TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
PODER JUDICIAL.

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES.
Años: 204° y 155°.-

I.- Identificación de las partes, la causa y la decisión.
Accionante: ROSMAITHE LISSET AULAR DIAZ, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad número V-10.323.785, domiciliada en la ciudad de San Carlos, estado bolivariano de Cojedes.-
Defensor Público: EUCLIDES JOSÉ HERRERA, venezolano, mayor de edad, profesional del derecho inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (Inpreabogado) bajo el número 49.050.

Indiciada: YUCELIN CLARET AULAR DIAZ, venezolano, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad número V-15.486.401, domiciliada en San Carlos, estado bolivariano de Cojedes.-

Motivo: Interdicción.-
Sentencia: Decreto de Interdicción Provisional (Interlocutoria).-
Expediente Nº 5637.-

II.- Antecedentes.-
Se inició la presente causa mediante escrito presentado en fecha dieciocho (18) de marzo del año 2014, por el abogado EUCLIDES JOSÈ HERRERA, quien actúa en representación de la ciudadana ROSMAITHE LISSETT AULAR DIAZ, por INTERDICCIÓN, en el cual aparece como indiciada la ciudadana YUCELIN CLARET AULAR DIAZ, antes identificados. Acompañó los recaudos respectivos y previa distribución de causas ante el Juzgado Distribuidor de ésta misma Circunscripción Judicial, fue asignada a éste Juzgado, dándosele entrada en fecha diecinueve (19) de marzo del año 2014.
En fecha veintiuno (21) de marzo del año 2014, el Tribunal admitió la demanda presentada y en virtud de la naturaleza de la acción intentada, acordó proceder a la investigación sumaria de los hechos imputados. De igual manera, se acordó el traslado y constitución del Tribunal para el sexto (6°) día de despacho siguiente a la notificación de la representación Fiscal del Ministerio Público, tal como lo preceptúa el artículo 130 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el ordinal 1º del artículo 131 eiusdem. Se ordenó el emplazamiento mediante Edicto de todas aquellas personas que pudieran tener interés directo y manifiesto en el juicio para comparecer por ante éste Tribunal y hacerse parte en el juicio. Se libró boleta de notificación y Edicto.
El día veintiuno (21) de abril del año 2014, la ciudadana ROSMAITHE LISSETT AULAR DIAZ, asistida por el abogado EUCLIDES JOSÉ HERRERA, mediante diligencia, dejó constancia de la consignación a este Juzgado, de los medios necesarios para la práctica de la notificación de la representación Fiscal del Ministerio Público. En esa misma fecha, la Secretaria del Tribunal deja constancia de haber fijado en la Cartelera del Tribunal, un ejemplar del Edicto librado en la presente causa, dando así cumplimiento a lo establecido en el artículo 507 del Código de Procedimiento Civil y a lo ordenado en el auto dictado por éste Tribunal en fecha veintiuno (21) de marzo del año 2014.
Por diligencia de fecha cinco (5) de mayo del año 2014, el ciudadano Alguacil de este Juzgado, consignó boleta de notificación, haciendo constar que notificó en esa misma fecha, a la ciudadana Fiscal IV Auxiliar del Ministerio Público con Competencia en el sistema de Protección del, Niño y del Adolescente del estado Cojedes.
En la oportunidad fijada para que tuviera lugar el acto de interrogatorio de la indiciada, ciudadana YUCELIN CLARET AULAR DIAZ, el día quince (15) de mayo del año 2014, siendo las dos de la tarde (2:00p.m.), se anunció el mismo a las puestas del Tribunal por el Alguacil de este Juzgado y no estando presente la representación del Ministerio Público, el Tribunal así lo hizo constar.
El día veintisiete (27) de mayo del año 2014, la ciudadana ROSMAITHE LISSETT AULAR DIAZ, asistida por el abogado EUCLIDES JOSÉ HERRERA, consignó ejemplares de los diarios “Ultimas Noticias” y “Las Noticias de Cojedes”, ambos de fecha veintiuno (21) de mayo del año 2014, donde aparece el edicto librado en la presente causa, por lo que, el Tribunal, para su mejor manejo ordenó el desglose de los mismos y agregarlo a los autos.
