REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES. Años: 206º y 157º. I.- Identificación de las partes, la causa y de la medida solicitada.- Demandante: Edgardo Meza Rincón, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad número V.8.655.417, abogado en ejercicio inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (Inpreabogado) bajo el número 92.279 y domiciliado procesalmente en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, actuando en su propio nombre y representación.- Intimado: Yoel Antonio Laguna, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad número V.4.637.533 y de este domicilio.- Motivo: Cobro de Bolívares (Procedimiento por Intimación). Sentencia: Medida de Prohibición de Enajenar y Gravar Bienes Inmuebles (Interlocutoria). Expediente Nº 5832 (Cuaderno Separado).- II.- Recorrido procesal de la solicitud.- Se abrió el cuaderno de medidas: Tal y como fue ordenado mediante auto de fecha veintisiete (27) de junio del año 2016 y se indico que el tribunal se pronunciaría sobre la cautela solicitada una vez la parte interesada provea los medios para reproducir el libelo. Mediante escrito de fecha veintisiete (27) de junio del año 2016, el profesional del derecho Edgardo Meza p Vista la solicitud de Medida de prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles peticionada en el escrito de solicitud de medida cautelar que consta de la pieza principal y que se reproducen en copia certificada al presente cuaderno de mediadas (FF.20-22), este Tribunal, una vez proveídos los medios para la expedición de los fotostatos que acompañan este cuaderno separado, siendo la oportunidad legal correspondiente, procede a pronunciarse de la siguiente manera: III.- Sobre las Medidas Cautelares o Preventivas Típicas en juicios monitorios.- Antes de pronunciarse sobre la solicitud de medida cautelar o preventiva típica de Prohibición de Enajenar y Gravar solicitada por la parte demandante, debe este Órgano Subjetivo Institucional Pro Tempore ex Necesse (Por el tiempo que sea necesario), hacer las siguientes consideraciones acerca de las medidas cautelares de conformidad con lo establecido por nuestro ordenamiento jurídico vigente, a saber: La presente solicitud se fundamenta en el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, el cual indica: Artículo 646. Si la demanda estuviere fundada en instrumento público, instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, facturas aceptadas o en letras de cambio, pagarés, cheques, y en cualesquiera otros documentos negociables, el Juez, a solicitud del demandante, decretará embargo provisional de bienes muebles, prohibición de enajenar y gravar inmuebles o secuestro de bienes determinados. En los demás casos podrá exigir que el demandante afiance o compruebe solvencia suficiente para responder de las resultas de la medida. La ejecución de las medidas decretadas será urgente. Quedan a salvo los derechos de terceros sobre los bienes objeto de las medidas (negrillas y subrayado de este tribunal). Respecto a las medidas provisionales en el procedimiento por intimación, el autor patrio Dr. Iván Vásquez Táriba, en su obra Algunos Secretos del Procedimiento por Intimación (1995), establece la siguiente diferenciación entre las decretadas en el procedimiento cautelar y el procedimiento ejecutivo, indicando que: … Todo proceso cautelar tiene carácter conservativo, pues lo que busca es mantener un estado de hecho y de derecho en el patrimonio de una persona en el curso de un proceso. Este proceso cautelar tiene como objetivo fundamental el impedir que hay mutaciones o modificaciones en un determinado patrimonio, que es garantía del crédito del acreedor de una manera anticipada”. “por su parte el proceso ejecutivo tiene como base la existencia de un titulo ejecutivo y que el obligado no ha satisfecho la obligación pretendida. En este caso no se persigue la conservación de un estado patrimonial del ejecutado, por el contrario se persigue el patrimonio como tal para satisfacer un derecho que ya está declarado y una pretensión que tampoco ha sido satisfecha. Con el proceso ejecutivo lo que se persigue entonces, es procurarle al titular del derecho subjetivo o del interés protegido –como dice Carnelutti—la satisfacción de tales derechos declarados o intereses, aún en contra o sin la voluntad del ejecutado (p.79). … Del dispositivo señalado (artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, aclara este sentenciador), resulta mandatario u obligante para el Tribunal, si lo solicitare el interesado, DECRETAR (sic) embargo provisional de bienes muebles, prohibición de enajenar o gravar inmuebles o secuestro de bienes determinados, siempre y cuando los instrumentos presentados estén perfecta y formalmente otorgados y vigentes.