución de este Circuito Judicial Penal. III NULIDAD DE OFICIO De la revisión exhaustiva de las actas que conforman la presente actuación, observa esta alzada el siguiente recorrido procesal: - En fecha 16 de julio de 2014, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, decretó medida de privación judicial preventiva de libertad en contra del ciudadano DELBIS JOSÉ MONTANA QUIÑONES, por la presunta comisión del delito de ABUSO SEXUAL A NIÑO EN GRADO DE CONTINUIDAD. - En fecha 03 de diciembre de 2014, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, celebró audiencia preliminar y acordó mantener la medida de privación judicial preventiva de libertad en contra del imputado de autos y ordenó auto de apertura a juicio. - En fecha 02 de febrero de 2015, se dio inicio a juicio ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal, en la causa seguida al ciudadano DELBIS JOSÉ MONTANA QUIÑONES, acogiéndose el mencionado ciudadano al procedimiento por admisión de hechos, procediéndose a condenarlo a cumplir la pena de catorce (14) años y un (01) mes de prisión, por la comisión del delito de ABUSO SEXUAL A NIÑO EN GRADO DE CONTINUIDAD; permaneciendo dicho ciudadano bajo medida de privación judicial preventiva de libertad. - En fecha 06 de febrero de 2015 el mencionado juzgado de juicio, dictó el texto íntegro de la sentencia condenatoria, sin que conste que se haya solicitado el traslado del ciudadano DELBIS JOSÉ MONTANA QUIÑONES, a fin de imponerlo de la publicación de dicho fallo. - En fecha 16 de diciembre de 2015, la defensa del mencionado ciudadano, presentó escrito contentivo de recurso de apelación contra la mencionada sentencia condenatoria. Ahora bien, considera importante esta alzada destacar, que la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, ha establecido que para la interposición del recurso de apelación contra sentencia definitiva, el punto de partida para computar el lapso de interposición, es desde la publicación del fallo, con excepción de aquellos casos en los cuales el imputado o imputada se encontrare privado de libertad, caso en el cual este plazo debe comenzar a computarse a partir de su notificación personal previo traslado a la sede del Tribunal, criterio éste que ha sido sostenido por la mencionada sala en reiteradas decisiones, a saber: Sentencia N° 551 del 12 de agosto de 2005, dispuso entre otras cosas lo siguiente: “...Asiste la razón al recurrente cuando hace referencia a que el Juzgado Primero de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, omitió la notificación personal, previo traslado, del acusado Jorge Wilson Jiménez, y por ende al computar el lapso realizado por la Secretaria de ese despacho para la interposición del recurso de apelación, tomó como punto de partida la fecha de la publicación de la sentencia, pues debió considerar que el imputado de autos se encontraba detenido y, previo traslado, haberlo notificado del fallo. Por otra parte la Corte de Apelaciones, no observó el vicio cometido por el tribunal de instancia, y declaró inadmisible por extemporáneo el referido recurso. Por su parte el Código Orgánico Procesal Penal en sus artículos 175, 179, 180 y 365 establecen: ‘Artículo 175. Pronunciamiento y Notificación. Toda sentencia debe ser pronunciada en audiencia pública, y con su lectura las partes quedan legalmente notificadas. Los autos que no sean dictados en audiencia pública, salvo la disposición en contrario, se notificarán a las partes conforme a lo establecido en este Código’. ‘Artículo 179. Principio General. Las decisiones, salvo disposición en contrario, serán notificadas dentro de las veinticuatro horas después de ser dictadas, a menos que el Juez disponga un plazo menor’. ‘Artículo 180. Notificación a defensores o representantes. Los defensores o representantes de las partes serán notificados en lugar de ellas, salvo que por la naturaleza del acto o porque la ley lo ordene, sea necesario notificar personalmente al afectado’ (subrayado de la Sala). El artículo 365 del Código Orgánico Procesal Penal, hace referencia al pronunciamiento de la sentencia, en el cual se evidencian dos situaciones: 1.- En el caso que el tribunal lea el texto íntegro de la sentencia dictada a las partes que hubieren comparecido previa convocación verbal: en este caso, la lectura de la sentencia se entiende como una notificación, porque las partes se encuentran en un proceso informado por los principios de oralidad, unidad, concentración y publicación, entre otros, y por ello están al tanto del desarrollo de un juicio que se encuentra en su etapa final. 2.