En fecha tres (3) de junio del año 2014, la ciudadana ROSMAITHE LISSETT AULAR DIAZ, asistida por el abogado EUCLIDES JOSÉ HERRERA, mediante diligencia solicitó, fijar nueva oportunidad para practicar el interrogatorio de la indiciada ciudadana YUCELIN CLARET AULAR DIAZ, y practicar nuevamente la notificación de la representante Fiscal del Ministerio Público; el Tribunal en fecha seis (06) de junio de ese mismo año, acordó lo solicitado y se concierta nuevamente el traslado y constitución del Tribunal para el quinto (6°) día de despacho siguiente a que conste en autos la notificación de la representación Fiscal del Ministerio Público, a las dos de la tarde (02.00 p.m.), tal como lo establece el artículo 130 del Código de Procedimiento Civil.
Por auto de fecha dieciocho (18) de junio del año 2014, el ciudadano Alguacil de este Juzgado, consignó boleta de notificación, haciendo constar que notificó en esta misma fecha a la ciudadana Fiscal IV Auxiliar del Ministerio Público con Competencia en el sistema de Protección del, Niño y del Adolescente del estado Cojedes.
En fecha primero (1º) de julio del año 2014, siendo la oportunidad fijada para que tuviera lugar el acto de interrogatorio de la indiciada YUCELIN CLARET AULAR DIAZ, el mismo se llevó a cabo efectivamente. Asimismo se efectuó en su oportunidad legal correspondiente, el acto de interrogatorio de los familiares y amigos de la indiciada, tal como lo establece el artículo 733 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 396 del Código Civil.
En fecha siete (7) de julio del año 2014, el Tribunal acordó fijar el tercer día de despacho, Acto de Interrogatorio de los familiares o amigos, donde se libró boleta de notificación al Fiscal IV Auxiliar del Ministerio Público con Competencia en el sistema de Protección del, Niño y del Adolescente del estado Cojedes.
En fecha veintiuno (21) de julio del año 2014, el ciudadano Alguacil de este Juzgado, consignó boleta de notificación, haciendo constar que notificó en esta misma fecha a la ciudadana Fiscal IV Auxiliar del Ministerio Público con Competencia en el sistema de Protección del, Niño y del Adolescente del estado Cojedes.
En fecha veintiocho (28) de julio del año 2014, la ciudadana ROSMAITHE LISSETT AULAR DÌAZ, solicitó a este Tribunal, fijar nueva oportunidad para que el Acto de Interrogatorio de los familiares o amigos, por cuanto los mismos no pudieron comparecer en la oportunidad señalada; siendo acordada por auto de fecha treinta y uno (31) de julio del año 2014, donde se libró boleta de notificación al Fiscal IV Auxiliar del Ministerio Público con Competencia en el sistema de Protección del, Niño y del Adolescente del estado Cojedes.
Por auto de fecha cinco (5) de agosto del año 2014, el ciudadano Alguacil de este Juzgado, consignó boleta de notificación, haciendo constar que notificó en esta misma fecha a la ciudadana Fiscal IV Auxiliar del Ministerio Público con Competencia en el sistema de Protección del, Niño y del Adolescente del estado Cojedes.
Por auto de fecha once (11) de agosto del año 2014, oportunidad fijada por este Tribunal para que tenga lugar Acto de Interrogatorio de los ciudadanos LUÌS AUGUSTO ARÌAS, LUISA TERESA HERRERA, IRIS MARCELINA GARMENDIA CARMONA y HOWUARD HOWUALDO HERRERA HERRERA, encontrándose presentes los mismo, se procedió a dicho Acto conforme a lo establecido en el artículo 733 del Código de Procedimiento Civil.
En la presente causa fueron cumplidas con todas y cada una de las designaciones, notificaciones y juramentaciones de los dos Facultativos ordenadas por ley, recayendo en los doctores JOSÉ ROSELIANO VIDAL ZAPATA y BELEN D. PADILLA B., ambos médicos psiquiatras, a fin de que examinen a la indiciada YUCELIN CLARET AULAR DIAZ, de conformidad con el artículo 733 del Código de Procedimiento Civil.
Por diligencia de fecha cinco (5) de noviembre del año 2014, el ciudadano Alguacil de este Juzgado, consignó boleta de notificación, haciendo constar que notificó en esta misma fecha a la ciudadana BELEN D. PADILLA B., y en fecha diez (10) de noviembre del año 2014, consignó boleta de notificación del ciudadano JOSÉ ROSELIANO VIDAL ZAPATA.
Mediante diligencia de fecha nueve (9) de diciembre del año 2014, suscrita por los ciudadanos Dra. BELÉN D. PADILLA B., y Dr. JOSÉ ROSELIANO VIDAL ZAPATA, en su condición de Médicos Psiquiatras designados y juramentados facultativos en la presente causa, consignaron Informe Médico Psiquiátrico de la indiciada, ciudadana YUCELIN CLARET AULAR DIAZ.-

