REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CORTE DE APELACIONES

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE CORTE DE APELACIONES CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO COJEDES San Carlos, 28 de enero de 2016 205° y 156° RESOLUCIÓN HG212016000034. ASUNTO: HP21-R-2016-000006 ASUNTO PRINCIPAL: HJ21-P-2015-000066 ASUNTO ANTIGUO: HP21-P-2015-013053 JUEZA PONENTE: MARIANELA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ. FISCALES: ABOGS. JULEIKA VICMARY PINTO RUIZ y DAISY CASTILLO, FISCAL PROVISORIO y FISCAL AUXILIAR INTERINA SEGUNDAS DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES. IMPUTADO: NEYTAN MAGDIEL MENDOZA VALLEJO. DEFENSA: ABOG. NADEIDA YANIA VADILLO, DEFENSORA PÚBLICA PENAL (RECURRENTE). DECISIÓN: SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN DE AUTO. I IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES FISCALES: ABOGS. JULEIKA VICMARY PINTO RUIZ y DAISY CASTILLO, FISCAL PROVISORIO y FISCAL AUXILIAR INTERINA SEGUNDAS DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES. IMPUTADO: NEYTAN MAGDIEL MENDOZA VALLEJO. DEFENSA: ABOG. NADEIDA YANIA VADILLO, DEFENSORA PÚBLICA PENAL (RECURRENTE). II ANTECEDENTES Según se evidencia de listado de distribución emanado de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Oficina de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal, en fecha 13 de enero de 2016, correspondió a esta Corte de Apelaciones el conocimiento del presente recurso de apelación de auto, ejercido por la ABOG. NADEIDA YANIA VADILLO, DEFENSORA PÚBLICA PENAL, contra resolución judicial dictada en fecha 31 de octubre de 2015, por el Tribunal Penal de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control N° 04, San Carlos, estado Cojedes, en la causa identificada con el alfanumérico HP21-P-2015-013053, seguida en contra del ciudadano NEYTAN MAGDIEL MENDOZA VALLEJO, por la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO, AGAVILLAMIENTO y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD. En fecha 15 de enero de 2016, se dio cuenta en la Corte y se designó ponente a la Jueza MARIANELA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, quien con tal carácter suscribe el presente fallo. En fecha 19 de enero de 2016 se admitió el recurso de apelación interpuesto. Cumplidos los trámites procedimentales del caso la Sala pasa a decidir en los términos siguientes: III DE LA DECISIÓN RECURRIDA Según consta en la actuación, el Tribunal Penal de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control N° 04, San Carlos, estado Cojedes, dictó resolución en fecha 31 de octubre de 2015, mediante la cual decretó medida de privación judicial preventiva de libertad, al ciudadano NEYTAN MAGDIEL MENDOZA VALLEJO, por la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO, AGAVILLAMIENTO y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, en los siguientes términos: “…ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, acuerda: (…) TERCERO: Se acuerda LA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD en contra del ciudadano NEYTAN MAGDIEL MENDOZA VALLEJO…” (Copia textual y cursiva de la Sala) IV PLANTEAMIENTO DEL RECURSO La ciudadana ABOG. NADEIDA YANIA VADILLO, Defensora Pública, planteó el recurso in comento, en los siguientes términos: “…CAPITULO II FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN Esta Representación de la Defensa fundamenta su Apelación en la norma adjetiva penal prevista en el artículo 439 numeral 4 y 5 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece: "Son recurribles ante la Corte de Apelaciones las siguientes decisiones: 4. Las que declaren la procedencia de una medida cautelar privativa de libertad o sustitutiva; 5. Las que causen un gravamen irreparable, salvo que sean• declaradas inimpugnables por este código... ". CAPITULO III DEL RECURSO DE APELACIÓN Con fundamentos en los artículos 439 ordinales 4 y 5 Y 440 del Código Orgánico Procesal Penal, APELO por ante la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes, de la decisión dictada por el Tribunal de Control Nº 04 en fecha 30 de Octubre de 2015,mediante la vual decreto Medida Judicial Privativa de Libertad al ciudadano NEITAN MENDOZA VALLEJO. CAPITULO IV FORMA Y TERMINO DEL RECURSO Ante la situación que agrava a mi defendido, tanto en lo material, procesal y moral, he decidido interponer el presente RECURSO DE APELACIÓN con el fin de que la ilustre Corte de Apelaciones resuelva sobre el asunto sometido a 'su consideración dentro del lapso legal correspondiente y corrija la decisión tomada por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Juicio N° 01 del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes. En tal sentido interpongo Escrito contentivo del RECURSO DE APELACIÓN que se ejerce cumpliendo la formalidad procesal exigida por el artículo 440 del Código Orgánico Procesal Penal. En tal sentido, interpongo Escrito contentivo del RECURSO DE APELACIÓN, que se ejerce cumpliendo la formalidad procesal exigida por el artículo 440 del Código Orgánico Procesal Penal. Expuso esta Defensa Técnica, en la Audiencia de Presentación celebrada en fecha 31 de Octubre de 2015, una vez impuesta del contenido de las Actas policiales ofrecidas por el Ministerio Público, y oída la exposición del Ciudadano fiscal en la Audiencia, observé que la detención de mi representado no se práctico bajo los parámetros exigidos por la Norma Adjetiva Penal (Articulo 234) para llenar los extremos de la FLAGRANCIA, toda vez que mi defendido no fue aprehendido cometiendo o terminando de cometer un delito ni tampoco fue perseguido por la policía, ni por la presunta víctima o el clamor público, sino que mi defendido es presentado ante el Juez de Control (Guardia) sin haberse observado las garantías establecidas en el Artículo 49.1 del Texto Constitucional y Artículo 125 del texto Legal. Indicó la Defensa Técnica que rechazaba las