TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
PODER JUDICIAL.

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES.
Años: 204° y 156°.-

I.- Identificación de las partes, la causa y la decisión.
Accionante: IDUVIRGINIA MONSALVE MACHADO, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad número V-9.135.746 y domiciliada en la ciudad de San Carlos, estado Cojedes.-
Abogados Asistentes: ANTONIO JOSÉ ARTEAGA ALVARADO y JOSÉ MANUEL ARTEAGA STELLING, venezolanos, mayores de edad, profesionales del derecho inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado (Inpreabogado) bajo el número 16.374 y 43.407 en su orden.

Indiciado: HERACLIO ANTONIO MONSALVE MACHADO, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la Cédula de Identidad número V-8.989.769, domiciliado en San Carlos, estado.-

Motivo: Interdicción.-
Sentencia: Decreto de Interdicción (Definitiva).-
Expediente Nº 5610.-

II.- Antecedentes.-
Se inició la presente causa mediante escrito presentado en fecha dieciocho (18) de octubre del año 2013, por la ciudadana IDUVIRGINIA MONSALVE MACHADO, asistida por el abogado ANTONIO JOSÉ ARTEAGA ALVARADO, por INTERDICCIÓN, en el cual aparece como indiciado el ciudadano HERACLIO ANTONIO MONSALVE MACHADO, antes identificados. Acompañó los recaudos respectivos y previa distribución de causas ante el Juzgado Distribuidor de ésta misma Circunscripción Judicial, fue asignada a éste Juzgado, dándosele entrada en fecha veintiuno (21) de octubre del año 2013.
En fecha veintiocho (28) de octubre del año 2013, el Tribunal admitió la demanda presentada y en virtud de la naturaleza de la acción intentada, acordó proceder a la investigación sumaria de los hechos imputados. De igual manera, se acordó el traslado y constitución del Tribunal para el sexto (6°) día de despacho siguiente a la notificación de la representación Fiscal del Ministerio Público, tal como lo preceptúa el artículo 130 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el ordinal 1º del artículo 131 eiusdem. Se ordenó el emplazamiento mediante Edicto de todas aquellas personas que pudieran tener interés directo y manifiesto en el juicio para comparecer por ante éste Tribunal y hacerse parte en el juicio. Se libró boleta de notificación y Edicto.
El día cinco (05) de noviembre del año 2013, la ciudadana IDUVIRGINIA MONSALVE MACHADO, asistida por el abogado JOSÉ MANUEL ARTEAGA STELLING, mediante diligencia, dejó constancia de la consignación a este Juzgado, de los medios necesarios para la práctica de la notificación de la representación Fiscal del Ministerio Público. En esa misma fecha, la Secretaria del Tribunal deja constancia de haber fijado en la Cartelera del Tribunal, un ejemplar del Edicto librado en la presente causa, dando así cumplimiento a lo establecido en el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil y a lo ordenado en el auto dictado por éste Tribunal en fecha veintiocho (28) de octubre de 2013.
Por auto de fecha ocho (08) de noviembre del año 2013, el Tribunal acordó expedir los fotostatos correspondientes a los fines de la notificación de la representación Fiscal del Ministerio Público.
El día once (11) de noviembre del año 2013, la ciudadana IDUVIRGINIA MONSALVE MACHADO, asistida por el abogado JOSÉ MANUEL ARTEAGA ALVARADO, en su carácter de auto, consignó ejemplares de los diarios “Ultimas Noticias” y “Las Noticias de Cojedes”, ambos de fecha once (11) de noviembre del año 2013, donde aparecen la publicación del Edicto librado en esta causa. En esa misma fecha, el Tribunal, para su mejor manejo, ordenó el desglose del mismo y fuera agregado a las actas para que surta los efectos legales consiguientes.
Por auto de fecha veintiocho (28) de noviembre de 2013, el ciudadano Alguacil de este Juzgado, consignó boleta de notificación, haciendo constar que notificó en esa misma fecha, a la ciudadana Fiscal IV Auxiliar del Ministerio Público con Competencia en el sistema de Protección del, Niño y del Adolescente del estado Cojedes. En la oportunidad fijada para que tuviera lugar el acto de interrogatorio del indiciado, ciudadano HERACLIO ANTONIO MONSALVE MACHADO, el día seis (06) de diciembre del año 2013, siendo las dos de la tarde (2:00p.m.), se anunció el mismo a las puestas del Tribunal por el Alguacil de este Juzgado y no estando presente la representación del Ministerio Público, el Tribunal difiere el presente acto para dentro de dos (02) días de despacho siguiente a que conste en auto la notificación de la representante Fiscal del Ministerio Público.
Por auto de fecha veinte (20) de diciembre de 2013, el ciudadano Alguacil de este Juzgado, consignó boleta de notificación, haciendo constar que notificó en esta misma fecha a la ciudadana Fiscal IV Auxiliar del Ministerio Público con Competencia en el sistema de Protección del, Niño y del Adolescente del estado Cojedes.