-Cuando el Tribunal constituido y dada la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora considere necesario diferir la redacción de la sentencia, con su respectiva motiva, sólo leerá la parte dispositiva y el juez expondrá a las partes y al público, en forma sintética, los fundamentos de hecho y derecho que motivaron la decisión. En este caso la publicación de la sentencia se deberá hacer dentro de diez días posteriores al pronunciamiento de la dispositiva, y el lapso legal para la interposición de los recursos pertinentes comenzará a transcurrir después de que las partes hayan sido notificadas de ese fallo con sus tres partes; narrativa, motiva y dispositiva, en el supuesto de que se notifique el fallo. En caso contrario, es decir, si no se notifica in extenso, el lapso para la interposición de los recursos pertinentes comenzará a correr al día siguiente de la publicación de la sentencia, pues se entiende que las partes quedaron notificadas en el debate oral, tal como lo prevé la norma arriba citada. (Sentencia Nro. 066 de fecha 20-02-03 con ponencia de la Magistrada Blanca Rosa Mármol de León). De las disposiciones trascritas se infiere, que las partes tienen derecho a conocer del fallo dictado, ser notificados del mismo en los términos y condiciones previstos por la ley; y a que se les compute el lapso legal para la interposición de los recursos pertinentes a partir de que estas hayan sido notificadas de ese fallo, previo traslado del imputado; en el caso de que este se encuentre detenido, pues tal situación condiciona el ejercicio oportuno del recurso, a los fines de no menoscabar sus derechos. Observa la Sala, que no consta en autos que el Tribunal Primero de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón haya realizado la notificación al acusado Jorge Wilson Jiménez, ya que el mismo se encontraba detenido; por otra parte la Corte de Apelaciones del referido Circuito, debió haber apreciado el vicio cometido por el Tribunal de Juicio, pues implica la inobservancia o violación de garantías constitucionales establecidas en el artículo 49, en relación con el artículo 192 del Código Orgánico Procesal Penal, con el fin de no menoscabar el derecho a la defensa y garantizar el debido proceso. En consecuencia, asiste la razón al recurrente, por lo que procede esta Sala a declarar con lugar el presente recurso de casación, interpuesto a favor del ciudadano Jorge Wilson Jiménez, en contra de la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón...” (Copia textual y cursiva de la Sala). De igual forma, la sentencia N° 97 del 25 de marzo de 2014, ratifica el criterio anterior, señalando que: “...Conforme a lo establecido en el artículo 108 eiusdem, el recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de la publicación del texto íntegro del fallo. (...) No obstante lo anterior, de la revisión del expediente se desprende que la sentencia condenatoria fue dictada en fecha 18 de septiembre de 2012, pero observa la Sala un error procesal que atenta contra el derecho a la defensa y el debido proceso, cometido por el Tribunal de Juicio en materia de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del estado Anzoátegui, el cual se corresponde a la falta de traslado del acusado, ciudadano Jean Carlos Pérez, para imponerlo del texto íntegro de la sentencia condenatoria, siendo que del cómputo suscrito por la secretaria adscrita al Tribunal de Juicio en Materia de Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del estado Anzoátegui, abogada Esperanza Torres, se evidencia que se tomó como punto de partida para computar el lapso para interponer el recurso de apelación, la notificación efectiva de los defensores privados, sin tener en cuenta que el acusado se encontraba detenido. El criterio señalado anteriormente, ha sido sostenido por esta Sala en jurisprudencia reiterada. (…) Tal y como fue señalado anteriormente, no se observa en el expediente, que el Tribunal de Juicio en Materia de Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del estado Anzoátegui, haya librado la boleta de traslado al acusado Jean Carlos Pérez, a los fines de imponerlo personalmente de la sentencia condenatoria, razón por la cual, debe reponerse la causa al estado de la imposición de dicha sentencia, previo traslado del acusado, a fin de que posteriormente, inicie el cómputo de los tres (3) días hábiles para la interposición del recurso de apelación, de conformidad con el artículo 108 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En consecuencia, esta Sala de Casación Penal, declara Con Lugar el presente Recurso de Casación, anula el fallo impugnado y ordena la reposición de la causa, al estado de que se imponga al acusado Jean Carlos Pérez de la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Juicio en Materia de Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del estado Anzoátegui, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal...”