imputaciones fiscales, por considerar que no existían suficientes elementos de convicción en contra de mi defendido, me opuse a que se calificara flagrancia, ya que al momento de su detención no se encontraba cometiendo ningún delito y, el fiscal no discriminó cual fue la conducta supuestamente desplegada por mi defendido. A consecuencia del PRINCIPIO DE LIBERTAD en el proceso penal, las disposiciones que restrinjan la libertad de la persona investigada y las que definen la FLAGRANCIA han de ser interpretadas restrictivamente de conformidad con el Artículo 242 y 9 del Código Orgánico Procesal Penal. De igual manera la defensa invoca: CONVENCIÓN AMERICA SOBRE DERECHOS HUMANOS o PACTO DE SAN JOSE DE COSTA RICA, ratificado por Venezuela en Junio de 1.981, Articulo 7 numeral 5°. PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, ratificado por Venezuela en Mayo de 1.978, Artículo 9 numeral 3°. Instrumentos estos que tienen rango constitucional de conformidad con lo establecido en el Artículo 23 ejusdem. Siendo dé' aplicación inmediata y directa por los Tribunales y demás órganos del Poder Público. Como de Igual manera existe la obligación para el Juez de esta fase del proceso controlar el cumplimiento de los Principios y garantías establecidos en este Código, en la Constitución de la República, Tratados, Convenios o Acuerdos Internacionales suscrito por la República. La decisión de fecha 31 de Octubre de 2015 dictada por el Tribunal Segundo de Control es totalmente inmotivada a que el Juzgador no analizó como se configuran los numerales del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal para decretar la medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, toda vez que el delito imputado es el ROBO AGRAVADO. AGAVILLAMIENTO y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD. tipos penales que no están demostrados que los cometió mi representado, por lo que está siendo juzgado a priori, y mi defendido no merece estar detenido, no es un delincuente ni un criminal de peligrosidad, además, fue aprehendido por los funcionarios policiales sin tener nada que ver con los hechos que se le imputan. Mi representado no es delincuente para que sea trasladado a un centro de reclusión. lugar donde existe un peligro inminente a la vida de mi representado. toda vez que no es un secreto que las cárceles venezolanas se han convertido en un deposito humano caldo de cultivo detonante de la criminalidad. Así mismo, el Juez tampoco motivó la existencia de peligro de fuga ni de obstaculización del proceso al cual está sometido, sino que simplemente citó los mencionados artículos sin ninguna una explicación al respecto por lo que tal pronunciamiento debe ser declarado nulo, por cuanto causa indefensión y vulnera el debido proceso, violando además el principio de exhaustividad al cual se encuentra sometido todo juez, esto es, el órgano jurisdiccional debe someterse a todo lo alegado y probado en los autos. Ese principio exige del juez decisorio, la obligación de profundizar en el análisis de cada uno de los elementos fácticos y jurídicos para apuntalar la decisión resultante, pero siempre y cuando se justifiquen los motivos por los cuales otros, no tomados en cuenta son desechados, indudablemente la infracción del principio referido nos conduce de manera directa a la infracción del principio de in (sic) motivación de la sentencia ... En consecuencia, en virtud de las múltiples violaciones cometidas por la ciudadana Juez de Control, con su decreto de medida privativa, solicito se declare la nulidad de dicha decisión de conformidad con lo dispuesto en los artículos 174 y 175 del Código Orgánico Procesal Penal. LOS ELEMENTOS PARA DICTAR UNA PRIVATIVA DE LIBERTAD, “… no pueden evaluarse de manera aislada, sino analizando pormenorizadamente, las diversas condiciones presentes en el proceso, que demuestren un hecho punible que merezca," pena privativa de libertad, fundados elementos de convicción y la necesidad inminente de la detención preventiva para asegurar la presencia procesal del imputado e impedir modificaciones que vaya en ..detrimento de la investigación y del proceso penal en general, todo esto, para garantizar que la acción del estado no quede ilusoria, pero con ponderación diáfana de los derechos del investigado ... " “… Lo anterior se entiende como la obligación que tienen los administradores de justicia, de evaluar detalladamente cada una de estas circunstancias, excepcionales al derecho constitucional de la libertad personal (artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), que hagan procedente la aprehensión preventiva y posteriormente la medida de privación judicial preventiva de libertad, siendo aplicada de acuerdo al principio de proporcionalidad (según sea el caso), y así evitar vulnerar los principios de la afirmación y el estado de libertad, establecidos en los artículos 9 y 243 del Código Orgánico Procesal Penal ..... ". Sentencia de la Sala de Casación Penal, en Caracas, 1 0-08-201 1. En la Audiencia de Presentación, de fecha 31/10/2015 dictada por el Tribunal Cuarto de Control, la defensa rechazó imputaciones fiscales por considerar que no había suficientes elementos de convicción en contra de mi defendido, que no se cumplían extremos del artículo 236 del COPP, me opuse a la solicitud fiscal de Privativa de Libertad, solicitado una MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA. Señaló esta Defensora que el Fiscal no índico en su imputación cual fue la conducta asumida por mi representado, además mi representado, como lo exprese anteriormente, no tiene nada que ver con los hechos que le imputan. Invoco en representación de mi defendido: NEITAN MENDOZA VALLEJO, se haga efectivo el derecho individual constitucional de que toda persona es Inocente, mientras no se le haya declarado responsable judicialmente en Sentencia definitivamente firme. Todo elemento de prueba debe haberse obtenido por un procedimiento permitido e Incorporado al Proceso conforme a la Ley .