En fecha ocho (08) de enero del año 2014, siendo la oportunidad fijada para que tuviera lugar el acto de interrogatorio de la indiciado HERACLIO ANTONIO MONSALVE MACHADO, el mismo se llevó a cabo efectivamente. Asimismo se efectuó en su oportunidad legal correspondiente, el acto de interrogatorio de los familiares y amigos de la indiciada, tal como lo establece el artículo 733 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 396 del Código Civil, de la siguiente manera:
En fecha doce (12) de febrero de 2014, oportunidad fijada por este Tribunal para que tenga lugar Acto de Interrogatorio de la ciudadana IDULAY LISBET MONSALVE DE AGELVIS, estando presente la misma, se procedió a dicho Acto.
Por auto de fecha doce (12) de febrero de 2014, oportunidad fijada por este Tribunal para que tenga lugar Acto de Interrogatorio de la ciudadana MARÍA JOSÉ MONSALVE MACHADO, estando presente la misma, se procedió a dicho Acto.
Por auto de fecha doce (12) de febrero de 2014, oportunidad fijada por este Tribunal para que tenga lugar Acto de Interrogatorio del ciudadano JUSTO JOSÉ MONSALVE MACHADO, estando presente el mismo, se procedió a dicho Acto.
En fecha doce (12) de febrero de 2014, oportunidad fijada por este Tribunal para que tenga lugar Acto de Interrogatorio del ciudadano JHON ERICK MONSALVE, encontrándose presente el mismo, se procedió a dicho Acto.
En la presente causa fueron cumplidas con todas y cada una de las designaciones y notificaciones de los dos Facultativos ordenadas por ley, recayendo en los doctores JOSÉ ROSELIANO VIDAL ZAPATA y BELEN D. PADILLA B., ambos médicos psiquiatras, a fin de que examínense al indiciado HERACLIO ANTONIO MONSALVE MACHADO, de conformidad con el artículo 733 del Código de Procedimiento Civil.
Por auto de fecha doce (12) de diciembre de 2013, el ciudadano Alguacil de este Juzgado, consignó boleta de notificación, haciendo constar que notificó en esta misma fecha a la ciudadana Fiscal IV Auxiliar del Ministerio Público con Competencia en el sistema de Protección del, Niño y del Adolescente del estado Cojedes.
Mediante diligencia de fecha trece (13) de junio del año 2014, suscrita por el ciudadano JOSÉ ROSELIANO VIDAL ZAPATA, en su condición de Médico Psiquiatra designado y juramentado facultativo en la presente causa, consignó Informe Médico Psiquiátrico del indiciado ciudadano HERACLIO ANTONIO MONSALVE MACHADO, realizado y suscrito conjuntamente por la Dra. BELEN D. PADILLA y su persona.-
Siendo la oportunidad procesal para pronunciarse sobre el decreto provisional de Interdicción, pasa a hacer de seguidas:
En fecha dieciocho (18) del mes de junio del año 2014, se dictó sentencia interlocutoria de decreto de interdicción provisional declarando:
PRIMERO: CON LUGAR la solicitud de Interdicción provisional del ciudadano HERACLIO ANTONIO MONSALVE MACHADO, planteada por la ciudadana IDUVIRGINIA MONSALVE MACHADO, ambas identificadas en actas y en consecuencia, se DECRETA la INTERDICCIÓN PROVISIONAL del ciudadano HERACLIO ANTONIO MONSALVE MACHADO venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la Cédula de Identidad número V-8.989.769, domiciliado en la ciudad de San Carlos estado Cojedes.-
SEGUNDO: Se DESIGNÓ como TUTORA PROVISIONAL a la ciudadana IDUVIRGINIA MONSALVE MACHADO, venezolana, mayor de edad, soltera, civilmente hábil, titular de la Cédula de Identidad número V-9.135.746, domiciliada en la ciudad de San Carlos estado Cojedes, en su condición de hermana del ciudadano HERACLIO ANTONIO MONSALVE MACHADO, conforme a lo establecido en los artículos 397 y 401 del Código Civil Venezolano vigente. Se ordenó la notificación de la indicada ciudadana para que manifieste su aceptación o excusa al cargo.-
TERCERO: Se ORDENÓ seguir formalmente el juicio por los trámites del procedimiento ordinario, de conformidad con el artículo 734 del Código de Procedimiento Civil.-
CUARTO: Se ordenó expedir por Secretaría copia certificada del presente decreto a los fines de su registro y publicación, tal como lo estatuyen los artículos 414 y 415 del Código Civil. Se ordenó la notificación a la Oficina de Registro Electoral del estado Cojedes conforme al artículo 114 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política y al Registro Civil del municipio San Carlos del estado Cojedes. Líbrense oficio una vez quede definitivamente firme el presente fallo.
QUINTO: Se ordenó la remisión de la copia certificada del presente expediente en consulta, en su oportunidad legal, conforme a lo estatuido en el artículo 736 del Código de Procedimiento Civil.-

