TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

EN SU NOMBRE
TRIBUNAL DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO EL PAO DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES

-I-
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y DE LA CAUSA

Solicitante: Kersaid Yracema Contrera Castillo, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad número V- 25.726.848, domiciliada en El Caserío Campo Alegre, Municipio El Pao de San Juan Bautista, del estado bolivariano de Cojedes.

Beneficiarios: Josué Rafael y Greison Antonio Alvarado Contrera, de cuatro (04) y cinco (05) años de edad, respectivamente, representados por su progenitora Kersaid Yracema Contrera Castillo, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad número V-25.726.848.

Obligado: Rafael Antonio Alvarado Pandare, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad número V- 21.018.953, domiciliado en El Caserío Campo Alegre, Municipio El Pao de San Juan Bautista, del estado bolivariano de Cojedes.

Motivo: Obligación de Manutención (homologación de convenio)

Sentencia: Interlocutoria con Fuerza de Definitiva

Expediente Nº: 2016/725

Sentencia Nº: 234/2016

Fecha: 29/06/2016.
-II-
ANTECEDENTES

En fecha seis (06) de Junio del año dos mil dieciséis (2016), la ciudadana Kersaid Yracema Contrera Castillo, actuando en nombre de sus hijos Josué Rafael y Greison Antonio Alvarado Contrera, de cuatro (04) y cinco (05) años de edad, respectivamente, compareció por ante el Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente del Municipio El Pao de San Juan Bautista del estado bolivariano de Cojedes, a los fines de solicitar la fijación de la obligación de manutención a favor de sus hijos, ya identificados en actas.
En fecha veinte (20) de Junio del año dos mil dieciséis (2016), comparecieron ambas partes al Consejo de Protección, a los fines de celebrar acto conciliatorio correspondiente.
Vistas las actuaciones practicadas por el Consejo de Protección, por cuanto hubo conciliación, se acordó la remisión de las mismas a este Tribunal, a los fines de su homologación.
Por auto de fecha veintidós (22) de Junio del año dos mil dieciséis (2016), este Juzgado, procedió a darle entrada a las presentes actuaciones, bajo el Nº 2016-725, (nomenclatura interna de este Tribunal), admitiéndose la misma, y ordenando la notificación del fiscal y el defensor público del Estado Cojedes con competencia en el Sistema de Protección del Niño, Niña y adolescente de la circunscripción judicial del estado Cojedes.
Ahora bien, quedando claramente determinada la Obligación de Manutención a través de Convenimiento celebrado entre las partes, en los siguientes términos:

Omisis… “ciudadano Rafael Antonio Alvarado Pandare, dijo: no tengo ningún problema en fijar la Obligación de Manutención a favor de mis hijos, y de verdad no tengo un trabajo fijo en ninguna Empresa ni Institución, lo que hago es trabajar por mi propia cuenta en la agricultura, pero igual ofrezco la cantidad de Cinco Mil Bolívares (Bs. 5.000,00) quincenales, para cubrir la obligación de manutención de mis hijos, que se los entregare a la madre de mis hijos todos los quince y ultimo de cada mes. Asimismo, yo, Rafael Antonio Alvarado Pandare, estoy de acuerdo en ayudar a la madre de mis hijos, cada vez que ellos lo requieran, e igualmente en ayudarla para los gastos escolares…”

“…Yo, Kersaid Yracema Contrera Castillo, estoy de acuerdo con todo lo manifestado por el padre de mis hijos. Así como el padre hace su compromiso respecto a los gastos compartidos también yo, Kersaid Yracema Contrera Castillo, me comprometo a cumplir con los mismos…”

Siendo la oportunidad para proveer sobre la homologación del convenimiento en el presente expediente, este Tribunal procede a hacerlo de la siguiente manera.