- Formarse ideas sobre la base de declaraciones donde ha actuado una sola parte y que puede desfigurarla es el mejor método para caer en las injusticias .- Con este nuevo Ordenamiento Jurídico se da paso a un auténtico acto de Juzgamiento, que consulte la realidad procesal y permita tomar decisiones justas donde la Oralidad, la Inmediación y la contradicción honren y garantice todos los derechos fundamentales de los sujetos procesales y, específica mente en la presente actuación los derechos y garantías que asisten al Procesado.- Si la justicia es el valor fundamental del Estado social de derecho, si la igualdad humana es el valor esencial de nuestra organización estatal no pueden seguirse interpretando ni las normas, ni las pruebas a espaldas del procesado violentando los derechos con el pretexto de acogemos a criterios tradicionales - Toda persona a quien se le impute participación en la comisión de un hecho punible, permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal; la privación de libertad es una medida cautelar que solo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar la finalidad del proceso. Es por ello que la interpretación de la norma que priva de la libertad y las que definen la flagrancia, han de ser interpretadas restrictivamente, como lo consagra los Artículos 242 Y 9 del texto legal. Con base a lo antes expuesto la defensa considera que debe existir una presunción razonable por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación. Basta con atender a las previsiones del Artículo 236 del texto legal el cual establece claramente que el Juez de Control solo podrá decretar la privación preventiva de libertad al Imputado, en caso de estimar que concurren de manera acumulativa los requisitos previstos en el Artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, para que sea procedente la privación preventiva Judicial de libertad y en ningún caso pensar que concurren de manera alternativa los referidos supuestos, es necesario que la concurrencia sea de manera acumulativa, por lo tanto esa obligación de acordar una medida Privativa de Libertad por solicitud Fiscal es facultativo y no obligatorio la concesión de la misma, viene dada esta situación por cuanto el sistema Acusatorio los jueces conforme al Principio de Inmediación son soberanos en cuanto a la apreciación de los hechos presentados por el Ministerio Público. Tomando como punto de partida que el Acta Policial no constituye elemento de convicción, además de que no lay concatenación entre un dicho y otro, es lo que hace quer en mi condición de defensa solicite Medida Cautelar Sustitutiva conforme a lo establecido en el Artículo 242 Ordinal 3ro, para mi representado…” (Copia textual. Cursiva de la Alzada) Solicitando se declare con lugar el recurso de apelación interpuesto y se revoque la medida judicial de privación de libertad. V DE LA CONTESTACIÓN DEL RECURSO Siendo la oportunidad legal establecida para que la Representación Fiscal, dio contestación al recurso ejercido en los siguientes términos: “…RELACION DE LOS HECHOS A QUE SE CONTRAE EL: PRESENTE RECURSO DE APELACION. Es el caso Honorables Magistrados, que el día 29 de octubre del 2015, siendo aproximadamente las 12: 15 horas del medio día, la victima de actas se trasladaba a la altura avenida Miranda Tinaquillo estadio Cojedes, cuando es interceptada por el sindicado de autos identificado como NEYTAN MAGDIEL MENDOZA VALLEJO, quien se hacía acompañar por dos sujetos aun por identificar, a lo cual el imputado le manifiesta a la víctima "quédate quieta colabora es un robo", mientras que uno de los sujeto que le acompañaba, el cual describió como el que vestía una franela de rayas de color azul, era de piel morena, contextura delgada cabello negro, se le encima exigiéndole que le hiciera entrega de sus pertenencias, fue entonces donde la víctima de autos, al ver amenazada su vida y vista las circunstancias le hace entrega de su teléfono celular marca VTELCA, de color vinotinto, siendo que una vez logrado el objetivo, huyen del referido lugar, en veloz carrera, De manera inmediata la victima de actas toma una moto taxy y decide seguirlos, siendo que el sindicado de auto se percata del hecho y saca a relucir un arma de fuego, es por lo que la victima decide regresarse y trasladarse al Instituto Autónomo de la Policía, Centro de Coordinación Policial N° 03, Tinaquillo del estado Cojedes, a los fines de informar lo sucedido en su contra, siendo que una vez en el cuerpo policial la Centralista realiza llamada radia a los funcionarios actuantes, manifestando a los mismos que en las instalaciones del cuerpo policial se encontraba una ciudadana identificada con el nombre de DESIRET, la cual les informo que había sido víctima de un robo de su teléfono celular por parte de tres sujetos dando detalles de lo ocurrido y de las características de los mismos. De manera inmediata los funcionarios se trasladan a la referida dirección donde logran avistar a tres sujetos con las características antes señaladas por la victima, por lo que procedieron a dar la voz de alto a los mismos haciendo caso omiso al llamado policial, emprendiendo la huida iniciándose una breve persecución, logrando así darle alcance al sindicado de autos, logrando el resto de los sujetos huir del lugar. Procediendo así. a practicar la aprehensión flagrante del imputado NEYTAN MAGDIEL MENDOZA VALLEJO, imponiéndole al efecto de sus derechos. II CONSIDERACIONES DE ESTA REPRESENTACION FISCAL Honorables jueces miembros de la Corte de Apelaciones del Circuito judicial Penal del Estado Cojedes, acudo a su competente autoridad a los fines de contestar el recurso de apelación de auto interpuesto por la defensa ABG. NADEIDA YANIA VADILLO, en virtud de que la vindicta pública no comparte el criterio jurídico esgrimido por la recurrente, quien alude, entre