REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN CARLOS Y RÓMULO GALLEGOS, TINACO Y LIMA BLANCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN LIMA BLANCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES. Años: 205º 156º -I- -DE LAS PARTES- DEMANDANTE: ARQUIMEDES JOSE OLIVARO TOVAR, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº10.322.610. ABOGADO ASITENTE: JESUS MANUEL LOPEZ BRIZULEA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nª 16.994.770, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 146.717 y este domicilio. DEMANDADO: TRINO RAFAEL ROJAS MONTANA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº 5.208.890 MOTIVO: COBRO DE BOLÍVARES (INTIMACIÓN) SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA. EXPEDIENTE Nº 2170/13. FECHA: 20-01-2016. -II- ANTECEDENTES DE LA CONTROVERSIA Se inició la presente demanda por COBRO DE BOLÍVARES (INTIMACIÓN) incoada por el ciudadano ARQUIMEDES JOSE OLIVERO TOVAR, quien es tenedor legítimo por ser beneficiario de Una (1) Factura, por un monto de VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO BOLÍVARES CON VEINTITRES CÉNTIMOS (BS. 26.458,23), la presente factura ha sido presentada para su cobro a el obligado, “LA TRINERA” TRINO ROJAS F.P.; sin que hasta hoy hay cancelado, es por lo que ocurro ante competente autoridad, para demandar, como en efecto demando a “LA TRINERA” TRINO ROJAS F.P. Agotada la vía extrajudicial, el objeto de la presente acción lo constituye el cobro judicial de la referida deuda, líquida y exigible de dinero, de lo cual se acompaña prueba escrita, presupuestos necesarios y concurrentes para que se instaure el procedimiento por INTIMACIÓN, tal como lo dispone los artículos 640 y 643 del Código de Procedimiento Civil. Por todo lo antes expuestos es por lo que se ve en la necesidad de demandar como en efecto demanda ante este digno Tribunal, para que I Intime con apercibimiento de ejecución, a la firma personal “LA TRINERA” TRINO ROJAS F.P., a través de su responsable el señor TRINO RAFAEL ROJAS MONTANA, a fin de que cancele o de lo contrario sea condenado por este tribunal al pago: 1.- La cantidad de VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO BOLÍVARES. 2) Los intereses moratorios legales calculados a la rata del 12% anual. 3) La cantidad que arroje el mismo 12% antes menciona, así como todas las cantidades de dinero que por concepto moratorios continuaren produciéndose hasta la total y definitiva cancelación.do, los cuales deberán cancelarse mediante la práctica de unas Experticia Complementaria de Fallo. 4) La cantidad de OCHO MIL (8.000,00 Bs) correspondientes a los gastos y gestiones de cobranza que se han efectuado para el pago de dicha deuda. En fecha 08 de enero de 2013, fue presentada personalmente por el ciudadano HUGO MARTIN RUMBOS PEREZ. 5) Las costas y costos que se ocasionen por este juicio calculados prudencialmente por este tribunal, incluyendo los Honorarios Profesionales y se ordena la indexación. Con relación a la medida provisional de Embargo solicitada, el tribunal acuerda proveer por auto separado, a cuyos fines se acuerda abrir Cuaderno de Medidas, ordenándose por Secretaría copia certificada del auto de admisión y colocarla de encabezamiento en dicha pieza. -III- FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN Las únicas actuaciones válidas a los fines de evitar que se consuma fatalmente la perención, son las del IMPULSO PROCESAL, es decir, aquellas que tengan como objetivo la realización del acto procesal inmediato siguiente, en el iter procedimental; por lo que actuaciones tales como: Solicitudes de copias, sustituciones de poder, consignaciones de dinero, y otras similares, no son consideradas como actos de impulso procesal, pues ellas no persiguen la continuidad del juicio. (Resaltado del tribunal). En tal sentido se ha pronunciado reiteradamente la Casación Venezolana, entre cuyas decisiones se citan las siguientes: “La perención consiste en la extinción del proceso por el transcurso del tiempo previsto en la ley, sin que se hubiese verificado acto de procedimiento capaz de impulsar el curso del juicio. Este instituto procesal encuentra justificación en el interés del estado de impedir que los juicios se prolonguen indefinidamente, y de garantizar que se cumpla la finalidad de la función jurisdiccional, la cual radica en administrar justicia; y por otra parte, en la necesidad de sancionar la conducta negligente de la parte, por el abandono de la instancia y su desinterés en la continuación del proceso. La perención ha sido objeto de una interesante evolución jurisprudencial, que ha provocado importantes cambios en el ordenamiento jurídico venezolano. En efecto, el artículo 212 del Código de Procedimiento Civil de 1904, establecía que “Toda instancia se extingue por el transcurso de cuatro años sin haberse ejecutado durante ellos ningún acto de procedimiento, por motivos imputables a las partes”. Esta norma fue sustituida por el artículo 201 del Código de Procedimiento Civil de 1916, en los términos siguientes: “Toda instancia se extingue por el transcurso de tres años sin haberse ejecutado durante ellos ningún acto de procedimiento.” Ahora bien, frente a la dualidad de criterios sostenidos por la Sala de Casación Civil y la Sala Político Administrativa, respecto de la perención por inactividad del órgano jurisdiccional, el Código de Procedimiento Civil acorde con el criterio sostenido por ésta última, en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece que: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención. Esta norma incorpora importantes cambios respecto de la perención. En primer lugar, el legislador precisa que la perención se interrumpe por un acto de procedimiento de parte; en segundo lugar, crea una serie de perenciones breves; y en