III.- Acerca de la interdicción provisional por defecto intelectual.-
Estando la causa para decidir acerca de la Interdicción Provisional del indiciado, este Órgano Subjetivo Institucional Pro Tempore Ex Necesse (Por el tiempo que sea necesario), pasa a hacer las siguientes consideraciones de índole legal, doctrinario y jurisprudencial:
1º Nuestro Código Civil establece respecto a la Interdicción en su artículo 393 que “El mayor de edad y el menor emancipado que se encuentren en estado habitual de defecto intelectual que los haga incapaces de proveer a sus propios intereses, serán sometidos a interdicción, aunque tengan intervalos lúcidos”. Por su parte el artículo 396 eiusdem establece:
Artículo 396. La interdicción no se declarará sin haberse interrogado a la persona de quien se trate, y oído a cuatro de sus parientes inmediatos, y en defecto de éstos, amigos de su familia.
Después del interrogatorio podrá el Juez decretar la interdicción provisional y nombrar un tutor interino.
…

Finalmente, el artículo 403 ídem instituye que “La interdicción surte efecto desde el día del decreto de interdicción provisional”. Así se constata.-
Por su parte, la norma adjetiva Civil Venezolana establece que:
Artículo 733. Luego que se haya promovido la interdicción, o que haya llegado a noticia del Juez que en alguna persona concurrieren circunstancias que puedan dar lugar a ella, el Juez abrirá el proceso respectivo y procederá a una averiguación sumaria sobre los hechos imputados; nombrará por lo menos dos facultativos para que examinen al notado de demencia y emitan juicio, y practicará lo dispuesto en el artículo 396 del Código Civil y lo demás que juzgue necesario para formar concepto.

Artículo 734. Si de la averiguación sumaria resultaren datos suficientes de la demencia imputada, el Juez ordenará seguir formalmente el proceso por los trámites del juicio ordinario; decretará la interdicción provisional y nombrará tutor interino, con arreglo a lo dispuesto en el Código Civil.
Por el hecho mismo de haberse decretado la interdicción provisional, quedará la causa abierta a pruebas, instruyéndose las que promuevan el indiciado de demencia o su tutor interino y la otra parte, si la hubiere, y las que el Juez promueva de oficio.
Además, en cualquier estado del proceso el Juez podrá admitir y aun acordar de oficio la evacuación de cualquiera otra prueba, cuando considere que puede contribuir a precisar la verdadera condición del indiciado de demencia.

A la luz de las citadas normas sustantivas y adjetivas, se verifica que pueden ser sujetos, objeto de interdicción, tanto la persona natural mayor de edad, como el menor de edad, que se encuentre emancipado, no operando la misma en contra del menor de edad, pues este tiene un régimen especial de Protección por parte de sus padres, cuando posea un defecto intelectual que lo haga incapaz de proveer sus propios intereses, aún cuando dicho estado no sea habitual, es decir, aunque tenga intervalos de lucidez el indiciado. Para que sea procedente el decreto de interdicción provisional, deben ser oídos previamente por el juez: la persona indiciada de demencia y a cuatro (4) parientes inmediatos, o en caso de no ser así, a cuatro (4) amigos de la familia; igualmente, deberán ser nombrados en esa fase sumaria a dos (2) facultativos para que rindan su opinión experta sobre el estado mental del indiciado. Así se determina.-
Ello así, de la averiguación sumaria realizada, dos (2) pueden ser las resultas de ella:
a) La falta de elementos para decretar la Interdicción Provisional causará la declaratoria judicial de NO HA LUGAR la Interdicción, lo cual no obsta que pueda ser intentada nuevamente según lo establece el artículo 737 del Código de Procedimiento Civil.
b) En caso de considerar suficientes las probanzas indicadas, el Tribunal declarará la INTERDICCIÓN PROVISIONAL, nombrará Tutor Interino, ordenándose seguir la presente causa por el procedimiento ordinario contenido en el Código de Procedimiento Civil, quedando abierto a pruebas el mismo el día de despacho siguiente al indicado decreto.

2º El autor patrio Dr. Nerio Perera Planas en su obra Código Civil Venezolano, al citar a Escriche, establece como definición de interdicción la (pp.231-232; 1992):
… la “suspensión de oficio, o la prohibición de que se hace a uno de continuar en el ejercicio del empleo, cargo, profesión o ministerio… El estado de una persona a quien se ha declarado incapaz de los actos de la vida civil por causa de mentecatez, demencia o prodigalidad, privándola en su consecuencia del manejo y administración de sus bienes y negocios, consecuencia del manejo y administración de sus bienes y negocios, para cuyo cuidado se le nombra un curador sujeto a las mismas reglas y obligaciones que los tutores o curadores de los menores… la doctrina francesa define la interdicción civil o judicial diciendo que “es una sentencia por medio de la cual, un tribunal civil, después de haber comprobado la enajenación mental de una persona, le retira la administración de sus bienes…” Según la doctrina alemana, con referencia a la enfermedad o debilidad mental, ésta debe tener un alcance tal que el interesado no pueda atender sus negocios, comprendiéndose entre éstos el cuidado de su propia persona y todas las tareas que incumben al hombre en relación con sus semejantes en particular, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes… La falta de conocimiento o las perturbaciones meramente transitorias de la actividad del espíritu, no determinan la incapacidad de obrar, pero son nulas las declaraciones de voluntad emitidas en tal estado. Dr. Mateo Goldstein.
2.- En el Derecho venezolano, el defecto no requiere que sea notorio, pero sí grave y habitual, y quien lo sufre debe verse privado de voluntad y discernimiento, es decir, que se afecten la inteligencia y la memoria, que son facultades intelectuales, así como la formación y manifestación de la propia voluntad, que son facultades volitivas. Y todo ello aunque el sujeto tenga intervalos lucidos.