otras cosas, que: (..) ''Actuando con el carácter de defensora del ciudadano: NEYTAN MAGDIEL MENDOZA VALLEJO, ya que existe violación en virtud que la detención de mi representado no se practico bajo los parámetros exigidos por la Norma adjetiva del Articulo (234) para llenar los extremos de la flagrancia: Señala la recurrente que la aprehensión del Imputado no se realizó bajo los parámetros exigidos por el artículo 234, de la Norma Adjetiva Penal. Toda vez que su defendido no fue aprehendido cometiendo o terminando de cometer un delito ni tampoco fue perseguido por la policía ni por la presunta víctima si no que su defendido es presentado ante el Juez de control (guardia) sin haber observado las garantías establecidas(..) por considerar que no existen suficientes elementos de convicción en contra de su defendido, indicando la defensa que se rechaza las imputaciones fiscales por considerar que no existen suficientes elementos de convicción en contra del sindicado de autos. de igual manera la defensa improcedente (CONVENIO AMERICA SOBRE DERECHOS HUMANOS o PACTO DE SAN JOSE DE COSTA RICA, ratificado por Venezuela en junio de 1981 articulo, 7 Numeral 5° Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificados por Venezuela en Mayo del 1978, articulo 9 numeral 3, Instrumentos estos que tienen Rango constitucional. En tal sentido, considera esta Representación Fiscal, que en la presente investigación se llenaron los extremos exigidos por el artículo 234, del Código Orgánico Procesal Penal, relativos a la aprehensión en situación de flagrancia, en virtud que al momento de la detención del imputado de autos la victima identifico al sindicado como uno de los sujetos que cometieron el hecho en su contra, asimismo se recabaron elementos de convicción suficientes para acreditar la participación del mismo, en el hecho atribuido e imputado por esta vindicta pública; tales como la denuncia y el Acta Investigación Policial que dio origen a este procedimiento donde narra los hechos ocurridos atribuyendo plena responsabilidad al imputado de autos, así como pruebas documentales, que Señalan igual responsabilidad al imputado de autos, y entre otros elementos, donde se puede apreciar que efectivamente la Juez, recurrida, aprecio los hechos presuntamente ocurridos y por ende la conducta desplegada por el imputado de autos, atribuyéndole presunta responsabilidad en los hechos, decretando su detención preventiva para asegurar el proceso, específicamente garantizar sus resultados y la estabilidad en su tramitación; es decir la medida de privación judicial preventiva de libertad decretada atendió a la consecución de fines constitucionalmente legítimos y congruentes con la naturaleza de dicha medida, concretándose los mismos en la conjuración de ciertos riesgos relevantes existentes, tales como la sustracción del encartado a la acción de la justicia, la obstrucción de la justicia penal y la reiteración delictiva; y dicha Privativa de Libertad debe ser considerada como una medida de aplicación excepcional, subsidiaria, provisional y proporcionada a la consecución de los fines antedichos que constitucionalmente la justifican y delimitan. (Sentencia Sala Constitucional, 01/04/2008). De tal manera, vemos que el juzgador ad quo, a criterio de quienes suscriben la presente, realizó una motivación suficiente en el auto recurrido, toda vez que la misma señala de una manera clara y precisa, los fundamentos que le sirvieron de base para arrojar a la imposición de esta medida de coerción personal, circunstancia que evidentemente le permite a las partes conocer los razonamientos que realizo el juzgador para determinar su decisión, con lo cual, efectivamente se cumplió con la doble función que se le atribuye a la motivación de las decisiones judiciales, ya que, por una parte, dio a conocer los argumentos que justificaron su fallo y por la otra, permitió el control de las partes sobre la correcta aplicación del derecho. Por otra parte, se verifica que al momento de realizar el acto de imputación. lo cual dio como origen la materialización de la Aprehensión en flagrancia, toda vez, que la jueza considero el cumplimiento de los requisitos del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, lo cual considera quien suscribe que realmente se encuentran satisfechos y así se señalaron: 1.- EXISTENCIA DE UN HECHO PUNIBLE QUE MEREZCA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD Y CUYA ACCION PENAL NO SE ENCUENTRE EVIDENTEMENTE PRESCRITA: Tal y como se Señalo anteriormente, la presente causa se inicia por la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal Venezolano, AGAVILLAMIENTO, previsto y sancionado en el artículo 286 del Código Penal Venezolano y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previsto y sancionado en el articulo 218 numeral 2° éjusdem, el cual fue ejecutado en calenda 29 de Octubre del 2015, en perjuicio del ciudadano DESIRET (RESERVA DE ACTAS) Y EL ESTADO VENEZOLANO, con lo se acredita existencia de un hecho punible, el cual se encuentra sancionado según las precitadas leyes con una sanción de prisión de de mas de los ocho años, siendo que la acción penal por este reprochable no se encuentra evidentemente prescrita, de conformidad con lo establecido en el numeral 1° del artículo 108 del Código Penal. 2.-FUNDADOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN PARA ESTIMAR QUE EL IMPUYADO HA SIDO AUTOR O PARTICIPE EN LA COMIISÓN DE UN HECHO PÚNIBLE : Elementos que fueron presentados por parte de esta Representación Fiscal en la referida audiencia, los cuales fueron Señalados el juzgador ad quo, que relacionan a los mencionados imputados con la materialización del punible endilgado. Elementos estos que fueron señalados por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes; de la siguiente manera: 1. ACTA DE INVESTIGACION PENAL, de fecha 29 de Octubre de12015, suscrita funcionarios adscritos al Instituto Autónomo de la Policía centro de coordinación Policial N° 03, Tinaquillo Estado Cojedes, donde se dejan constancias de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de cómo sucedieron los hechos, así como también de la Aprehensión del imputado de autos. 