- Estos instrumentos, que son elementos fundamentales y que deben necesariamente anexarse a la demanda en el procedimiento por intimación, se consideran prueba suficiente SOLAMENTE (sic) a los fines del decreto de inyunción y de la orden de embargo provisional o de las demás medidas permitidas en este procedimiento especial(p.80). … Se considera que la ejecución de estas medidas tienen carácter de urgencia, tal vez porque casi todos los instrumentos que indica el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil son mercantiles y responden a actividades de esta naturaleza, y por ello siguen las pautas de celeridad y especialidad del artículo 1.099 del Código de Comercio(pp.80-81). La norma transcrita regula el decreto de medidas cautelares en el procedimiento intimatorio, las cuales tal y como lo expresó la extinta Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil mediante sentencia número 0416/1999, de fecha ocho (8) de julio, con ponencia del magistrado Dr. José Luís Bonemaison W. (Caso: José Antonio Copriata Agujera contra Weatherly Engineering Services de Venezuela), expediente número 98-0791, la cual, respecto al artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, considera como presupuesto fundamental para la concesión de las medidas cautelares allí indicadas, la presencia de un documento particularmente calificado por la ley, precisando que: En el caso que, según el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, si la demanda estuviere fundada en instrumento público, instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, facturas aceptadas o en letras de cambio, pagarés, cheques y en cualesquiera otros documentos negociables, el juez, a solicitud del demandante, decretará embargo provisional de bienes muebles, prohibición de enajenar y gravar inmuebles o secuestro de bienes determinados…. Se trata, en este artículo, de las medidas cautelares en el procedimiento de intimación, que es precisamente en el que se originó el presente conflicto cautelar. De esta norma se colige, fundamentalmente, que el presupuesto fundamental de la concesión de las medidas cautelares allí indicadas, es la presencia de un documento particularmente calificado por la ley. Luego, si el demandante presenta el documento al que se refiere la ley, el juez estará en el deber legal de decretar la medida. En el caso de los Instrumentos públicos, instrumentos privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos, las facturas aceptadas o las letras de cambio, pagarés, cheques y otros documentos negociables, las medidas preventivas no necesitaran de contracautela para su concesión, pues la orden de darlas viene directamente del legislador (decretará, dice el artículo en comento… Más recientemente, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia número 696/2003 de fecha once (11) de noviembre, con ponencia del magistrado Dr. Antonio Ramírez Jiménez, expediente número C-2003-00469 (Caso: Efraín Antonio González Rodríguez contra Venezolana de Electrificaciones y Construcciones, C.A. -VELCOIMCA-), estableció respecto a la aplicación de la norma contenida en el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente: El formalizante plantea, en primer lugar, la falsa aplicación de la norma, y luego expresa que hubo falsa interpretación de ésta. Los argumentos del recurrente se centran en señalar, que la decisión impugnada se contradice al argumentar, pues confunde el contenido del artículo 644 con el del 646 del Código de Procedimiento Civil. “No hay precisión en la denuncia planteada por el formalizante, pues la contradicción de motivos es propia del recurso de actividad. Sin embargo, a todo evento, la Sala procede a analizar el extracto de la motiva de la sentencia, indicado por el formalizante. Señaló la recurrida lo siguiente: “...En el caso que, según el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, si la demanda estuviere fundada en instrumento público, instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, facturas