En fecha treinta (30) de junio del año 2014, se dejo constancia del vencimiento del lapso de Apelación a la sentencia dictada en fecha dieciocho (18) del mes de junio del año 2014.-
Por auto de fecha siete (07) de julio del año 2014, este juzgado acordó expedir copia certificada del presente expediente, igualmente se ordeno notificar mediante oficios a la Oficina del Registro Electoral del estado Cojedes y al registro del municipio San Carlos del estado Cojedes, así mismo sea remitirlo en copias certificadas al Juzgado Superior Competente, a fin de la consulta prevista en el artículo 736 del Código de Procedimiento Civil. A tal efecto, se libró oficio Nº 05-343-182-2014.- 05-343-183-2014 y 05-343-183-2014.-
En fecha primero (1º) de octubre del año 2014, el Juzgado Superior Civil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción judicial del estado Cojedes, confirmó la sentencia interlocutoria dictada por este Juzgado en fecha dieciocho (18) de junio del año 2014, declarando Con Lugar la solicitud de interdicción provisional intentada por la ciudadana Iduvirginia Monsalve Machado, siendo remitido a este juzgado por oficio Nº 117-14 de fecha veintidós (22) de octubre del año 2014.
Por auto de fecha doce (12) de noviembre de 2014, venció el lapso probatorio en la presente causa, fijando el décimo quinto (15º) día de despacho siguiente para que las partes presenten sus informes.
Por auto de fecha siete (07) de enero del año 2015, venció el lapso de observaciones a los informes presentados por las partes en la presente causa.

III- Consideraciones para decidir sobre la Interdicción Definitiva.-
Siendo la oportunidad procesal para que este Órgano Subjetivo Institucional Pro Tempore Ex Necesse (Por el tiempo que sea necesario), se pronuncie acerca de lo peticionado en la presente solicitud, pasa a realizar las siguientes observaciones de carácter legal y doctrinario:
En la Doctrina encontramos diversas definiciones de Interdicción, así tenemos que el Dr. Nerio Perera Planas en su obra Código Civil Venezolano (p.231; 1992), citando a Escriche la define como:
… la “suspensión de oficio, o la prohibición de que se hace a uno de continuar en el ejercicio del empleo, cargo, profesión o ministerio… El estado de una persona a quien se ha declarado incapaz de los actos de la vida civil por causa de mentecatez, demencia o prodigalidad, privándola en su consecuencia del manejo y administración de sus bienes y negocios, consecuencia del manejo y administración de sus bienes y negocios, para cuyo cuidado se le nombra un curador sujeto a las mismas reglas y obligaciones que los tutores o curadores de los menores… la doctrina francesa define la interdicción civil o judicial diciendo que “es una sentencia por medio de la cual, un tribunal civil, después de haber comprobado la enajenación mental de una persona, le retira la administración de sus bienes…” Según la doctrina alemana, con referencia a la enfermedad o debilidad mental, ésta debe tener un alcance tal que el interesado no pueda atender sus negocios, comprendiéndose entre éstos el cuidado de su propia persona y todas las tareas que incumben al hombre en relación con sus semejantes en particular, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes… La falta de conocimiento o las perturbaciones meramente transitorias de la actividad del espíritu, no determinan la incapacidad de obrar, pero son nulas las declaraciones de voluntad emitidas en tal estado. Dr. Mateo Goldstein.

Según los autores Marcel Planiol y Georges Ripert en su obra Tratado Elemental de Derecho Civil (1946), la definen como: “Omissis… una sentencia por la cual un tribunal civil, después de haber comprobado el estado de enajenación mental de una persona, la priva de la administración de sus bienes. Esta sentencia implica, como resultado, la apertura de la tutela del sujeto a la interdicción”.
Para el autor Dr. José Luís Aguilar Gorrondona en su obra Personas. Derecho Civil I (p. 397; 2007), esta definida como:
…la privación de la capacidad negocial en razón de un estado habitual de defecto intelectual grave o de condena penal. A consecuencia de ella el entredicho queda sometido en forma continúa a una incapacidad negocial plena, general y uniforme. Dicho sea de paso, tal incapacidad es más extensa que las de los niños y adolescentes, ya que las excepciones legales a la regla de la incapacidad negocial, plena, general y uniforme de los menores, en principio, no son aplicables a los entredichos.

Por su parte, el Dr. Alberto José La Roche en su obra Derecho Civil I (pp.205-206; ), indica que está institución:
… trata del régimen de protección de los alienados; es decir, de los enajenados mentales: los que sufren de defecto mental grave y permanente que les incapacita para proveer a su propios intereses.; y en consecuencia, así como el menor de edad ha de estar provisto de un representante legal que provea a sus intereses cuando se encuentre en las condiciones y circunstancias que le califiquen jurídicamente hablando como un alienado, como un enajenado mental”.
…
“La interdicción tiene como propósito –dice la Doctrina tanto nacional como la extranjera—garantizarle el individuo su representación personal y su representación patrimonial; y, garantizarle a la colectividad, de que ese individuo sometido a interdicción, es decir, el entredicho, está asegurado desde el punto de vista físico y desde el punto de vista patrimonial. Porque si bien es cierto que hay ciertos alienados que no significan peligro para la colectividad, también es cierto, que existen muchos alienados que deben ser recluidos en hospitales o institutos especializados, por el peligro que significan para la colectividad.