tercer lugar, dispone que después de vista la causa no opera la perención… La Sala dejó sentado en decisión de fecha 11 de noviembre de 1998, lo siguiente: “Nuestro Código de Procedimiento civil utiliza el término instancia en dos sentidos diferentes: Como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición exige que el Juez proceda a instancia de parte. Como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva de fondo. En tal sentido habla el Código de jueces de instancia, o juez de primera o segunda.” En relación con el significado del vocablo, expresa Carnelutti: …la palabra demanda se reserva para significar el acto compuesto que resulta de combinar la instancia con la apelación, la voz más adecuada para designar el acto cuya noción he intentado esbozar es instancia; la prefiero a solicitud, porque expresa mejor el concepto de estímulo, y casi diríamos de impulso, a hacer. En la disposición del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, el término instancia es utilizado como impulso. El proceso se inicia a impulso de parte, y este impulso perime en los supuestos de esta disposición legal, provocando su extinción. Ahora bien, otro aspecto de importancia que fue determinado en la jurisprudencia tanto de la Sala de Casación Civil, como de la Sala Político Administrativa, es que no todo acto de procedimiento de parte impide la consumación de la perención, sino sólo aquél que contenga implícita la intención de impulsar el proceso. Así, por ejemplo, ambas Salas han establecido de forma reiterada que la solicitud de copias certificadas o la consignación de escritos, en modo alguno constituyen manifestaciones de la intención de la parte en dar continuación al proceso y, por tanto, esos actos no son capaces de interrumpir la perención. En el caso particular de la perención, debe tomarse en consideración que este instituto procesal opera de pleno derecho al cumplirse los requisitos exigidos en la ley; el transcurso del tiempo sin impulso procesal de las partes, y produce el efecto de extinguir el proceso a partir de que ésta se produce y no desde que es declarada por el juez, por tanto la declaratoria del juez sólo reconoce un hecho jurídico ya consumado, y sus efectos producidos. (Sala de Casación Civil, 20 de diciembre de 2001. Exp. Nº AA20-C-1951-000001). De modo pues que no existe ningún género de dudas, la Única Actividad capaz de evitar la perención, son las actuaciones de impulso procesal de las partes, entendiendo por estas, solamente aquellas que persigan la continuación de la causa y la realización del acto procesal inmediato siguiente. En consecuencia, como se explanó anteriormente desde el 26 de marzo de 2009, hasta la presente fecha, efectivamente transcurrió más de Un (1) año sin que se hubiese realizado ningún acto de impulso válido en la presente causa. El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, prevé: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención… Omissis”. De la lectura de la norma supra transcrita se colige, y así lo ha interpretado tanto la doctrina, como la jurisprudencia, que son requisitos de procedencia de la denominada “Perención Anual”: 1.- Que haya transcurrido más de un (1) año sin que se realice ningún acto de “impulso procesal” en la causa. 2.- Que esa inactividad sea atribuible exclusivamente a las partes, es decir que ninguna de las partes haya realizado actuaciones en el expediente considerándose como actuaciones de “impulso procesal”, sólo aquellas que realmente persigan la realización del acto procesal inmediato siguiente en la causa, por lo que no se consideran actuaciones de “impulso procesal”, solicitudes que no persigan dicho fin, tales como: solicitudes de copias, otorgamiento de poderes apud-acta, diligencias de “revisión” del expediente y otras similares. 3.- No se consideran tampoco actos de “impulso procesal de las partes” las actuaciones del tribunal, concretamente aquellas que no guarden relación con el fondo de lo debatido, tales como inhibiciones, recusaciones, declinatorias de competencia. 4.- La demora en el dictamen de la sentencia, tampoco produce perención pués la expresión del legislador “…después de vista la causa…”; debe ser entendida como “…después de la presentación de los informes y sus respectivas observaciones…”. En el caso de autos, la presente causa se encontraba en fase de citación, esto es, no se encontraba en fase de sentencia, por lo que ciertamente se cumplen los requisitos de procedencia de la perención anual. DISPOSITIVA Por la razones de hecho y de derecho, este Tribunal primero de municipio ordinario y ejecutor de medidas de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos, Tinaco y Lima Blanco de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara CONSUMADA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en la presente causa, de conformidad con lo establecido en el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. No hay condenatoria en costas por imperio del artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE Déjese copia certificada por Secretaría de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Dado, firmado y sellado en la sala de Despacho del Tribunal primero de municipio ordinario y ejecutor de medidas de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos, Tinaco y Lima Blanco de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes; en San Carlos a los Veinte (20) días del mes de Enero del año dos mil dieciséis (2016). AÑOS: 205º de la Independencia y 156º de la Federación. El Juez, Abg. VICENTE A. APONTE M. La Secretaria, Abg. FELIXANA MARQUEZ M. En la misma fecha de hoy, Veinte (20) de Enero de 2016, se publicó y registró la anterior decisión, siendo las dos de la tarde (02:00 p.m).- LA SECRETARIA, Abg. FELIXANA MARQUEZ M. Expediente N° 2170/13. VAAM//FMM.