TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS SAN CARLOS Y RÓMULO GALLEGOS CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES.
Años: 203º y 155º
-I-
-DE LAS PARTES-
DEMANDANTE: JUAN IGNACIO VILLAQUIRAN SANDOVAL, titular de la cédula de identidad N° V-4.137.074, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 21.194, actuando en su propio nombre y representación.-
DEMANDADA: MIRIAN COROMOTO RODRIGUEZ RODRÍGUEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-8.812.123, domiciliada en la Urbanización Rómulo Gallegos, Calle Doña Bárbara, Casa N° 2-A, San Carlos, Estado Cojedes.
NO TIENE ABOGADO O APODERADO ALGUNO LEGALMENTE CONSTITUÍDO.
MOTIVO: COBRO DE BOLÍVARES (INTIMACIÓN)
SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA.
EXPEDIENTE Nº 2146/13.-
-II-
ANTECEDENTES DE LA CONTROVERSIA
Se inició la presente demanda por COBRO DE HONORARIOS PROFESIONALES, incoada por el ciudadano JUAN IGNACIO VILLAQUIRAN SANDOVAL, titular de la cédula de identidad N° V-4.137.074, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 21.194, actuando en su propio nombre y representación, contra la ciudadana MIRIAN COROMOTO RODRIGUEZ RODRÍGUEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-8.812.123, domiciliada en la Urbanización Rómulo Gallegos, Calle Doña Bárbara, Casa N° 2-A, San Carlos, Estado Cojedes.

En fecha quince (15) de marzo de 2013, se le dio entrada a la presente causa, constante de veintiún (21) folios útiles, con su respectivo anexo; y se admitió cuanto lugar en derecho por no ser contraria a las disposiciones expresas en la Ley; decretando la intimación de la parte demandada, ciudadana MIRIAN COROMOTO RODRIGUEZ RODRÍGUEZ, para que comparezca por ante este tribunal, dentro de los diez (10) días de despacho siguiente a su intimación, a pagar a la parte actora las cantidades de bolívares especificadas en el libelo por concepto de Honorarios Profesionales, o se oponga a ello o ejerza el derecho de Retasa, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 y siguientes de la Ley de Abogados.

Mediante diligencia de fecha veinticinco (25) de marzo de 2013, el ciudadano JUAN IGNACIO VILLAQUIRAN SANDOVAL, titular de la cédula de identidad N° V-4.137.074, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 21.194, actuando en su propio nombre y representación, consignó los emolumentos para las copias certificadas de la compulsa con el fin de la citación de la demanda; y en esta misma fecha consignó Alguacil los emolumentos para l practica de la citación. El tribunal acordó lo solicitado, mediante auto de fecha dos (02) de abril de 2013.-

Mediante diligencia de fecha doce (12) de junio de 2013, el ciudadano JUAN IGNACIO VILLAQUIRAN SANDOVAL, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 21.194, solicitó al Juez Temporal, abogado JOSÉ GABRIEL PÉREZ FLORES, se aboque al conocimiento de la presente causa. Asimismo, confirió Poder Apud-Acta al Abogado TOVIAS ARTEAGA; y la Secretaria certificó dicho acto.

En fecha dos (02) de julio de 2013, el ciudadano Juez Temporal JOSÉ GABRIEL PÉREZ FLORES, se abocó a la presente causa a los fines de que la misma continué su curso de ley.

En fecha veinte (20) de febrero de 2014, el alguacil de éste tribunal consignó recibo de intimación con copia certificada del libelo de la demanda con su orden de comparecencia al pie, por cuanto le fue imposible practicar la intimación de la demandada, ciudadana MIRIAN COROMOTO RODRIGUEZ RODRÍGUEZ.

-III-
FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
De la revisión de todas las actuaciones que conforman la presente causa, y a los fines de realizar el respectivo pronunciamiento este tribunal hace las siguientes consideraciones: Las únicas actuaciones válidas a los fines de evitar que se consuma fatalmente la perención, son las del IMPULSO PROCESAL, es decir, aquellas que tengan como objetivo la realización del acto procesal inmediato siguiente, en el iter procedimental; por lo que actuaciones tales como: Solicitudes de copias, sustituciones de poder, consignaciones de dinero, y otras similares, no son consideradas como actos de impulso procesal, pues ellas no persiguen la continuidad del juicio. (Resaltado del tribunal).

En tal sentido se ha pronunciado reiteradamente la Casación Venezolana, entre cuyas decisiones se citan las siguientes:
“La perención consiste en la extinción del proceso por el transcurso del tiempo previsto en la ley, sin que se hubiese verificado acto de procedimiento capaz de impulsar el curso del juicio.
Este instituto procesal encuentra justificación en el interés del estado de impedir que los juicios se prolonguen indefinidamente, y de garantizar que se cumpla la finalidad de la función jurisdiccional, la cual radica en administrar justicia; y por otra parte, en la necesidad de sancionar la conducta negligente de la parte, por el abandono de la instancia y su desinterés en la continuación del proceso.

La perención ha sido objeto de una interesante evolución jurisprudencial, que ha provocado importantes cambios en el ordenamiento jurídico venezolano.

En efecto, el artículo 212 del Código de Procedimiento Civil de 1904, establecía que “Toda instancia se extingue por el transcurso de cuatro años sin haberse ejecutado durante ellos ningún acto de procedimiento, por motivos imputables a las partes”.

Esta norma fue sustituida por el artículo 201 del Código de Procedimiento Civil de 1916, en los términos siguientes: “Toda instancia se extingue por el transcurso de tres años sin haberse ejecutado durante ellos ningún acto de procedimiento.”