. (Copia textual y cursiva de la Sala). De las consideraciones anteriores llega esta alzada a la conclusión que, el ciudadano DELBIS JOSÉ MONTANA QUIÑONES, se encuentra privado de su libertad desde el 16 de julio de 2014, y resultó condenado por el procedimiento por admisión de los hechos en fecha 02 de febrero de 2015, a cumplir la pena de catorce(14) años y un (01) mes de prisión, motivo por el cual a los efectos del ejercicio del recurso de apelación, debía comenzar a computarse el plazo legal a partir de la fecha de la notificación del procesado respecto del texto íntegro de la sentencia definitiva publicada, previo traslado a la sede del Tribunal. Por lo tanto, la falta de notificación del ciudadano DELBIS JOSÉ MONTANA QUIÑONES, de la sentencia condenatoria publicada el 06 de febrero de 2015, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal, constituye una causal de nulidad absoluta, tal como lo dispone el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual es del siguiente tenor: “…Nulidades Absolutas Artículo 175. Serán consideradas nulidades absolutas aquellas concernientes a la intervención, asistencia y representación del imputado o imputada, en los casos y formas que este Código establezca, o las que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías fundamentales previstos en este Código, la Constitución de la República, las leyes y los tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela…”.(Copia textual y cursiva de la Sala). Una vez verificada la violación del derecho a la tutela judicial efectiva, así como del derecho a la defensa, inherentes al debido proceso establecidos en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, conculcados como consecuencia de la falta de traslado del acusado, a los efectos de imponerlo de la sentencia condenatoria publicada el 06 de febrero de 2015, debe necesariamente reponerse la causa al estado en que el acusado de auto sea efectivamente notificado, en presencia de su defensor, con el fin de que conozca debidamente el contenido y las consecuencias de la sentencia condenatoria publicada por el tribunal de instancia. Visto lo anterior, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes, ANULA DE OFICIO las actuaciones a partir del 06 de febrero de 2015, (exclusive) fecha en la cual el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal, publicó sentencia condenatoria en contra del ciudadano DELBIS JOSÉ MONTANA QUIÑONES, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 174, 175 y 180 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y ORDENA reponer la causa al estado en que el referido Tribunal, proceda a ordenar el traslado inmediato del ciudadano DELBIS JOSÉ MONTANA QUIÑONES, a fin de que sea notificado personalmente de la sentencia condenatoria publicada en fecha 06 de febrero de 2015, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal. IV DISPOSITIVA En virtud de los fundamentos de hecho y de derecho antes expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECIDE: PRIMERO: ANULA DE OFICIO las actuaciones a partir del 06 de febrero de 2015 (exclusive), fecha en la cual el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal, publicó sentencia condenatoria en contra del ciudadano DELBIS JOSÉ MONTANA QUIÑONES, todo ello conforme a lo establecido en los artículos 174, 175 y 180 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. SEGUNDO: ORDENA reponer la causa al estado en que el referido Tribunal, proceda a ordenar el traslado inmediato del ciudadano DELBIS JOSÉ MONTANA QUIÑONES, a fin de que sea notificado personalmente de la sentencia condenatoria publicada en fecha 06 de febrero de 2015, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal. TERCERO: Ordena remitir con carácter de urgencia al Tribunal que pronunció el fallo apelado, para que una vez recibidas las presentes actuaciones y sin dilaciones proceda de inmediato a EJECUTAR lo decidido por esta Alzada. Así se decide. Regístrese, notifíquese, déjese copia certificada. Dada, firmada y sellada en la Sala de audiencias de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes, a los treinta y un (31) días del mes de mayo de dos mil dieciséis (2016). Años: 206° de la Independencia y 157° de la Federación. MARIANELA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ PRESIDENTA DE LA CORTE DE APELACIONES GABRIEL ESPAÑA GUILLÉN FRANCISCO COGGIOLA MEDINA JUEZ PONENTE JUEZ SUPERIOR MARLENE REYES ROMERO SECRETARIA En la misma fecha que antecede se publicó la presente decisión siendo las 2:45 horas de la tarde.- MARLENE REYES ROMERO SECRETARIA MHJ/GEG/FCM/MR/Jm-.