2. DENUNCIA COMÚN, de fecha 29 de Octubre del 2015, interpuesta por la ciudadana DESIRET en calidad de VICTIMA y TESTlGO PRESENCIAL, por ante el Instituto Autónomo de la Policía centro de coordinación Policial N° 03, Tinaquillo Estado Cojedes, donde se dejan constancias de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de cómo sucedieron los hechos. 3. ACTA DE INVESTIGACIÓN PENAL. de fecha 30 de Octubre del 2015, suscrita funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Subdelegación Tinaquillo del Estado Cojedes, donde se dejan constancias de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de cómo sucedieron los hechos, así como también de las primeras pesquisas de investigación efectuadas. 4. INSPECCIÓN TECNICA CRIMINALlSTlCA, signada con el N° 1435, de fecha 30 de Octubre del 2015 suscrita por los funcionarios detectives j05E LARA Y MOlSE5 HERRERA, adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Sub-Delegación Tinaquillo del estado Cojedes, efectuada en el lugar donde ocurrieron los hechos, el cual resulto estar ubicado en SECTOR CENTRO AVENIDA M1RANDA ADYASENTE AL CENTRO COMERCIAL SAN ANTONIO PLENA VIA PUBLICA MUNICIPIO TINAQUILLO E5TADO COjEDE5 ESTADO COjEDE5, en la cual se plasmó la existencia y características del lugar donde ocurrieron los hechos que dieron origen a la presente investigación. 5. IN5PECCIÓN TECNlCA CRIMlNALlSTlCA, signada con el N° 1436, de fecha 30 de Enero del 2015, suscrita por el detective JOSE LARA Y MOlSE5 HERRERA, adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Sub-Delegación Tinaquillo del estado Cojedes, efectuada en el lugar donde ocurrieron los hechos, el cual resulto estar ubicado en SECTOR GUARATARO CALLE PRINCIPAL PLENA VIA PUBLICA MUNlCIPIO TINAQUILLO ESTADO COJEDE5, en la cual se plasmó la existencia y características del lugar de los hecho. 3.- UNA PRESUNCION RAZONABLE, POR LA APRECIACION DE LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO PARTICULAR, DE PELIGRO DE FUGA O DE OBTACULIZACION EN LA BUSQUEDA DE LA VERDAD RESPECTO DE UN ACTO CONCRETO DE INVESTIGACION. A los fines de determinar el cumplimiento de este presupuesto en el presente caso, cabe realizar las siguientes consideraciones: En cuanto al establecimiento del PELIGRO DE FUGA, se hace necesario analizar las circunstancias consagradas en los numerales 1° 2° Y 3° del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, así como la prevista en su Parágrafo Primero, a tal efecto, tenemos que el numeral 2° establece como criterio determinador del peligro de fuga LA PENA QUE PODRIA LLEGAR A IMPONERSE EN EL CASO, verificándose que la presente causa se sigue por la presunta comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal Venezolano, AGAVILLAMIENTO, previsto y sancionado en el artículo 286 del Código Penal Venezolano y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previsto y sancionado en el articulo 218 numeral 2° ejusdem, perpetrado en perjuicio del ciudadano: DESIREE (DATOS EN CARA DE RESERVA) se considera que se infiere que el quanturn de pena que pudiera imponerse al imputado de autos, en caso de ser encontrado culpable de los-delitos endilgados, es elevada, dado los bienes jurídicos que resultaron afectados por las conductas reprochables ejecutadas. El numeral 3° de la referida norma, establece que para establecer el Peligro de Fuga, debe valorarse LA MAGNITUD DEL DAÑO CAUSADO, siendo que en la presente causa se lesionaron los más sagrados derechos humanos que detenta una persona, como lo son EL DERECHO A LA PROPIEDAD Y PONIENDO EN PELIGRO LA VIDA MISMA DE LA VICTIMA, ya que la presunta conducta desplegada por el imputado de autos, consistió en lesionar dichos bienes jurídicos, los cuales son protegidos por la precitada norma sustantivo penal. Aunado a lo anterior, es preciso señalar el contenido del PARAGRAFO PRIMERO, de la mencionada norma adjetivo penal, el cual establece entre otras cosas que" ... SE PRESUM E EL PELIGRO DE FUGA EN CASO DE HECHOS PUNIBLES CON PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD, CUYO TERMINO MAXIMO SEA IGUAL O SUPERIOR A DIEZ AÑOS ... ". Tal y como se estableció anteriormente, el termino máximo de la pena aplicable al caso que nos ocupa, es el establecido, para el hecho punible de los delitos de de los delitos de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal Venezolano, AGAVILLAMIENTO, previsto y sancionado en el artículo 286 del Código Penal Venezolano y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previsto y sancionado en el articulo 218 numeral 2° ejusdem, razón por la cual, en el caso de marras debemos, NECESARIAMENTE PRESUMIR EL PELIGRO DE FUGA. En cuanto al establecimiento del PELIGRO DE OBSTACULIZACION, se hace necesario analizar las circunstancias consagradas en los numerales 1 ° Y 2° del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que en caso de que los imputados de autos no les seas acordada la medida de coerción personal que se pretende, los mismos podrán influir para que los testigos y víctimas de la causa actúen de una manera reticente dada la gravedad del delito investigado, así como podrán ocultar o falsificar elementos de convicción para desviar el curso de la presente investigación. De las consideraciones realizadas anteriormente, se colige que en el caso que nos ocupa, efectivamente se satisfacen plenamente, de manera concurrente, los requisitos previstos en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, circunstancia esta que fue debidamente esgrimida por el juzgador ad quo en la decisión recurrida…” (Copia textual. Cursiva de la Alzada) VI RESOLUCIÓN DEL RECURSO MOTIVACIÓN PARA DECIDIR Admitido como ha sido el recurso de apelación interpuesto por la ABOG. NADEIDA YANIA VADILLO, Defensora Pública, del imputado NEYTAN MAGDIEL MENDOZA VALLEJO, contra resolución judicial dictada en fecha 31 de octubre de 2015, por el Tribunal Penal de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control N° 04, San Carlos, estado Cojedes, mediante la cual decretó Privación Judicial Preventiva de Libertad, en contra del imputado mencionado, siendo esta la oportunidad legal para pronunciarse en torno a la cuestión planteada, al respecto la Sala observa: La inconformidad de la recurrente se circunscribe a los siguientes aspectos: 1. Que la detención de su defendido no se produjo en flagrancia. 