Ahora bien, frente a la dualidad de criterios sostenidos por la Sala de Casación Civil y la Sala Político Administrativa, respecto de la perención por inactividad del órgano jurisdiccional, el Código de Procedimiento Civil acorde con el criterio sostenido por ésta última, en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece que:

“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención.

Esta norma incorpora importantes cambios respecto de la perención. En primer lugar, el legislador precisa que la perención se interrumpe por un acto de procedimiento de parte; en segundo lugar, crea una serie de perenciones breves; y en tercer lugar, dispone que después de vista la causa no opera la perención…(omissis).-

La Sala dejó sentado en decisión de fecha 11 de noviembre de 1998, lo siguiente: “Nuestro Código de Procedimiento civil utiliza el término instancia en dos sentidos diferentes:
Como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición exige que el Juez proceda a instancia de parte.
Como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva de fondo. En tal sentido habla el Código de jueces de instancia, o juez de primera o segunda.”.-

En relación con el significado del vocablo, expresa Carnelutti:
…la palabra demanda se reserva para significar el acto compuesto que resulta de combinar la instancia con la apelación, la voz más adecuada para designar el acto cuya noción he intentado esbozar es instancia; la prefiero a solicitud, porque expresa mejor el concepto de estímulo, y casi diríamos de impulso, a hacer.
En la disposición del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, el término instancia es utilizado como impulso. El proceso se inicia a impulso de parte, y este impulso perime en los supuestos de esta disposición legal, provocando su extinción.

Ahora bien, otro aspecto de importancia que fue determinado en la jurisprudencia tanto de la Sala de Casación Civil, como de la Sala Político Administrativa, es que no todo acto de procedimiento de parte impide la consumación de la perención, sino sólo aquél que contenga implícita la intención de impulsar el proceso. Así, por ejemplo, ambas Salas han establecido de forma reiterada que la solicitud de copias certificadas o la consignación de escritos, en modo alguno constituyen manifestaciones de la intención de la parte en dar continuación al proceso y, por tanto, esos actos no son capaces de interrumpir la perención. En el caso particular de la perención, debe tomarse en consideración que este instituto procesal opera de pleno derecho al cumplirse los requisitos exigidos en la ley; el transcurso del tiempo sin impulso procesal de las partes, y produce el efecto de extinguir el proceso a partir de que ésta se produce y no desde que es declarada por el juez, por tanto la declaratoria del juez sólo reconoce un hecho jurídico ya consumado, y sus efectos producidos. (Sala de Casación Civil, 20 de diciembre de 2001. Exp. Nº AA20-C-1951-000001).

De modo pues que no existe ningún género de dudas, la Única Actividad capaz de evitar la perención, son las actuaciones de impulso procesal de las partes, entendiendo por estas, solamente aquellas que persigan la continuación de la causa y la realización del acto procesal inmediato siguiente.

En consecuencia, como se explanó anteriormente desde el veinticinco (25) de marzo de 2013, hasta la presente fecha, efectivamente transcurrió más de Un (1) año sin que se hubiese realizado ningún acto de impulso válido en la presente causa.
El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, prevé:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención… Omissis”.

De la lectura de la norma supra transcrita se colige, y así lo ha interpretado tanto la doctrina, como la jurisprudencia, que son requisitos de procedencia de la denominada “Perención Anual”:

1.- Que haya transcurrido más de un (1) año sin que se realice ningún acto de “impulso procesal” en la causa.
2.- Que esa inactividad sea atribuible exclusivamente a las partes, es decir que ninguna de las partes haya realizado actuaciones en el expediente considerándose como actuaciones de “impulso procesal”, sólo aquellas que realmente persigan la realización del acto procesal inmediato siguiente en la causa, por lo que no se consideran actuaciones de “impulso procesal”, solicitudes que no persigan dicho fin, tales como: solicitudes de copias, otorgamiento de poderes apud-acta, diligencias de “revisión” del expediente y otras similares.
3.- No se consideran tampoco actos de “impulso procesal de las partes” las actuaciones del tribunal, concretamente aquellas que no guarden relación con el fondo de lo debatido, tales como inhibiciones, recusaciones, declinatorias de competencia.
4.- La demora en el dictamen de la sentencia, tampoco produce perención pues la expresión del legislador “…después de vista la causa…”; debe ser entendida como “…después de la presentación de los informes y sus respectivas observaciones…”.

En el caso de autos, la presente causa se encontraba en fase de citación, esto es, no se encontraba en fase de sentencia, por lo que ciertamente se cumplen los requisitos de procedencia de la perención anual.
DISPOSITIVA
Por la razones de hecho y de derecho, este Juzgado de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara CONSUMADA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en la presente causa, de conformidad con lo establecido en el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.
No hay condenatoria en costas por imperio del artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE
Déjese copia certificada por Secretaría de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dado, firmado y sellado en la sala de Despacho del Juzgado de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes; en San Carlos a los veintisiete (27) días del mes de marzo del año dos mil catorce (2014). AÑOS: 203º de la Independencia y 155º de la Federación.
El Juez Provisorio,

Abg. VICENTE A. APONTE MORALES.
La Secretaria,

Abg. FELIXANA MÁRQUEZ M.
En la misma fecha de hoy, veintisiete (27) de marzo del año dos mil catorce (2014), se publicó y registró la anterior decisión, siendo las once de la mañana (11:00 a.m).-
La Secretaria,

Abg. FELIXANA MÁRQUEZ M.

Expediente N° 2146/13.-
VAAM/felixana.