aceptadas o en letras de cambio, pagarés, cheques y en cualquiera otros documentos negociables, el juez, a solicitud del demandante, decretará embargo provisional de bienes muebles, prohibición de enajenar y gravar inmuebles o secuestro de bienes determinados. En los demás casos, dice el Código, el juez, acotación de ésta Alzada, podrá exigir que el demandante afiance o pruebe solvencia suficiente para responder de las resultas de la medida. “Se trata, en este artículo, de las medidas cautelares en el procedimiento de intimación, que es precisamente en el que se originó el presente conflicto cautelar. De esta norma se colige, fundamentalmente, que el presupuesto fundamental de la concesión de las medidas cautelares allí indicadas, es la presencia de un documento particularmente calificado por la ley. Luego, si el demandante presenta el documento al que se refiere la ley, el juez estará en el deber legal de decretar la medida”. ...OMISSIS... “En criterio de esta Alzada, esto tiene su razón de ser en la existencia de una estrecha relación entre los documentos necesarios para la admisibilidad del procedimiento intimatorio (artículo 644 del Código de Procedimiento Civil) y los que sirven para el decreto de las medidas cautelares (artículo 646 eiusdem)” (subrayados y negrillas de este sentenciador). ...OMISSIS... “No es lo mismo para quien decide, el supuesto normativo referido a la primera parte del artículo 646 del Código Adjetivo Civil, fundamentada en instrumentos públicos y privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos, y a los documentos negociales; que lo establecido en el segundo supuesto, de la norma referida a instrumentales privadas, (cartas, misivas, fax, telegramas) sin control procesal. En efecto, cuando el Juez decreta una cautelar en el procedimiento por intimación, debe señalar en presencia de qué instrumental estamos, y por cuanto del caso de autos, se deduce de la lectura de la recurrida que estamos ante una instrumental ‘...de las no referidas en el encabezamiento...’ (folio 359; debió el Juez, para decretar la cautelar, analizar los supuestos del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, por ello, el propio artículo 646 eiusdem, declarar que podrá exigir fianza o que compruebe su solvencia. ...OMISSIS... “En consecuencia, la recurrida debió analizar si existía o no esa presunción de buen derecho, que la jurisprudencia nacional ha considerado que esa ‘apariencia de buen derecho’, viene determinada a través de un preventivo cálculo o juicio sumario de verosimilitud sobre el derecho del demandante. ...OMISSIS... “Por todo lo antes expuesto, al no constar a los autos, la motivación debida para el decreto cautelar en un procedimiento de intimación, bajo el fundamento de un instrumento fundamental simplemente privado, distinto de los establecidos en la parte inicial del artículo 646 eiusdem, la medida debe revocarse y así se decide...” Como puede observarse de la trascripción anterior, la recurrida es coherente en su explicación y no incurre en contradicciones que puedan anularla. Analiza las distintas documentales que pueden soportar el procedimiento por intimación, y plantea una diferencia entre instrumentos privados reconocidos, públicos y simplemente privados, como facturas aceptadas, cheques, pagarés y otros. Luego distingue un segundo grupo, conformado por cartas misivas y otros instrumentos privados no reconocidos que no guardan las características del primero. Entre este segundo grupo, la sentencia impugnada ubica el instrumento acompañado por la actora, considerando que para acordar una medida cautelar en este supuesto, debe al menos motivarse la decisión sobre la base de las exigencias del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. Señala el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente: “Si la demanda estuviere fundada en instrumento público, instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, facturas aceptadas o en letras de cambio, pagarés, cheques, y en cualesquiera otros documentos negociables, el Juez a solicitud del demandante, decretará embargo provisional de bienes muebles, prohibición de enajenar y gravar inmuebles o secuestro de bienes determinados. En los demás casos podrá exigir que el demandante afiance o compruebe solvencia suficiente para responder de las resultas de la medida. La