2. Que la juzgadora no analizó los numerales del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, para decretar la medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad. 3. Que no existen suficientes y fundados elementos de convicción para atribuirle a su representado la comisión de los delitos que le fueron imputados. 4. Que la decisión dictada es inmotivada. Establecido lo anterior, y en ejercicio del marco de competencia funcional que le atribuye a esta Sala el artículo 432 del Código Orgánico Procesal Penal, revisadas como han sido las actuaciones contenidas en el presente cuaderno, y en específico el pronunciamiento de los puntos de la decisión impugnada, mediante la cual la recurrida acordó decretar la Privación Judicial Preventiva de Libertad en contra del imputado NEYTAN MAGDIEL MENDOZA VALLEJO, la Sala efectúa las siguientes consideraciones: Consta en la resolución recurrida que los hechos que originaron la detención del imputado NEYTAN MAGDIEL MENDOZA VALLEJO fue lo siguiente: "…En esta misma fecha siendo 12:30 las horas del mediodía aproximadamente nos encontrábamos de recorridos la avenida miranda en las adyacencias del centro comercial gran san Antonio es cuando recibimos un llamado por parte de la central de comunicaciones del descacho policial, informando que en las instalaciones se encontraban una ciudadana manifestando que en la, avenida miranda frente donde venden chaguarma, fue víctima de un robo de su teléfono celular por tres (03) ciudadanos al cual cuyas características son las siguientes; 1- piel morena, contextura delgada cabello negro, su ropa era franela de raya color azul claro y pantalón de color azul , 2- era contextura gruesa de piel morena cabello negro bajito y vestían, franela blanca, pantalón blue jean de color azul, 3- era de contextura delgada piel clara pelo de color negro, su estatura alta y vestía de una chemis azul, con pantalón blue jean y que por versión de la víctima los sujetos habían tomado como destino hacia el sector guarataro, por lo que procedimos a trasladamos a destino indicado por parte de la central, y a la altura, del sector guarataro calle especifícame frente en el patio de bola de dicho sector logramos visualizar a tres sujetos con las características indicada, por lo que procedimos a darle la voz de alto los mismo haciendo caso omiso emprendiendo la huida donde se inicia una breve persecución a pies por toda las adyacencia de la calle principal del referido sector logrando capturar a uno de, ellos que cuyas característica, es contextura gruesa de piel morena cabello negro bajito y vestían, franela blanca, pantalón blue jean de color azul, este tomando una actitud agresiva y hostil e intentando agredir físicamente al oficial Barreta Gilberto e intentando despojarlo de su armamento de fuego de reglamento policial mientras los otros dos se dieron a la fuga en la parte posterior de una vivienda,(patio) por lo que desentendimos de la persecución y nos concretamos con este ciudadano detenido, ya que se tornaba agresivo, una vez neutralizado el oficial BARRETO GILBERTO le solicita educadamente al ciudadano que si posee algún objeto de interés criminalística debajo de su vestimentas que los exponga todo lo adherido a su vestimenta, el mismo indicando no poseer nada, de Inmediato se le informa al ciudadano que se realizara una inspección corporal amparados en el artículo, 191 del Código Orgánico Procesal Penal a fin de descartar cualquier objeto d:: interés criminalística, no encontrándole ningún elemento interés criminalística, de igual' manera se deja constancia que la comunidad enardecía al momento de la aprehensión, tomo represarías en contra del ciudadano agrediéndolo físicamente, por lo cual nos vimos en la necesidad de solicitar apoyo policial, a fin de trasladar a este ciudadano al despacho policial, a fin de realizar las respectivas diligencia policial ya que nos encontrábamos en presencia de un delito como el de resistencia a la autoridad e ultraje, al funcionario público sancionado en el código orgánico procesal penal, trasladándolos con lá premura y cuidado respetivo al caso, al ciudadano al centro de coordinación llegando se encontraba una ciudadana en la parte externa (recepción) del despacho policial quien expuso que el sujetos al cual funcionarios había ingresado a las instalaciones policial fue partícipe de su robo y que fue el que le indico que durante el robo se quedara tranquila, en vista que nos encontrábamos en un hecho flagrante procedimos a practicarle la detención siendo a las 01.15 de la Tarde, establecido en el artículo 234 del código orgánico procesal penal de igual manera se le íníorrna.de sus derechos de conformidad con lo establecido en el Artículo 127, 128 del Código Orgánico Procesal Penal, y lo identificamos como MENDOZA VALLEJO NEYTAN MAGDIEL, Titular de la Cedula de identidad V-25.591.434 .. nacido en GUANARE ESTADO PORTUGUESA fecha de nacimiento, 22/06/1993 de 22 años de edad, de profesión OBRERO Residenciado: SECTOR DE GUAYABITO CALLE SAN JOSE CASA SIN NUMERO Y vestían, franela blanca, pantalón blue jean de color azul por lo que procedimos a realizar llamada telefónica al fiscal flagrancia ABG. DOMENICO BOFFELLI del Ministerio Público quien giro instrucciones al respecto quien indico remitir las actuaciones a su despacho una vez culminadas; de igual forma se realizó llamada telefónica a la sala de Operaciones del Sistema SIIPOL, a fin de verificar los posibles registros policiales o solicitudes que pudiese presentar el referido ciudadano, donde la misma fue infructuosa. Es todo" Terminó, se leyó y estando conformes firman...”