Por su parte, la Dra. Yolanda Jaimes G., quien actualmente se desempeña como magistrada de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en su obra La Interdicción refiere respecto a la naturaleza del procedimiento de Interdicción que:
… el Código de Procedimiento Civil vigente desde el 16 de marzo de 1987,incluye entre los procedimientos contenciosos este de la interdicción, y quizás por tratarse de un juicio donde por lo general no existe parte demandada ni verdadera contradicción, prefiere hablar de contencioso especial (p.81; 1999).

Continúa indicando la autora de marras que:
Se trata de un procedimiento contencioso especial, debido a la circunstancia de que, por lo general, es un juicio donde no existe contradicción propiamente dicha, ni parte demandada, sino una conjunción de intereses del Estado y del enfermo mental. Ello a pesar de que, cuando existe interés en proteger bienes cuantiosos de fortuna del alienado, si surge verdadera contradicción y entonces la litis se traba con tanto empuje y vigor como si estuviesen discutiendo derechos hereditarios o el cobro de una suma de dinero elevada.
En el procedimiento judicial de interdicción, al juez corresponde la función principal, como se ha señalado en capítulos anteriores, pues debe investigar datos y circunstancias que conduzcan a la necesidad de decretar la interdicción, previo interrogatorio al demandado o demente, oír al menos a cuatro parientes del indiciado y requerir el concurso o la colaboración y opinión de por los menos dos facultativos o médicos especialistas.
La acción del juez, si encontrare razones para decretar la interdicción, ha de ser rigurosa. Es así como la ley permite, dada la urgente designación de un tutor provisional o interino, que es consecuencia del decreto de interdicción provisional. Pero el juez no está obligado en todos los casos a decretar esa providencia cautelar especial. Ello debe ocurrir únicamente cuando la urgencia de la situación planteada así lo exija. La facultad del juez es discrecional.
La interdicción se promueve y decide en juicio ordinario. Es competente para conocer de este juicio el Juez que ejerza la jurisdicción especial de los asuntos de familia, y, en su defecto, el de Primera Instancia que ejerza la plena jurisdicción ordinaria, pero los jueces de Departamento, Distrito, Parroquia o Municipio pueden practicar las diligencias sumariales y remitirlas a aquél, sin decretar la formación del proceso ni la interdicción provisional (Art. 735 Cod. Proc. Civil).
Como vemos, el Juez competente puede dar comisión a los jueces de menor jerarquía para practicar las diligencias sumáriales, pero éstos no pueden decretar ni la formación del proceso ni la interdicción provisional (Ob. cit., pp.84-85).

En lo concerniente a los estados del juicio indica la doctrinaria patria que (ob.cit., p.100) que:
Como es sabido, el juicio de interdicción consta de dos estados: Sumario y Plenario.
El estado Sumario comienza con la solicitud de interdicción o auto para proceder de oficio, y termina con el decreto de interdicción provisional.
Respecto del procedimiento y la forma de declaración, … debe hacerse sumariamente, lo cual es interpretado en el sentido de que si en el acto de jurisdicción voluntaria que se precisa para la declaración de la capacidad surge oposición y se hace contencioso el expediente, habrá de tramitarse aquella por las reglas relativas al procedimiento de los incidentes y no del juicio ordinario, por exigirlo así la condición sumaria del procedimiento establecido por la ley”.
“El estado plenario empieza con la sentencia provisional y aceptación del tutor, sigue con el lapso probatorio y termina con la sentencia definitiva.