Concluye el autor La Roche indicando que la Interdicción tiene un doble criterio de protección de intereses, el eminentemente individual o personal por un lado y por el otro, el de protección de los intereses patrimoniales. Enuncia además, un tercer criterio de protección, que es el que busca proteger el interés de los terceros que eventualmente podrían contratar con una persona incapacitada, por cuanto, la institución de la interdicción protegerá tanto el entredicho y al tercero de la celebración de un negocio jurídico que pueda ser anulado en virtud de la disminución en la capacidad del entredicho y la falta de legalidad de sus actos de forma individual sin autorización para ellos. Así se indica.-
La interdicción en consecuencia, versa sobre la limitación o gradación de la capacidad del sujeto, según lo expresa Julien Bonnecase en su obra Tratado Elemental de Derecho Civil (p. 164; Harla 1999) como:
... la aptitud de una persona para ser titular de cualquier derecho, de familia o patrimonial, y para hacer valer por si misma los derechos de que éste investida. La capacidad, concebida con este alcance general es, en suma, la expresión de la actividad jurídica íntegra de una persona. En realidad, la noción de capacidad se descompone en dos nociones totalmente distintas: la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio.

… La capacidad de goce es la aptitud de una persona para participar en la vida jurídica por sí misma o por medio de un representante, figurando en una situación jurídica o en una relación de derecho, para beneficiarse con las ventajas o soportar las cargas inherentes a dicha situación o relación. En una formula mas breve ya reproducida, se dirá que la capacidad de goce es la aptitud de ser titular de un derecho. La noción de capacidad de goce se identifica, pues, en el fondo, con la noción de personalidad. Estos terminaos son equivalentes; no se concibe la noción de personalidad sin la capacidad de goce. …

…
La capacidad de ejercicio se opone a la capacidad de goce y puede definirse como la aptitud de una persona para participar por si misma en la vida jurídica, figurando efectivamente en una situación jurídica o en una relación de derecho, para beneficiarse con las ventajas o soportar las cargas inherentes a dicha situación, siempre por sí misma. Como hicimos tratándose de la capacidad de goce, podemos usar aquí una fórmula más breve y decir: que la capacidad de ejercicio es la aptitud de la persona para adquirir y para ejercer derechos por sí misma. Mientras el legislador sólo puede afectar la capacidad de goce con prudencia, bajo la pena de desconocer la esencia de la personalidad, pro lo que hace a la capacidad de ejercicio puede afectarla libremente, pues como veremos después, al instituir el legislador las incapacidades de ejercicio, no tiene otro objeto que el de proteger a la persona. Es indudable que el incapaz no puede obrar por sí mismo, pero el organismo creado en su provecho asegura su plena participación en la vida jurídica. Dicho esto, solamente nos ocuparemos de la capacidad de ejercicio y de sus límites, por lo menos de una manera principal.

Dentro de las causas de incapacidad establecidas por el legislador indica Bonnecase que existen tres (3) categorías, siendo las siguientes: “1. La voluntad de proteger a la persona: la edad, la locura, la prodigalidad, la imbecilidad; 2. La idea de pena incapacidades accesorias a determinadas condenas penales; 3. La concepción de la organización familiar:…Omissis” (Ob. Cit; p.165). Encontrándose la interdicción incluida dentro de la primera clasificación, la cual no es más que la establecida por el legislador para proteger al individuo, garantizándole su representación personal y su representación patrimonial en todos los actos en que deba ejercitarse su capacidad negocial y jurídica. Así se precisa.-
El concepto legal de Interdicción se encuentra establecido en el artículo 393 de nuestro Código Civil que establece que “393. El mayor de edad y el menor emancipado que se encuentren en estado habitual de defecto intelectual que los haga incapaces de proveer a sus propios intereses, serán sometidos a interdicción, aunque tengan intervalos lúcidos”. Así se establece.-
Ora, de la redacción del artículo 393 del Código Civil se evidencian los requisitos de procedencia para que sea declarada la Interdicción respecto a los sujetos, específicamente personas naturales, pues tal institución es absolutamente inoperante en las jurídicas, que pueden ser sometidos al procedimiento de interdicción (persona mayor de edad o un menor emancipado), el supuesto de hecho para que tal institución opere (estado habitual de defecto intelectual que los haga incapaces de proveer sus propios intereses), aún cuando tales personas pueden tener intervalos de lucidez en su comportamiento.
En ese orden de ideas y tal como lo expresa el autor Dr. Francisco Hung Vaillant en su obra Derecho Civil I (pp.330-331; 2007), quien manifiesta que para que proceda la Interdicción debe configurarse los siguientes supuestos:
Desde el punto de vista de la persona sujeta a la declaración de interdicción, ésta debe ser un: i) mayor de edad, ii) un menor emancipado o iii) un menor no emancipado que se encuentre en el último año de su minoridad (Arts. 393 y 394 CC). Desde el punto de vista del defecto que afecta al sujeto, el mismo debes ser psíquico o mental y debe tener la característica de la habitualidad o permanencia, aún cuando no obsta para la declaratoria que el afectado goce de intervalos lúcidos; esto es, de periodos durante los cuales su psiquis o mente funciona normalmente. El requisito de habitualidad excluye los accesos pasajeros o excepcionales de falta de lucidez. Por otra parte, la afección debe revestir tal gravedad que impida al afectado proveer sus propios intereses (Art.393 CC). Nuestra ley habla de <> ante lo cual AGUILAR GORRONDONA, con acierto, señala que sería más preciso utilizar expresiones como <> o <>, en lugar de <> y agrega que por la expresión utilizada en el Art.393 CC-sic-, debe entenderse no sólo el defecto que afecte las facultades cognoscitivas sino también el que afecta las facultades volitivas.