. (Copia textual y cursiva de la Sala) Evidenciándose así, que contrario a lo que señala la defensa, la detención del imputado mencionado se produjo en flagrancia, perseguido por la autoridad policial, conforme a las previsiones del artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal. Además destacó el A quo los elementos de convicción que estimó pertinentes para el decreto de la medida de coerción personal de privación judicial preventiva de libertad, en los siguientes términos: “…2.- Riela a los folios 06 y su vto ACTA PROCESAL PENAL, de fecha 29-10-2015suscrita por los funcionarios actuantes, donde se deja constancia del tiempo lugar y modo en que ocurrieron los hechos respecto a la detención del imputado. …. 5.-. Riela al folio 03 de las actuaciones ACTA DE ENTREVISTA de la ciudadana DESIRE en su condición de víctima. 11.- Riela al folio 10 de las actuaciones Constancia Medica del ciudadano NIET AN MENDOZA imputado, de fecha 29-10-2015. (Copia textual y cursiva de la Sala) Considera esta alzada importante destacar los supuestos de los artículos 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal, que indican: “Artículo 236. El Juez o Jueza de Control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de la libertad del imputado o imputada siempre que se acredite la existencia de: 1. Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita. 2. Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado o imputada ha sido autor o autora, o participe en la comisión de un hecho punible. 3. Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación…”. (Copia textual y cursiva de la Sala) “Artículo 237. Para decidir acerca del peligro de fuga se tendrán en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias: 1. Arraigo en el país, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto; 2. La pena que podría llegarse a imponer en el caso; 3. La magnitud del daño causado; 4. El comportamiento del imputado o imputada durante el proceso, o en otro proceso anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal; 5. La conducta predelictual del imputado o imputada. Parágrafo Primero: Se presume el peligro de fuga en casos de hechos punibles con penas privativas de libertad, cuyo término máximo sea igual o superior a diez años. En este supuesto, el o la Fiscal del Ministerio Público, y siempre que concurran las circunstancia del artículo 250, deberá solicitar la Medida de Privación Judicial Preventiva de libertad. A todo evento, el Juez o Jueza podrá, de acuerdo al as circunstancias, que deberá explicar razonadamente, rechazar la petición fiscal e imponer al imputado o imputada una medida cautelar sustitutiva…” (Copia textual y cursiva de la Sala). “Artículo 238. Para decidir acerca del peligro de obstaculización para averiguar la verdad se tendrán en cuenta, especialmente, la grave sospecha de que el imputado o imputada: 1. Destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de convicción. 2. Influirá para que coimputados o coimputadas, testigos, víctimas, expertos o expertas, informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o inducirá a otros a realizar esos comportamientos, poniendo en peligro la investigación, la verdad de los hechos y la realización de la justicia”. (Copia textual y cursiva de la Sala) De los artículos transcritos se infiere, los requisitos de procedencia para acordar la medida de privación judicial preventiva de libertad a los imputados, y de igual forma las circunstancias para establecer el peligro de fuga y de obstaculización. Ahora bien, estos elementos no pueden evaluarse de manera aislada, sino analizando pormenorizadamente, las diversas condiciones presentes en el proceso, que demuestren un hecho punible que merezca pena privativa de libertad, fundados elementos de convicción y la necesidad inminente de la detención preventiva para asegurar la presencia procesal del imputado e impedir modificaciones que vayan en detrimento de la investigación y del proceso penal en general, todo esto, para garantizar que la acción del estado no quede ilusoria, pero con ponderación diáfana de los derechos del investigado. En la fase investigativa, el Juez de Primera Instancia en funciones de Control, en atención a las atribuciones que le confiere el instrumento adjetivo penal, puede dictar o no, medidas de coerción personal tomando en consideración los elementos que a su juicio aporte el Ministerio Público a través de sus órganos auxiliares, elementos éstos, los cuales le permitirán presumir con fundamento, y de manera provisional, que el o los imputados han sido o no autores o partícipes en el hecho calificado como delito. En ratificación a lo antes señalado, estima esta alzada, pertinente transcribir un extracto de la decisión N° 676, de fecha 30 de marzo de 2006, emanada de la Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal de la República, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera: “…Conforme la doctrina reiterada de esta Sala, la garantía procesal del estado de libertad nace del principio de la inviolabilidad del derecho a la libertad personal. Por ello, toda persona a quien se le impute la participación de un hecho punible tiene derecho a permanecer en libertad durante el proceso, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez en caso. Dichas excepciones nacen de la necesidad del aseguramiento del imputado durante el proceso penal, siempre y cuando se satisfagan las exigencias contenidas en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, las cuales constituyen