Respecto a la Interdicción provisional la citada autora precisa que (ob. cit., p.95):
… Esta sentencia provisional es la primera que se dicta en el estado sumario del juicio que es contencioso en los términos señalados anteriormente. Si la sentencia definitiva confirma la provisional, es evidente que la incapacidad existió desde entonces. “Se trata de una sentencia ejecutoriada y que por lo mismo no tendrá aquel resultado el fallo en que se haya admitido apelación en ambos efectos”. La sentencia en que se declara la interdicción provisional no debe admitir apelación sino en un solo efecto, puede decretarse en cualquier estado de la causa y el juez debe hacerlo así antes de la sentencia definitiva, si hubiere motivos suficientes para ello. El venezolano Luís Sanojo menciona el principio procesal según el cual, de las sentencias interlocutorias no se admite apelación en el efecto suspensivo cuando es urgente su ejecución. Y no debe dudarse de que en el caso de decretarse la interdicción provisional, tal urgencia existe.

En último lugar, de tal decreto de Interdicción provisional se deriva la necesidad del nombramiento de un tutor interino, pues asevera la autora en comentarios que:
En materia de interdicción, el peligro ocasionado por la tardanza de la providencia principal (nombramiento de tutor definitivo) o por la lentitud del juicio ordinario, llevó al legislador a crear una medida provisional de seguridad (tutoría provisional), pues sólo así se logra una eficaz protección al derecho que tiene el enfermo y su familia de resguardar su patrimonio contra la mala fe de quien desee contratar con él (ob.cit., p.45).

Por su parte, el Dr. Perera Planas respecto al interrogatorio del indiciado de demencia, citando al jurista cojedeño Dr. Arminio Borjas, que (ob. cit; pp.232-233):
JURISPRUDENCIA
1- Del texto del artículo que se deja transcrito, se infiere que es requisito esencial para que pueda decretarse la interdicción de una persona que ésta sea interrogada… constituye norma de orden público cuyo quebrantamiento da lugar a que se decrete la nulidad de los actos de procedimiento posteriores al incumplimiento de esa disposición legal y a que se decrete la reposición. JTR 4-3-58. Vol. VII. T. II. Pág. 127”.
“2- De los medios que la ley señala que el Juez forme criterio sobre el estado mental del indiciado, interrogatorio, examen médico y declaraciones de parientes o amigos, son los dos primeros los más importantes. Para un hombre prudente y sensato, como debe serlo el Juez, bastaría un interrogatorio inteligente y hábil si no para determinar científicamente el estado o grado de la enfermedad, sí para formar criterio que le indicara si el examinado se encuentra en disposición de atender su persona y sus bienes sin necesidad de representante. Y para el mismo hombre prudente es elemento que afirma o modifica su personal impresión, la exposición técnica que hagan los expertos reconocedores como consecuencia del examen. La información de los parientes o amigos juega un papel secundario, por carecer de imparcialidad en muchos casos y provenir en otros de personas desprovistas de suficiente comprensión para fundamentar una convicción en la cual deba apoyarse el Juez. No exige la ley, por otra parte, prelación entre parientes y amigos… no exige la ley tampoco ratificación de tales testimonios… CS1CDF 1-8-66. Ramírez y Garay. V. XV. Pág. 32.

DOCTRINA
1- El interrogatorio del indiciado de demencia es requisito esencial para que pueda ser decretada la interdicción. Constituye una garantía para aquél, y seria impropio pronunciar, por lo que a él respecta, una determinación tan grave, como la que le priva del ejercicio de sus derechos civiles, sin habérsele oído, pues el interrogatorio no sólo sirve para que el Juez pueda cerciorarse del verdadero estado de debilidad o de plena salud mental del interrogado, sino que es para éste un medio de defensa, el más precioso y seguro de todos. No siempre, en efecto y por desgracia, se promueve la interdicción de buena fe y en interés del presunto entredicho. No es obligatorio que el Juez de la causa practique por sí mismo el interrogatorio, y en caso de necesidad puede dar comisión al efecto; pero convendrá que, de ser posible, proceda personalmente. Sólo es esencial que se l practique una vez, pero el Tribunal deberá repetirlo en cada ocasión que lo considere necesario, especialmente cuando haya indicios de que el paciente tiene intervalos lúcidos o sufre recrudescencias en épocas o circunstancias determinadas. Arminio Borjas (Negrillas y subrayado del Tribunal)

Finalmente, respecto a los efectos de la Interdicción observamos que la Dra. María Candelaria Domínguez Guillén, en su obra Ensayos sobre capacidad y otros temas de derecho civil, manifiesta que:
El efecto básico de la sentencia de interdicción es el sometimiento a un régimen de tutela, el cual es un régimen de representación por tratarse de una incapacidad absoluta. La persona además pierde el libre gobierno de su persona. Los actos que realice el entredicho por sí solo quedan viciados de nulidad relativa (pp.328-329; 2006).