Del texto del Art.401-sic- se infiere que para la procedencia de la declaración de interdicción no se requiere que el defecto que afecta al entredicho sea incurable; ya que de otro modo no se explicaría la obligación impuesta al Tutor que dicha norma de <>, a cuya finalidad habrán de ser aplicados, principalmente, los productos de sus bienes. HANNA BINSTOCK, no obstante reconocer la imprecisión del término utilizado por nuestro legislador, expresa que tal circunstancia deviene en positiva por cuanto <>; señalando al efecto que tal posibilidad contrasta positivamente con lo que ocurre en otros Derechos en los cuales, dada la inflexibilidad de la norma que prevé los diversos supuestos, <>.

Empero, no encontrándose en la norma taxativamente enunciados, cuáles son los casos o supuestos de hecho en los cuales procede la Interdicción como institución civil de protección, se apoya este jurisdicente en lo esgrimido por Marcel Planiol y Georges Ripert, quienes establecen como causales legales las siguientes:
Causas enumeradas por la ley. El art. 489 enumera la imbecilidad, la demencia y el furor. Según el tribuno Tarrible, en su discurso al cuerpo legislativo, los autores de la ley entendieron por imbecilidad la debilidad de espíritu causada por ausencia o obliteración de las ideas; por demencia, la enajenación que priva del uso de la razón y por furor una demencia llevada al mas alto grado, que impulsa al furioso a actos peligrosos para si mismo y para los demás. La distinción entre la demencia ordinaria y el furor únicamente es útil para determinar las personas que tienen el derecho de promover la interdicción. En realidad, la ley indica únicamente dos causas: La imbecilidad y la demencia.

La imbecilidad puede ser congénita, provenir de una enfermedad o de la vejez, la demencia es el trastorno de las ideas; una y otra tienen grados y nombres diversos, pero poco importan los calificativos empleados en patología; la clasificación de las enfermedades mentales, que todavía están mal hecha, es indiferente desde el punto de vista del derecho. Lo que el tribunal debe considerar únicamente es la aptitud física de la persona para administrar por sí misma sus propios negocios. Si estima que su razón está alterada al grado de no permitirle comprender el alcance de los actos que realiza, debe pronunciar la interdicción.

Agregan los autores supra citados que existen causales extra-legem para que proceda la interdicción, no siendo la enfermedad corporal una de ellas, indicando como tales:
1º La Vejez, sólo cuando suprima o altere la inteligencia;
2º Sordera, cuando esta seguida de una falta absoluta de educación producen una atrofia de la inteligencia, residiendo la causal de interdicción en el estado intelectual del individuo, cuya sordera no es mas que una causa remota; y,
3º Embriaguez habitual, que al igual que la sordera, no puede considerarse como una causal de Interdicción, salvo que altere las facultades intelectuales del individuo.
Agregan que debe existir una doble condición exigida por la ley para que sea declarada la Interdicción, a saber:
… 1. Es necesario que la falta de desarrollo o la alteración de las facultades intelectuales sea muy grave; si la imbecilidad sólo es debilidad de espíritu, si la locura es manía, no procede decretar la interdicción. Resulta esto implícitamente del art.499 que permite a los jueces limitarse a nombrar entonces un asesor judicial a la persona cuya interdicción se pide.

2. Es necesario, en segundo lugar, que el estado de locura, cuando está sujeta a intervalos, sea por lo menos el estado habitual de la persona (art. 489). Por tanto, no procede decretar la interdicción, si la persona únicamente sufre pérdidas pasajeras de su razón.

Pero es necesario que el estado de demencia sea continuo. Por consiguiente, la interdicción es posible incluso tratándose de un enajenado con intervalos lúcidos; es más veremos que la interdicción es útil sobre todo para este enajenado, puesto que suprime las dificultades que nacerían del estado intermitente de su capacidad.
Los tribunales de primera instancia aprecian soberanamente el estado de la persona cuya interdicción se pide, y su decisión sobre este punto que es de menor hecho, no esta sometida a la supervisión, contrôle, de la corte de casación.