el fundamento del derecho que tiene el Estado de perseguir y solicitar medidas cautelares contra el imputado. De allí, que las medidas de coerción personal sólo podrán ser decretadas con arreglo a la citada disposición y mediante resolución judicial fundada, sujeta –en su oportunidad legal- al recurso de apelación de autos…”. (Copia textual y cursiva de la Sala) Por otra parte, quienes aquí deciden observan que la existencia de la circunstancia que dispone el numeral 3 del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, debe ser adminiculada en todo momento, con lo pautado en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud de ser uno de los principios generales que rigen las medidas asegurativas provisionales, especialmente, las que contraen la privación judicial preventiva de libertad, en atención al Principio de la Proporcionalidad, tal y como lo establece el legislador de la siguiente forma: “No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable…” (Copia textual y cursiva de la Sala) La referida disposición legal, nos lleva a una innovación jurídica procesal basada en trasladar el Principio de la Proporcionalidad de los Delitos y de las Penas, a las medidas de coerción personal, y así poder hacer efectiva la detención preventiva judicial de cualquier persona, todo ello, en procura de una aplicación razonable de este tipo de Medidas Asegurativas, únicamente o específicamente, en aquellos delitos, que revistan cierto daño de relevancia social, es decir, que dicha norma requiere que el ilícito investigado produzca un verdadero daño de relevancia penal, y que no sea una simple falta o un delito de menor cuantía. Observamos igualmente, que en dicho articulado imperan tres requisitos de fundamentación básica, los cuales autorizan la práctica de la detención preventiva judicial, y estos son: 1. La gravedad del delito; 2. Las circunstancias de la comisión del hecho, y 3. La sanción probable. En el caso de autos encuentran estos Juzgadores que el A quo estableció y explicó en la resolución que se analiza, la razón por la cual consideraba satisfechas las exigencias del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, estableciendo que la conducta desarrollada por el imputado NEYTAN MAGDIEL MENDOZA VALLEJO, encuadra en los tipos penales de ROBO AGRAVADO, AGAVILLAMIENTO y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD; efectuando una sucinta enunciación del hecho que se les atribuye y refiriéndose a los elementos de convicción que obran en su contra, en los términos indicados ut supra. Y por último explicó las razones por las que consideraba que existía una presunción razonable de peligro de fuga. Observando esta alzada que la pena probable a imponer al ciudadano NEYTAN MAGDIEL MENDOZA VALLEJO, conforme a los delitos que le fueron imputados por la Representación Fiscal, y por los que el A quo les decretó medida de privación judicial preventiva de libertad, es mayor a diez años, y que en consecuencia conforme a las previsiones del parágrafo primero del artículo 237 del Código Orgánico Procesal se presume el peligro de fuga, además uno de los delitos por los que está siendo procesado el mencionado ciudadano, como es el delito de ROBO AGRAVADO, es un delito pluriofensivo que atenta contra bienes jurídicos importantes como la integridad física y la propiedad, por lo que la magnitud del daño ocasionado es considerablemente alta, por lo que estima esta alzada que ciertamente como lo expresó la recurrida, está configurado el peligro de fuga. Siendo así, considera esta Alzada que concurren los tres requisitos señalados anteriormente, y que hacen procedente la privación judicial preventiva de libertad en contra del imputado NEYTAN MAGDIEL MENDOZA VALLEJO, no asistiendo la razón a la defensa y así se decide. En consecuencia, considera esta alzada que lo procedente y ajustado a derecho es DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la ABOG. NADEIDA YANIA VADILLO, Defensora Pública del imputado NEYTAN MAGDIEL MENDOZA VALLEJO, en contra de resolución judicial dictada en fecha 31 de octubre de 2015, por el Tribunal Penal de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control N° 04, San Carlos, estado Cojedes, En consecuencia se CONFIRMA la decisión impugnada. ASÍ SE DECIDE. VII DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la ABOG. NADEIDA YANIA VADILLO, Defensora Pública del imputado NEYTAN MAGDIEL MENDOZA VALLEJO, en contra de resolución judicial dictada en fecha 31 de octubre de 2015, por el Tribunal Penal de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control N° 04, San Carlos, estado Cojedes, mediante la cual decretó Privación Judicial Preventiva de Libertad, en contra del imputado mencionado por los delitos de ROBO AGRAVADO, AGAVILLAMIENTO y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD. SEGUNDO: CONFIRMA la decisión impugnada en los términos expresados en la parte motiva del presente fallo. Queda así resuelto el recurso de apelación ejercido en el caso sub-exámine. Regístrese, publíquese y notifíquese a las partes. Remítase el presente cuaderno de actuaciones en su oportunidad legal al Tribunal de origen, a los fines legales consiguientes. Cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes, en San Carlos, a los veintiocho (28) días del mes de enero de 2016. Años 205° de la Independencia y 156° de la Federación.- _______________________________ MARIANELA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ PRESIDENTA DE LA CORTE (PONENTE) _________________________________ ____________________________ GABRIEL ERNESTO ESPAÑA GUILLÉN FRANCISCO COGGIOLA MEDINA JUEZ SUPERIOR JUEZ SUPERIOR __________________________________ MARLENE COROMOTO REYES ROMERO LA SECRETARIA En la misma fecha que antecede, se público la anterior decisión siendo las 10:00 a.m. __________________________________ MARLENE COROMOTO REYES ROMERO LA SECRETARIA MHJ/GEEG/FCM/MCRR/MJ/JA