Con fundamento al texto citado y sintetizando los efectos de tal declaratoria de Interdicción Provisional, tenemos, que a partir de su decreto, el indiciado de demencia queda:
1º Privado del gobierno de su persona, debiendo permanecer bajo la potestad y guarda del tutor, no siendo posible que realice actos personales o patrimoniales por sí solo.
2º Afectado por una incapacidad de obrar plena, general y uniforme, es decir, no podrá realizar negocios jurídicos por su propia voluntad, sino que deberá contar con la autorización de su tutor, quien tiene la representación y administración de los bienes del entredicho, el cual carece de capacidad negocial o procesal. No así, de la capacidad delictual, pues el entredicho judicial responde de su propio hecho ilícito si ha obrado con discernimiento, pues aunque la sentencia de Interdicción hace presumir la falta de este, será carga del entredicho demostrar la falta de discernimiento, conforme al artículo 1186 del Código Civil.
3º Afectados de nulidad relativa todos los actos realizados con posterioridad a su interdicción, desde que se decreta la interdicción provisional, conforme a los artículos 403 y siguientes del Código Civil.
De los aportes derivados de la doctrina y la jurisprudencia podemos concluir, que el juez en la fase Sumaria del proceso de Interdicción, al momento de determinar acerca de la procedencia o no de la Interdicción Provisional deberá:
I.- Pronunciarse acerca de la cualidad del solicitante y su competencia.
II.- Pronunciarse acerca de la procedencia de la Interdicción Provisional, valorando: El interrogatorio del Indiciado de demencia; los testimonios de los familiares o parientes inmediatos o en su defecto amigos de la familia; el dictamen de los dos (2) facultativos debidamente nombrados y juramentados; y, cualquier otra prueba que considere pertinente.
III.- En caso de decretarse la Interdicción provisional, nombrar Tutor Interino y continuar la causa por el procedimiento ordinario, aperturándose el lapso probatorio a partir de la fecha de dicho decreto. Así se concluye.-

IV.- Pronunciamiento en fase sumaria del procedimiento de Interdicción.-
IV.1.- Cualidad del sujeto activo y competencia. Habiendo sido promovida la presente solicitud de Interdicción por la ciudadana ROSMAITHE LISSET AULAR DIAZ, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad número V-10.323.785 y domiciliada en la ciudad de San Carlos, estado bolivariano de Cojedes, asistida por el abogado EUCLIDES JOSÈ HERRERA, venezolano, mayor de edad, profesional del derecho inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (Inpreabogado) bajo el número 49.050, en contra de la ciudadana YUCELIN CLARET AULAR DIAZ, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad número V-15.486.401, domiciliada en San Carlos, estado bolivariano de Cojedes, quien nació en fecha trece (13) de abril del año 1973, alegando la solicitante que la indiciada es su hermana, a tal efecto, consignó copias certificadas de las actas de defunción de sus padres AURA TERESA DIAZ HERRERA (F.13) y PORFIRIO AULAR (F.14); así como copia certificada de su acta de nacimiento (F.12) y de la indiciada (F.11), todas emanadas del Registro Civil del Municipio San Carlos del estado Cojedes, siendo las mismas documentos públicos o auténticos, salvo prueba en contrario, de los cuales se evidencia el lazo de consaguinidad existente entre ellos, conforme a lo establecido en el artículo 1384 del Código Civil y los artículos 11 y 77 de la Ley de Registro Civil. Así se aprecian.-
Ahora bien, acerca de quién puede solicitar la Interdicción, contempla nuestro el artículo 395 del Código Civil vigente que “Pueden promover la interdicción: el cónyuge, cualquier pariente del incapaz, el Síndico Procurador Municipal y cualquier persona a quien le interese. El Juez puede promoverla de oficio”. Así se evidencia.-
Y en lo atinente a la competencia, establece nuestro Código de Procedimiento Civil que:
Artículo 735. El Juez que ejerza la jurisdicción especial de los asuntos de familia y, en su defecto, el de primera instancia que ejerza la plena jurisdicción ordinaria, es el competente en estos juicios, pero los de Departamento o de Distrito o los de Parroquia o Municipio pueden practicar las diligencias sumariales y remitirlas a aquél, sin decretar la formación del proceso ni la interdicción provisional.

Ello así, este jurisdicente observa, que habiendo sido solicitada la interdicción por la hermana de la indiciada de demencia y siendo esta mayor de edad, se verifica la cualidad de la solicitante y la competencia de este Tribunal conforme lo establecen el artículo 395 del Código Civil y el artículo 735 del Código de Procedimiento Civil. Así se declara.-