-III-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

En el caso bajo análisis, la ciudadana Kersaid Yracema Contrera Castillo, actuando en representación de sus hijos Josué Rafael y Greison Antonio Alvarado Contrera, aceptó lo ofrecido por el padre de los niños antes mencionados, en los términos acordados en dicho convenimiento.
Ahora bien, de lo aportado como medio probatorio en el presente acuerdo, se observa:
1.- Copia Certificada del acta de nacimiento del niño Greison Antonio Alvarado Contrera, de cuatro (04) años de edad, hijo de la ciudadana Kersaid Yracema Contrera Castillo, expedida por el Registro Civil de la Alcaldía del Municipio Bolivariana Carlos Arvelo del Estado Carabobo.
2.- Copia Certificada del acta de nacimiento del niño Greison Antonio Alvarado Contrera, de cinco (05) años de edad, hijo del ciudadano Rafael Antonio Alvarado Pandare, expedida por el Registro Civil del Municipio San Carlos, Parroquia San Carlos de Austria del Estado Cojedes, las cuales poseen pleno valor probatorio, por tratarse de un documento público, de conformidad con lo establecido en los artículos 1.357, 1.359 y 1.360 del Código Civil, en concatenación con lo dispuesto en el encabezamiento del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. De modo que, hace plena prueba del vínculo de filiación existente entre el ciudadano Rafael Antonio Alvarado Pandare, respecto a los niños Josué Rafael y Greison Antonio Alvarado Contrera. Así se establece.
Ahora bien, con relación a la obligación de manutención, la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, establece:
“Artículo 365. La obligación alimentaria comprende todo lo relativo al sustento, vestido, habitación, educación, cultura, asistencia y atención médica, medicinas, recreación y deportes, requeridos por el niño y el adolescente.
Artículo 369. El juez debe tomar en cuenta, para la determinación de la obligación alimentaria, la necesidad e interés del niño o adolescente que la requiera, y la capacidad económica del obligado…
Artículo 375. El monto a pagar por concepto de obligación alimentaria, así como la forma y oportunidad de pago pueden ser convenidos entre el obligado y el solicitante. En estos convenios debe preverse lo concerniente al incremento automático del monto fijado y los mismos deben ser sometidos a la homologación del juez, quien cuidará siempre que los términos convenidos no sean contrarios a los intereses del niño o del adolescente. El convenimiento homologado por el juez tiene fuerza ejecutiva.”

Asimismo, el artículo 30 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, expresa:
“Todos los niños y adolescentes tienen derecho a un nivel de vida adecuado que asegure su desarrollo integral. Este derecho comprende entre otros, el disfrute de:
a. Alimentación nutritiva y balanceada, en calidad y cantidad que satisfaga las normas de la dietética, la higiene y la salud;
b. Vestido apropiado al clima y que proteja la salud;
c. Vivienda digna segura, higiénica y salubre, con acceso a los servicios públicos esenciales.
Parágrafo Primero: Los padres, representantes o responsables tienen la obligación principal de garantizar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, el disfrute pleno y efectivo de este derecho.”

Por su parte, el artículo 76 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su segundo aparte, establece:
“(…) El padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos o hijas, y éstos o éstas tienen el deber de asistirlos o asistirlas cuando aquél o aquélla no puedan hacerlo por si mismos o por si mismas. La ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de la obligación alimentaria.”

En atención a las disposiciones legales antes transcritas, debe ratificarse, que aun cuando los padres se encuentren separados, en atención al principio de coparentalidad, entendido como el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, mantener y asistir a sus hijos, se conservan incólumes las obligaciones comunes propias del ejercicio de la patria potestad, así como los derechos conjugados a favor de su hijo, en los términos previstos en los artículos 18.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 75 y 76 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 5, 30 y 366 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño del Adolescente, concatenados con el artículo 282 del Código Civil, es decir, la obligación de manutención es una institución familiar compartida entre ambos padres.
En el caso de los niños, niñas y/o adolescentes, esta obligación es incondicional y producto de la filiación. Con el cumplimiento de dicha obligación de manutención se garantizan derechos esenciales para el desarrollo integral de los mismos, tales como: nivel de vida adecuado que asegure su desarrollo integral, como lo son, la alimentación, higiene, salud, vestido, vivienda digna, que en definitiva, garantice una vida adecuada, que asegure su desarrollo integral, contenido en el artículo 30 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente; educación, en el artículo 54, y hasta recreación, en el artículo 63 eiusdem, en concordancia con lo consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley in comento.
Estos derechos fundamentales de la niñez reconocidos por su carácter de indivisibilidad e interdependencia, sólo pueden ser limitados o restringidos mediante ley, de forma compatible con su naturaleza y los principios de un estado social de derecho y de justicia y para la protección de los derechos de las demás personas, sin dejar de apreciar que cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes frente a otros igual de legítimos, predominarán los primeros, como lo preceptúa expresamente la regla de interpretación del parágrafo segundo del artículo 8 de la Ley adjetiva que nos ocupa.
Del mismo modo, el no cumplimiento de la obligación de manutención amenaza o viola además de los mencionados, el derecho de la vida misma de los niños, niñas y adolescentes.
Consagra nuestra jurisprudencia y doctrina patria, que la obligación de manutención, es aquella que no sólo comprende las sustancias nutrientes básicas propias de la subsistencia, sino que envuelve todo aquello que requiere cualquier ser humano para lograr un pleno desarrollo de sus facultades físicas y mentales, por lo que abarca, además de los alimentos, la vivienda, el vestido, la educación, la salud y la recreación, entre los aspectos más importantes de la vida y la existencia del sujeto, que por su corta edad deben obligatoriamente contar con el apoyo que le puedan brindar sus progenitores, cuya misión primordial es velar por el sano crecimiento de sus descendientes, conforme se establece en nuestro ordenamiento jurídico.
Por otra parte, la doctrina en esta especial materia, convierte las necesidades de los niños, niñas y adolescentes en derechos civiles, culturales, económicos, y para garantizar que sus derechos sean respetados, existen mecanismos para aplicar las sanciones pertinentes, por lo que, todo tipo de medidas concernientes a los mismos, que tome cualquier organismo, en beneficio social e integral del niño, niña y/o adolescente tiene una consideración primordial, y su atención o acatamiento será de interés superior, esto implica, atender prioritariamente antes que nada, las necesidades y derechos básicos de los niños, en otras palabras, el niño y sus necesidades están primero.
El artículo 262 del Código de Procedimiento Civil, establece:
“La conciliación pone fin al proceso y tiene entre las partes los mismos efectos que la sentencia definitivamente firme.”