Para el Dr. Hung Vaillant, la segunda fase del procedimiento de Interdicción en nuestro ordenamiento jurídico patrio, este una vez (pp.333-334; ob. Cit):
Decretada la interdicción provisional se seguirá por el procedimiento del juicio ordinario hasta llegar a sentencia definitiva. Con el decreto de interdicción provisional el juicio queda abierto a pruebas; es decir, comienza a correr el lapso previsto en el CPC para promover y evacuar pruebas conforme a las reglas del juicio ordinario (Art.734, segundo aparte, CPC). Durante el lapso probatorio se instruirán las pruebas que promueva el indiciado de demencia, su Tutor interino o la otra parte, si las hubiere. No obstante, en cualquier estado del proceso (aún finalizado el lapso probatorio), el Juez podrá admitir y acordar de oficio la evacuación de cualquier otra prueba si considera que ello puede contribuir a precisar la condición real en que se encuentra la persona cuya interdicción ha sido solicitada (Art. 734, último aparte, CPC).

La sentencia que dicte el Tribunal de Primera Instancia tiene consulta obligatoria; lo cual quiere decir que sea cual fuere la decisión del Tribunal, éste tiene que enviar el expediente respectivo al Tribunal Superior a fin de que el Superior revise el caso y ratifique o revoque lo decidido (Art. 736 CPC). Si se declara sin lugar la solicitud de interdicción, tal circunstancia no impide que pueda abrirse un nuevo juicio de interdicción cuando se presentaren nuevos hechos que lo ameriten (Art. 737 CPC).

Respecto a la Sentencia, los autores Marcel Planiol y Georges Ripert indican que en la segunda fase del procedimiento de Interdicción la sentencia puede contener algunas de las siguientes tres (3) soluciones:
1. Rechazar la demanda, si el estado mental del demandado le parece sano;
2. Decretar la interdicción, si considera demostrada la imbecilidad o la demencia; y
3. Limitarse a nombrar al demandado un asesor llamado asesor judicial (art. 499). Se trata de un término medio entre las dos primeras soluciones: se asegura cierta protección al demandado, sin pronunciar su interdicción. Cuando el tribunal decida en esta forma, es rechazada la demanda de interdicción. El nombramiento de un asesor judicial se justifica cuando el demandado está afectado de una simple debilidad de espíritu, que sin privarlo de la inteligencia de sus actos, lo deja a merced de una influencia extraña. Puede decirse que supone el debilitamiento de la voluntad, más bien que el de la razón. Los efectos de esta decisión son menos graves que los de la interdicción.

En virtud de tales consideraciones, pasa este juzgador a realizar el análisis de los requisitos de procedencia de la Acción por Interdicción intentada a tenor de lo dispuesto en el artículo 393 del Código Civil, así:
1º Respecto a la Competencia y los Sujetos legitimados: Tal como indica en actas, las partes en el presente proceso son ambas mayores de edad y la presente pretensión versa sobre la capacidad de una persona natural, por lo que, conforme al artículo 735 del Código de Procedimiento Civil, es el juez de primera instancia con competencia ordinaria, a quien corresponde conocer de la presente demanda, en consecuencia, este Tribunal es competente para conocer de la presente causa de interdicción. Así se declara.-
Por otra parte, se evidencia que la parte actora está representada por la ciudadana IDUVIRGINIA MONSALVE MACHADO, quien siendo hermana biológica del indiciado, ciudadano HERACLIO ANTONIO MONSALVE MACHADO, ambos identificados en actas, tal como se evidencia de las actas de defunción de sus padres IDUVIRGINIA MACHADO DE MONSALVE marcada “A” (FF.4-5) y JUSTO PASTOR MONSALVE CARRILLO, marcada “B” (FF.6-7), emanadas del Registro Civil del Municipio San Carlos del estado Cojedes; así como copia certificada del acta de nacimiento del indiciado, marcada “C” (FF.8-9), emanada del Registro Civil del municipio Bolívar del estado Táchira, las cuales no fueron impugnadas por la contraparte y gozan de pleno valor probatorio a tenor de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Registro Civil concatenado con el 1357 del Código Civil, en concordancia con el primer aparte del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, tiene legitimidad para solicitar la interdicción de la indiciada, conforme lo establece el artículo 395 del Código Civil. Por su parte, es una persona natural a tenor de lo dispuesto en el artículo 16 del Código Civil y de la cual no se verifica de actas que poseyese disminución en su capacidad de obrar hasta el momento de interponerse la presente acción. Encontrándose entonces cumplido el primer requisito acerca de la legitimación de los sujetos activo y pasivo en la presente acción. Así se constata.-