IV.2.- Análisis y valoración de las pruebas en fase sumaria. Verificada la cualidad del solicitante y la competencia de este órgano objetivo institucional judicial para conocer de la presente causa, pasa a apreciar las pruebas ordenadas por el artículo 396 del Código Civil y artículo 733 del Código de Procedimiento Civil, así:
IV.2.1.- Interrogatorio de la indiciada de demencia. La indiciada de demencia ciudadana YUCELIN CLARET AULAR DIAZ, identificada en actas, fue debidamente interrogada en fecha primero (1º) de julio del año 2014 (FF.41-42), acto al que no asistió la representación del Ministerio Público, aun cuando fue debidamente notificada, constatando el Tribunal que la indiciada respondió a las preguntas que le fueron formuladas con un lenguaje incompleto, a pesar de manejar cierta información real, de forma selectiva, sobre hechos específicos que conoce de su grupo familiar, no obstante, carece de orientación temporal y geográfica, haciendo apreciar In limine que la indiciada de demencia, ciertamente padece de una disminución en su discernimiento. Así se percibe.-

IV.2.2.- Testimoniales: Rindieron sus testimonios los ciudadanos LUÌS AUGUSTO ARÌAS, LUISA TERESA HERRERA, IRIS MARCELINA GARMENDIA CARMONA y HOWUARD HOWUALDO HERRERA HERRERA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad números V-2.838.809, V.-3.693.965, V.-10.321.621 y V.-19.620.075 en su orden (FF.52-53), siendo contestes en afirmar que YUCELIN padece de una enfermedad mental (Síndrome de Down) y que no puede valerse por sí misma.-
Los familiares y amigos cercanos, al rendir testimonio fueron contestes en sus dichos, que fueron coincidentes y no incurren en exageraciones o contradicciones, por lo que son valorados por este Tribunal conforme a los artículos 396 del Código Civil en concordancia con las reglas valorativas contenidas en los artículos 506 y 508 del Código de Procedimiento Civil, para determinar la existencia de tal disminución en su capacidad. Así se aprecian.-

IV.2.3.- Informes Médicos: En fechas nueve (9) de diciembre de 2014, los Médicos Psiquiatras doctores JOSÉ ROSELIANO VIDAL ZAPATA y BELEN D. PADILLA B., inscritos en el Ministerio del Poder Popular para la Salud bajo los números 26.080 y 69.560, Colegio de Médicos bajo los números 1.118 y 1.680, realizaron informe médico psiquiátrico el día veinte (20) de noviembre de 2014, evidenciando los siguientes hallazgos (FF. 164-165):

Motivo de Referencia: Para practicarle examen Psiquiátrico.
Antecedentes familiares: Madre, Muerta (sic) Cáncer de Vejiga. Padre, Muerto, de Miocardiopatica Chagasica. Unión estable de Hecho que procrearon 3 hijos (1 varón y 2 hembras).

Antecedentes Personales: Producto de III gesta. E.S.N.A.T. Parto hospitalario eutócico. Desarrollo Psicomotor anormal: camino a los 3 años, tardo en hablar, control de esfínteres a los 8 años. Esquema de Inmunizaciones completo. Asistió a una Escuela de Educación Especial, no sabe leer ni escribir. Soltera sin hijos.

Antecedentes Patológicos Personales: síndrome de Down. Eruptivas en la Infancia sin complicaciones. Cardiopatía congénita (Comunicación interauricular). Anemia Férrica. Dengue Hemorrágico en el año 2004.
Examen Mental: Yucelin entra al consultorio por sus propios medios en compañía de su hermana (Rosmaithe Aular). Viste ropa acorde a su edad y sexo con buen arreglo personal. Esta consciente, vigil, atente (sic) en la medida de sus posibilidades. Desorientada en tiempo y espacio, mas no en persona. Lenguaje de tono bajo, lacónico con problemas de articulación y pronunciación de las palabras. Memoria alterada. Afectividad vacía “sosa”, poco resonante. Psicomoricidad (sic) se mantuvo tranquila durante la entrevista. No refiere, ni evidencio alteraciones sensoperceptivas. Pensamiento concreto, poco productivo. Juicio alterado. Inteligencia es evidente que está por debajo del promedio (subnormal).

I.D.: Síndrome de Down.
Retardo Mental Moderado (C.I.E.F.71) (Enfermedad Mental Suficiente)

Conclusión: Por lo antes expuesto se concluye que se trata de adulto femenino de 41 años de edad con clínica compatible con Síndrome de Down y Retardo Mental Moderado en el cual se evidencia la presencia de un desarrollo mental incompleto o detenido, caracterizado principalmente por el deterioro de función. Se concreta de cada época del desarrollo y que contribuyen al nivel global de la inteligencia, tales como las funciones cognitivas, la del lenguaje. (sic) Las motrices y la socialización, el retardo mental puede acompañarse de cualquier otro trastorno somático o mental.

Se recomienda mantener en control psiquiátrico.