Por su parte, el Código Civil, en su artículo 297, expresa lo siguiente:
“Los convenios celebrados entre quien deba suministrar los alimentos y quien los exige, para establecer el monto o forma de pago de los mismos, son válidos y conservan sus efectos mientras no sobrevenga alteración en la condición de las partes que justifiquen el aumento, cesación o reducción de los alimentos u otra forma de pago.”

Asimismo, el artículo 315 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, refiere:
“Lograda la conciliación total o parcial, el conciliador enviará al Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes el acta respectiva para su homologación. El juez debe tomar la decisión dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la recepción del acuerdo conciliatorio.
El acuerdo conciliatorio tiene los efectos de sentencia definitivamente firme y ejecutoria, una vez homologado ante la autoridad judicial competente.”

Es por ello que, quien aquí decide, consciente de lo solicitado; por cuanto en el presente convenimiento, lo propuesto voluntariamente por el obligado en su ofrecimiento de obligación de manutención, se corresponde, según sus dichos, con su capacidad económica, siendo aceptado expresamente por la madre, a los fines de asegurarle plenamente y proveerle a su hijo bienestar, cuidado, alimentación, educación integral y todo lo necesario para su buen crecimiento y desarrollo, tanto físico como mental, y darle el nivel de vida adecuado. En consecuencia, este Tribunal, actuando en función del interés superior de los mencionados niños, y tomando en consideración que los ingresos del obligado alimentario no se ven perjudicados, o por lo menos no hay prueba de ello, considerando con especial e ineludible atención la particular naturaleza de un niño, aun en pleno desarrollo, cuyas necesidades, en primer orden, deben ser satisfechas prioritariamente, dentro de sus posibilidades, en virtud de los razonamientos esgrimidos, por cuanto no se han vulnerado los derechos del beneficiario, considera, que el presente caso cumple con todos los requerimientos de Ley para su aprobación, por lo que, es procedente en derecho impartir la respectiva homologación al convenimiento a que han llegado las partes involucradas en este proceso. Así se decide.
-IV-
DECISIÓN
Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio El Pao de San Juan Bautista de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara: Primero: HOMOLOGADO, de conformidad con lo establecido en los artículos 315 y 375 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, el convenimiento celebrado en fecha veinte (20) de Junio del año dos mil dieciséis (2016), entre los ciudadanos Kersaid Yracema Contrera Castillo y Rafael Antonio Alvarado Pandare, plenamente identificados en actas, en beneficio de los niños Greison Antonio Alvarado Contrera y Josué Rafael Alvarado Contrera, de cuatro (04) y cinco (05) años de edad, respectivamente, en la presente solicitud de fijación de Obligación de Manutención, el cual, fue acordado en los siguientes términos: El ciudadano Rafael Antonio Alvarado Pandare, debe aportar la cantidad de Cinco Mil Bolívares con Cero Céntimos (Bs. 5.000,00), quincenales, en favor de sus hijos Diana Anyelid e Ismael Orlando Galíndez Moreno, para la manutención de los referidos niños, así como también deberá cumplir con el 50% que corresponde a los gastos compartidos de medicinas, calzados, vestido, útiles escolares, y cualquier otra cosa que sus hijos necesiten, los cuales deberán ser depositados en la cuenta de ahorros que se ordenó aperturar, por orden de este Tribunal a beneficio de los niños Greison Antonio Alvarado Contrera y Josué Rafael Alvarado Contrera, representados por su progenitora ciudadana Kersaid Yracema Contrera Castillo, todos identificados plenamente en autos. Segundo: Notifíquese al Fiscal IV del Ministerio Público y al Defensor Público para el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes. Tercero: No hay condenatoria en costa, vista la naturaleza de la misma. En consecuencia, téngase como sentencia definitivamente firme con fuerza ejecutiva, pasada en autoridad de cosa juzgada.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio El Pao de San Juan Bautista de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes. En El Pao, a los veintinueve (29) días del mes de Junio del año dos mil dieciséis (2016). Años: 206° de la Independencia y 157° de la Federación.
El Juez Temporal

Abg. Williams C. Perdomo,
La Secretaria Titular

Abg. Ana G. Sánchez P.

En la misma fecha se publicó y registró la anterior decisión, siendo las nueve y treinta de la mañana (09:30 a.m.).
La Secretaria Titular

Expediente N° 2016/725
WCP/AgSp/azg.-