ejecución de las medidas decretadas será urgente. Quedan a salvo los derechos de terceros sobre los bienes objeto de las medidas.” No pudo haber falsa aplicación del artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto ésta es precisamente la norma adecuada a los efectos de resolver el problema cautelar dentro del procedimiento monitorio. La falsa aplicación ocurre cuando se aplica una norma jurídica a un supuesto de hecho falso, vale decir, que no encuadra dentro de las características fácticas diseñadas en el supuesto de hecho de la norma. En otras palabras, ocurre cuando la realidad de hecho plasmada en el expediente, no coincide con las características del supuesto de hecho de la norma. Pero en el caso bajo estudio, es precisamente el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, la norma idónea y diseñada por el Legislador a los efectos del decreto de la medida cautelar. Por las razones señaladas, la presente denuncia por falsa aplicación del artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, se declara improcedente. Así se decide” (subrayado y negritas de este tribunal). Observadas las anteriores decisiones, es totalmente lógico para este Órgano Subjetivo Judicial, el razonamiento esbozado por la Sala que considera que cuando la parte demandante en el proceso intimatorio, monitorio o inyuctivo, consigna conjuntamente con su libelo uno de los documentos indicados en el del artículo 646 del Código de Procedimiento Civil como instrumento fundante de la acción, a saber: a) Instrumento público; b) Instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido; c) Facturas aceptadas o en letras de cambio; d) pagarés; e) cheques; y, f) cualesquiera otros documentos negociables. El juez, previa solicitud del demandante, decretará cualquiera de las medidas cautelares o preventivas típicas indicadas de forma taxativa en la norma, tales como: embargo provisional de bienes muebles, prohibición de enajenar y gravar inmuebles o secuestro de bienes determinados. La norma posee en este caso un carácter imperativo, por cuanto le impone al juez el deber de decretar la medida preventiva o cautelar típica que la parte demandante solicite, verificado a tal fin sólo dos circunstancias de hecho, que son: a) Que la intimación tenga como instrumento fundamental en algunos de estos instrumentos indicados en la norma (Instrumento público, Instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, Facturas aceptadas o en letras de cambio, pagarés, cheques, y cualesquiera otros documentos negociables); y, b) Que la parte solicite una de las medidas indicadas en el indicado artículo, es decir, solicite el Embargo provisional de bienes muebles, la prohibición de enajenar y gravar inmuebles o el secuestro de bienes determinados. En el caso de que no se cumplan cualquiera de estas dos (2) condiciones, deberá el juez impretermitiblemente pasar a analizar los extremos contemplados en el artículo 585 de la norma adjetiva civil, es decir, deberá comprobar la existencia del Fumus Bonis Iure (Humo del buen derecho) y verificar la existencia del Periculum in Mora (Peligro en la mora), a efectos de decretar la medida cautelar solicitada. Así se establece.- Aunado a las anteriores referencias doctrinales y judiciales, hace este sentenciador el comentario doctrinal que sobre la norma contemplada en el artículo 646 in comento, realiza el autor patrio Ricardo Henríquez La Roche en su obra Código de Procedimiento Civil (2004; pp.100-101) donde indica lo siguiente: 1. La novedad de esta norma respecto a las reglas sobre el decreto de medidas provisionales civiles o mercantiles, comprende cuatro aspectos: a) El decreto de las medidas no es potestativos del juez, a diferencia de lo previsto en el artículo 588 de este Código y 1.099 del Código de Comercio. No expresa la norma que éste puede o podrá dictar medidas provisionales, sino que <>, si están dadas las condiciones legales. Sin embargo, la falta de poder discrecional del Juez en sede preventiva en el procedimiento intimatorio, no significa ausencia de jurisdicción; esto es, que el Juez no deba hacer un acto de juicio, de valor, sobre los recaudos acompañados, en lo que a su forma y contenido se refiere, según los artículos 640 y 643. La cognición sumaria es un requisito sobreentendido en la ley. b) Estas condiciones atañen a la naturaleza del documento fundamental. Los