Tal informe es determinante para establecer mediante la experticia de los facultativos designados y juramentados, que ciertamente la indiciada posee una enfermedad mental, y se le diagnostica Síndrome de Down, Retardo mental moderado (C.I.E.F.71) (Enfermedad mental suficiente), que requiere de atención médico psiquiátrica continua, la cual debe garantizar su tutora interina. Así se valoran.-

IV.3.- Conclusión probatoria. Valorados conjuntamente como han sido el interrogatorio de la indiciada, las testimoniales de los familiares y amigos y los informes médicos rendidos por los facultativos, resultan pruebas suficientes para determinar la procedencia del decreto de Interdicción Provisional de la ciudadana YUCELIN CLARET AULAR DIAZ, identificada en actas, quien padece Síndrome de Down, Retardo mental moderado (C.I.E.F.71) (Enfermedad mental suficiente), que la somete en forma continua a una incapacidad negocial y procesal plena, general y uniforme, en consecuencia, incapaz de proveer sus propios intereses, por lo que forzosamente deberá este juzgador decretar la Interdicción Provisional a la precitada ciudadana y así lo decidirá en la parte dispositiva del presente fallo, ordenándose la continuación de la causa por los trámites del procedimiento ordinario y nombrando un tutor provisional, para lo cual se designa a la solicitante, ciudadana ROSMAITHE LISSETT AULAR DÌAZ, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad número V-10.323.785 y domiciliada en la ciudad de San Carlos, estado Cojedes, en su condición de hermana de la ciudadana YUCELIN CLARET AULAR DIAZ, titular de la Cédula de Identidad número V-15.486.401, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 734 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.-
Vista la anterior declaratoria, remítase copia certificada del presente expediente en consulta con oficio al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la circunscripción judicial del estado Cojedes, en su oportunidad legal conforme al artículo 736 del Código de Procedimiento Civil. Así se determina.-

V.- DECISIÓN.-
Por todos los razonamientos anteriores, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la circunscripción judicial del estado Cojedes, administrando justicia en nombre de las ciudadanas y ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, conforme a derecho, declara:
PRIMERO: CON LUGAR la solicitud de Interdicción provisional de la ciudadana YUCELIN CLARET AULAR DIAZ, planteada por la ciudadana ROSMAITHE LISSETT AULAR DÌAZ, ambas identificados en actas y en consecuencia, se DECRETA la INTERDICCIÓN PROVISIONAL de la ciudadana YUCELIN CLARET AULAR DIAZ, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad número V-15.486.401, domiciliada en San Carlos, estado Cojedes.-
SEGUNDO: Se DESIGNA como TUTORA PROVISIONAL a la ciudadana ROSMAITHE LISSETT AULAR DÌAZ, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad número V-10.323.785 y domiciliada en la ciudad de San Carlos, estado Cojedes, en su condición de hermana de la ciudadana YUCELIN CLARET AULAR DIAZ, conforme a lo establecido en los artículos 397 y 401 del Código Civil Venezolano vigente. Notifíquese mediante Boleta, a la indicada ciudadana para que manifieste su aceptación o excusa al cargo, una vez quede firme el presente fallo.-
TERCERO: Se ORDENA seguir formalmente el juicio por los trámites del procedimiento ordinario, de conformidad con el artículo 734 del Código de Procedimiento Civil.-
CUARTO: Se ordena expedir por Secretaría copia certificada del presente decreto a los fines de su registro y publicación, tal como lo estatuyen los artículos 414 y 415 del Código Civil. Notifíquese a la Oficina de Registro Electoral del estado Cojedes conforme al artículo 114 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política y al Registro Civil del municipio San Carlos del estado Cojedes. Líbrense oficios una vez quede definitivamente firme el presente fallo.-
QUINTO: Remítase copia certificada del presente expediente en consulta con oficio al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la circunscripción judicial del estado Cojedes, en su oportunidad legal conforme al artículo 736 del Código de Procedimiento Civil. Líbrese oficio una vez que quede definitivamente firme el fallo.-
SEXTO: No hay condenatoria en costas en virtud de la naturaleza del presente fallo, pues, no resulto vencida parte alguna en el presente proceso, por interpretación en contrario del artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.-
Comuníquese, publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión, conforme a lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.-
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la circunscripción judicial del estado Cojedes, en San Carlos de Austria, a los dieciséis (16) días del mes de diciembre del año 2014. Años: 204º de la Declaración de Independencia y 155º de la Federación.-
El Juez Provisorio,
La Secretaria Titular,
Abg. Alfonso Elías Caraballo Caraballo.
Abg. Soraya Milagros Rodríguez Vilorio.
En esta misma fecha, se publicó y registró la anterior decisión, siendo las tres de la tarde (03:10p.m.).-
La Secretaria Titular,

Abg. Soraya Milagros Rodríguez Vilorio.