2º En lo concerniente a la existencia de un Defecto Intelectual como estado habitual y que la haga incapaz de proveer sus propios intereses, observa este jurisdicente que la parte actora consignó las siguientes probanzas:
2.1.- Análisis y valoración de las pruebas en fase sumaria. Verificada la cualidad del solicitante y la competencia de este órgano objetivo institucional judicial, pasa a apreciar las pruebas ordenadas por el artículo 396 del Código Civil y artículo 733 del Código de Procedimiento Civil, así:
2.1.1.- Interrogatorio del indiciado de demencia. El indiciado de demencia ciudadano HERACLIO ANTONIO MONSALVE MACHADO, identificado en actas, fue debidamente interrogado en fecha ocho (08) de enero del año 2014 (FF.33-35), acto al que no asistió la representación del Ministerio Público, no obstante haber sido debidamente notificada, constatando el Tribunal que el indiciado respondió a las preguntas que le fueron formuladas de forma Inentendible, incoherente, con balbuceos y repitiendo constantemente números tales como dos (2), ocho (8), treinta y ocho (38), lo que demuestra que el indiciado no respondió de forma coherente a las preguntas acerca de su nombre, edad, fecha de nacimiento, lugar donde vive, profesión u oficio, así como información sobre sus familiares, ascendientes y descendientes haciendo apreciar In limine que el indiciado de demencia, ciertamente padece de una disminución en su discernimiento.. Así se percibe.-

2.1.2.- Testimoniales: Rindieron sus testimonios los ciudadanos IDULAY LISETH MONSALVE DE AGEIVIS, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-8.992.309, quien manifestó ser hermana del indiciado (F.46); MARÍA JOSÉ MONSALVE MACHADO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-11.024.549, de este domicilio, quien manifestó ser hermana del indiciado (F.47); JUSTO JOSÉ MONSALVE MACHADO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-18.719.113, de este domicilio, quien manifestó ser sobrino del indiciado (F.48); y JHON ERICK MONSALVE, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-18.354.056, quien manifestó ser sobrino del indiciado (F.49), afirmando de forma conteste que HERACLIO ANTONIO MONSALVE MACHADO, padece de una enfermedad mental y que no puede valerse por sí mismo.-
Los testigos fueron contestes en sus dichos, que fueron coincidentes y no incurren en exageraciones o contradicciones, por lo que son valorados por este Tribunal conforme a los artículos 396 del Código Civil en concordancia con las reglas valorativas contenidas en los artículos 506 y 508 del Código de Procedimiento Civil, para determinar la existencia de tal disminución en su capacidad. Así se aprecian.-

2.1.3.- Informes Médicos: En fecha catorce (14) de marzo del año 2013, los Médicos Psiquiatras doctores JOSÉ ROSELIANO VIDAL ZAPATA y BELEN D. PADILLA B., inscritos en el Ministerio del Poder Popular para la Salud bajo los números 26.080 y 69.560, Colegio de Médicos bajo los números 1.118 y 1.680, realizaron informe médico psiquiátrico el día seis (6) de mayo del año 2014, evidenciando los siguientes hallazgos (FF. 64-65):

MOTIVO DE REFERENCIA: Es referido por el tribunal civil para practicarle examen médico psiquiátrico.

Los informantes refieren que Heraclio, paciente masculino de 46 años de edad, vive con su hermana actualmente, sin hijos, católico, quien es referido a esta consulta por el tribunal civil para realizarle una evaluación médico psiquiátrica.

ANTECEDENTES:
Alteración del desarrollo cognitivo.
La hermana refiere que toma aspirina.

EXAMEN MENTAL: Paciente que es acompañado por su hermana (Iduvirginia), vestido y aseado, acorde a edad, sexo, situación y contexto, vigil, colaborador dentro de sus posibilidades, fija la mirada al entrevistador, lenguaje volumen bajo, dificultad para la articulación y pronunciación de las palabras, poco fluido con escasas palabras, repetidas “ocho, ocho, ocho” (postrusión lingual), pensamiento no explorado por condición de base, afecto vacío, soso, no refieren in impresiona TSP, psicomotricidad conservada, sin conciencia de enfermedad mental, juicio de realidad alterado.

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA:
• Síndrome de Down.
• Retardo mental de moderado a grave. (Enfermedad mental suficiente).
CIE F71

CONCLUSIONES:

Por lo antes expuesto se concluye que se trata del paciente masculino de 46 años de edad, con cuadro clínico compatible con Síndrome de Down, Retardo mental de moderado a grave, el cual presenta un desarrollo mental incompleto o detenido, caracterizado principalmente por el deterioro de funciones concretas de cada época del desarrollo y que contribuyen al nivel global de inteligencia, tales como las funciones cognoscitivas, las del lenguaje, las motrices y la socialización, el retraso mental puede acompañarse de cualquier otro trastorno somático o mental.

RECOMENDACIONES:

Debe mantener control psiquiátrico.