instrumentos públicos y privados reconocidos no constituyen novedad alguna a las reglas sobre el decreto de embargo ejecutivo sobre muebles o inmuebles, si se escoge la vía ejecutiva (Art.630), pero este artículo 646 sub comentario incluye los documentos negociables (incluidas las facturas aceptadas, letras de cambio, pagarés, cheques) entre aquellos documentos fundamentales del derecho intimatorio que autorizan dictar la medida cautelar sin más requisitos. Omissis… Los verdaderos títulos negociables son los que a titulo ilustrativo cita la disposición, y otros que gocen de esta misma naturaleza (subrayado y negritas de este Tribunal). Agrega el autor de marras que (pp.102-103): 3. Medidas ejecutivas. En el procedimiento intimatorio es importante distinguir la medida que se decreta antes de la oportunidad de oposición y la que se decreta luego de precluída ésta. En este último caso el embargo es evidentemente ejecutivo, por haber pasado a la autoridad de cosa juzgada el decreto intimatorio (artículo 1.930 CC (sic)), en razón de la falta de oposición u oposición extemporánea del intimado (cfr artículo 651). En cambio, la medida que se decreta antes de la oportunidad de oposición es de naturaleza preventiva; tiene carácter provisional por estar pendiente la eventualidad del juicio de conocimiento, y por ello el legislador se refiere a las tres medidas preventivas típicas en este artículo 646 (subrayado y negrillas de este tribunal). La anterior doctrina, es concordante y ratifica el hecho de que una vez intentada la acción monitoria o injuctiva a petición del demandante, a través del procedimiento intimatorio contemplado en el artículo 640 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, habiendo sido fundamentada esta acción en alguno de los instrumentos indicados en el citado artículo 646 y solicitada en el libelo alguna de las medidas típicas contempladas en la comentada norma, el juez, al admitir la demanda “deberá” decretar la medida preventiva o cautelar típica pretendida inaudita alteram parte,(sin audiencia de la otra parte) en virtud del imperativo legal establecido en el artículo 646 de nuestro norma adjetiva civil en comentario. Así se declara.- Hechas las anteriores consideraciones y haciendo aplicación de ellas al caso bajo examen, verificamos de actas que: En el caso de marras, el solicitante de la cautela precisó en su libelo de demanda que libró cuatro (4) letras de cambio, por la cantidad de Treinta millones de bolívares (Bs.30.000.000,00) cada una, para un total de Ciento veinte millones de bolívares (Bs.120.000.000,00), las cuales fueron aceptadas para ser pagadas a su vencimiento sin aviso y sin protesto, por el librado aceptante ciudadano Yoel Antonio Laguna, y que para la fecha de hoy, las referidas cartulares se encuentran totalmente vencidas, tal como se evidencia de los documento consignados en actas (FF.4-7); por lo que, en escrito de fecha veintisiete (27) de junio del año 2016, ratifico su solicitud de que se dictase medida cautelar típica de prohibición de enajenar y gravar sobre un (1) bien inmueble constituido por una (1) casa construida y su terreno propio, dicho terreno mide Doscientos veinticinco metros cuadrados (225Mts2) y está situado en la urbanización El Recreo (Primera etapa), parcela número 16-6 del Conjunto número 16, de la parroquia José Gregorio Bastidas de la ciudad de Cabudare, municipio Palavecino, estado Lara y se encuentra alinderado así: Norte: En nueve metros (9 Mts), con la parcela 18-3; Sur: En nueve metros (9 Mts), con la calle de Servicio; Este: En veinticinco metros (25 Mts) con la parcela 16-5; y, Oeste: En veinticinco metros (25 Mts) con la parcela 16-7, inmueble que le pertenece al ciudadano Yoel Antonio Laguna, según se evidencia del documento protocolizado por ante la Oficina de Registro Inmobiliario del municipio Palavecino del estado Lara, ubicada en la ciudad de Cabudare, en fecha veintinueve (29) de septiembre del año 2006, registrado bajo el numero 34, folios 1 al 3, protocolo primero, tomo trigésimo cuarto (34), tercer trimestre el año 2006 (FF.2-3). Así se constata.- 1º El demandante solicitó en su escrito libelar, el pago de una cantidad líquida y exigible de dinero, como lo es el monto total de Ciento veinte millones de bolívares (Bs.120.000.000,00). Así se evidencia.