Tal informe es determinante para establecer mediante la experticia de los facultativos designados y juramentados, que ciertamente el indiciado posee una enfermedad mental, y se le diagnostica Síndrome de Down, Retardo mental moderado a grave (Enfermedad mental suficiente), que requiere de atención médico psiquiátrica continua, la cual debe garantizar su tutora definitiva. Así se valoran.-
Así las cosas, no existiendo probanza alguna que se dirija a desvirtuar las probanzas obtenidas en la fase sumaria de este procedimiento, observa este jurisdicente que nuestra jurisprudencia patria en materia probatoria en las acciones de Interdicción Civil, citada por el autor Dr. Nerio Perera Planas en su obra Código Civil Venezolano (p.232; 1992), ha establecido que:
2- De los medios que la ley señala que el Juez forme criterio sobre el estado mental del indiciado, interrogatorio, examen médico y declaraciones de parientes o amigos, son los dos primeros los más importantes. Para un hombre prudente y sensato, como debe serlo el Juez, bastaría un interrogatorio inteligente y hábil si no para determinar científicamente el estado o grado de la enfermedad, sí para formar criterio que le indicara si el examinado se encuentra en disposición de atender su persona y sus bienes sin necesidad de representante. Y para el mismo hombre prudente es elemento que afirma o modifica su personal impresión, la exposición técnica que hagan los expertos reconocedores como consecuencia del examen. La información de los parientes o amigos juega un papel secundario, por carecer de imparcialidad en muchos casos y provenir en otros de personas desprovistas de suficiente comprensión para fundamentar una convicción en la cual deba apoyarse el Juez. No exige la ley, por otra parte, prelación entre parientes y amigos… no exige la ley tampoco ratificación de tales testimonios… CS1CDF 1-8-66. Ramírez y Garay. V. XV. Pág. 32 (Negrillas y subrayado del Tribunal).

Las supra valoradas probanzas, en especial el interrogatorio realizado por el juez provisorio en uso del principio de la inmediación y los informes técnicos realizados, permiten a este sentenciador llegar a la convicción, sin lugar a dudas, que el ciudadano HERACLIO ANTONIO MONSALVE MACHADO, identificada en actas, se encuentra en estado habitual de defecto intelectual que lo hace incapaz de proveer sus propios intereses, por lo que forzosamente, deberá este Tribunal declarar procedente la Interdicción solicitada y así lo hará expresamente en el dispositivo del presente fallo. Igualmente, habiendo sido designada tutora interina la ciudadana IDUVIRGINIA MONSALVE MACHADO, hermana del indiciado, al no existir evidencia de otro familiar directo que pueda asumir dichas funciones, se designa a la actora TUTORA del entredicho y se establece que el misma deberá permanecer habitando en el sitio que hasta el momento le ha servido de vivienda, conjuntamente con el núcleo familiar que lo conforma, tal como se evidencia del informe socio-económico que cursa en actas. Así se concluye.-

IV.- Decisión.-
Por todos los razonamientos anteriores, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la circunscripción judicial del estado Cojedes, administrando justicia conforme a derecho, en nombre de las ciudadanas y ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: CON LUGAR la solicitud de Interdicción Definitiva del ciudadano HERACLIO ANTONIO MONSALVE MACHADO, planteada por la ciudadana IDUVIRGINIA MONSALVE MACHADO, ambos identificados.
SEGUNDO: Se DECRETA la INTERDICCIÓN DEFINITIVA del ciudadano HERACLIO ANTONIO MONSALVE MACHADO, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la Cédula de Identidad número V-8.989.769, domiciliado en San Carlos, estado Cojedes.-
TERCERO: Se RATIFICA el nombramiento como TUTORA de la ciudadana IDUVIRGINIA MONSALVE MACHADO, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad número V-9.135.746 y domiciliada en la ciudad de San Carlos, estado Cojedes, en su condición de hermana del ciudadano HERACLIO ANTONIO MONSALVE MACHADO, conforme a lo establecido en los artículos 397 y 401 del Código Civil Venezolano vigente. Notifíquese mediante Boleta, a la indicada ciudadana para que manifieste su aceptación o excusa al cargo, una vez quede firme el presente fallo.-
CUARTO: Se ordena expedir por Secretaría copia certificada del presente decreto a los fines de su registro y publicación, tal como lo estatuyen los artículos 414 y 415 del Código Civil. Notifíquese a la Oficina de Registro Electoral del estado Cojedes conforme al artículo 114 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política y al Registro Civil del municipio San Carlos del estado Cojedes. Líbrense oficios una vez quede definitivamente firme el presente fallo.-
QUINTO: Remítase copia certificada del presente expediente en consulta con oficio al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la circunscripción judicial del estado Cojedes, en su oportunidad legal conforme al artículo 736 del Código de Procedimiento Civil. Líbrese oficio una vez que quede definitivamente firme el fallo.-
SEXTO: No hay condenatoria en costas en virtud de la naturaleza del presente fallo, pues, no resulto vencida parte alguna en el presente proceso, por interpretación en contrario del artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.-
Comuníquese, publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión, conforme a lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.-
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la circunscripción judicial del estado bolivariano de Cojedes, en San Carlos de Austria, a los nueve (09) días del mes de marzo del año dos mil quince (2015). Años: 204º de la Declaración de Independencia y 156º de la Federación.-
El Juez Provisorio,

Abg. Alfonso Elías Caraballo Caraballo. La Secretaria Accidental,

Abg. Ana Gregoria Sánchez Pandare.
En la misma fecha se publicó y registró la anterior decisión siendo las tres y veinte minutos de la tarde (03:20p.m.).-

La Secretaria Accidental,

Abg. Ana Gregoria Sánchez Pandare.