- 2º La acción monitoria fue interpuesta con fundamento a la existencia de cuatro (4) letras de cambio, con un valor de Treinta millones de bolívares (Bs.30.000.000,00) cada una, donde consta esas sumas de dinero líquidas y exigible, las cuales ascienden a un valor total de Ciento veinte millones de bolívares (Bs.120.000.000,00), evidenciándose prima facie (a primera vista), que la indicada cantidad deriva de una obligación de pago de plazo vencido, tal como se evidencia de los indicados instrumentos que corren insertos a las actas del expediente (FF.4-7). Así se constata.- Por todos los argumentos y razonamientos anteriormente esbozados, habiendo comprobado el cumplimiento de los requisitos indicados en el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, debe este órgano jurisdiccional, forzosamente, decretar la medida Preventiva de Prohibición de Enajenar y Gravar sobre un (1) bien inmueble constituido por una (1) casa construida y su terreno propio, dicho terreno mide Doscientos veinticinco metros cuadrados (225Mts2) y está situado en la urbanización El Recreo (Primera etapa), parcela número 16-6 del Conjunto número 16, de la parroquia José Gregorio Bastidas de la ciudad de Cabudare, municipio Palavecino, estado Lara y se encuentra alinderado así: Norte: En nueve metros (9 Mts), con la parcela 18-3; Sur: En nueve metros (9 Mts), con la calle de Servicio; Este: En veinticinco metros (25 Mts.) con la parcela 16-5; y, Oeste: En veinticinco metros (25 Mts.) con la parcela 16-7, inmueble que le pertenece al ciudadano Yoel Antonio Laguna, según se evidencia del documento protocolizado por ante la Oficina de Registro Inmobiliario del municipio Palavecino del estado Lara, ubicada en la ciudad de Cabudare, en fecha veintinueve (29) de septiembre del año 2006, registrado bajo el numero 34, folios 1 al 3, protocolo primero, tomo trigésimo cuarto (34), tercer trimestre el año 2006 y así lo hará expresamente en la dispositiva del presente fallo. Así se declara.- VI.- Decisión.- En consecuencia, por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, conforme a derecho, declara la Procedente la medida preventiva típica de Prohibición de Enajenar y Gravar solicitada por la parte demandante, abogado Edgardo Meza Rincón, actuando en su propio nombre y representación, en contra del ciudadano Yoel Antonio Laguna, todos suficientemente identificados en actas, sobre un (1) bien inmueble constituido por una (1) casa construida y su terreno propio, dicho terreno mide Doscientos veinticinco metros cuadrados (225Mts2) y está situado en la urbanización El Recreo (Primera etapa), parcela número 16-6 del Conjunto número 16, de la parroquia José Gregorio Bastidas de la ciudad de Cabudare, municipio Palavecino, estado Lara y se encuentra alinderado así: Norte: En nueve metros (9 Mts), con la parcela 18-3; Sur: En nueve metros (9 Mts), con la calle de Servicio; Este: En veinticinco metros (25 Mts.) con la parcela 16-5; y, Oeste: En veinticinco metros (25 Mts.) con la parcela 16-7, inmueble que le pertenece al ciudadano Yoel Antonio Laguna, según se evidencia del documento protocolizado por ante la Oficina de Registro Inmobiliario del municipio Palavecino del estado Lara, ubicada en la ciudad de Cabudare, en fecha veintinueve (29) de septiembre del año 2006, registrado bajo el número 34, folios 1 al 3, protocolo primero, tomo trigésimo cuarto (34), tercer trimestre el año 2006.- Remítase copia certificada del presente fallo a la Oficina de Registro Inmobiliario del municipio Palavecino del estado Lara, ubicada en la ciudad de Cabudare, a los fines que se proceda a estampar la correspondiente nota marginal. Cúmplase.- Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente Decisión conforme a lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.- Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la circunscripción judicial del estado Cojedes, en San Carlos de Austria, a los treinta (30) días del mes de junio del año 2016. Años: 206º de la Declaración de la Independencia y 157º de la Federación.- El Juez Provisorio, Abg. Alfonso Elías Caraballo Caraballo. La Secretaria Titular, Abg. Soraya Milagros Vilorio Rodríguez. En esta misma fecha, se publicó y registró la anterior decisión, siendo la una de la tarde (1:00p.m.). Asimismo, se libro oficio Nº 05-343-170-2016 y se le hizo entrega al Ciudadano Alguacil de éste Tribunal.- La Secretaria Titular, Abg. Soraya Milagros Vilorio Rodríguez.