TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Juicio 02 de San Carlos Estado Cojedes
San Carlos, 19 de Diciembre de 2013
203º y 154º

ASUNTO PRINCIPAL: HP21-P-2013-010291
ASUNTO: HP21-P-2013-010291
RESOLUCION PJ0062013000455

Visto el contenido del escrito presentado por el ciudadano abogado GUILLERMO JOSE RAVEN FREITES, en su carácter de defensor Publico del acusado JOSE DANIEL AULAR MARTINEZ; y donde solicita de conformidad con lo establecido en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal el examen y revisión de la MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LA LIBERTAD, decretada al mencionado acusado, y en su lugar acuerde Una Ampliación A La Medida, mediante la cual pueda éste enfrentar su situación procesal en libertad; petición que hacen las referidas defensoras invocando el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. En tal sentido, este Tribunal de Juicio para decidir observa:

El tribunal de control decreto medida Cautelar Sustitutiva de la libertad en contra del ciudadano JOSE DANIEL AULAR MARTINEZ, por la comisión del delito de: ACTOS LASCIVOS PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 45 DE LA LEY DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA..

la Fiscalía del Ministerio Público, presentó acusación en contra del ciudadano DELFIN GREGORIO OTAIZA BLANCO, por la comisión del delito de: HOMICIDIO INTENCIONAL SIMPLE EN GRADO DE FRUSTRACION Y AMENAZAS., en perjuicio de Dexis Daniela Pérez Sánchez.
En fecha 21-10-2011 Se Efectúo la audiencia preliminar correspondiente, donde el tribunal admitió totalmente la acusación interpuesta en contra del ciudadano JOSE DANIEL AULAR MARTINEZ y se ordenó la apertura al juicio oral y público, siendo publicado el auto de apertura a juicio en la misma fecha, y se mantuvo la vigencia de la Medida de privación preventiva de Libertad en contra del referido acusado.

En tal sentido existen presuntas conductas delictivas atribuidas al prenombrado ciudadano, y que aún cuando los artículos 9 y 243 del Código Orgánico Procesal Penal, consagran el Principio de Afirmación a la Libertad y el Estado de Libertad, ordenando mantener en Libertad durante el proceso a las personas a las cuales se les siga un proceso de investigación, también se señalan las situaciones excepcionales previstas en los artículos 237 Y 238 del mencionado Código Orgánico Procesal Penal, de las cuales se evidencian los casos en los cuales lo procedente es decretar privación de libertad.

Ahora bien, después de un minucioso análisis de las circunstancias particulares del hecho, se observa:
Que los requisitos que motivan la detención de una determinada persona en un proceso deben ser concomitantes, analizarse en su conjunto y no separada o aisladamente; y, en el presente caso, al momento de decretar la detención judicial del imputado, se tomaron en consideración no solo los extremos del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal sino también los señalados en el artículo 237 ejusdem, concluyendo este juzgador que la medida que dictare el tribunal de control se encontraba ajustada a derecho y en consecuencia se emitió tal decreto.

Estima quien hoy aquí decide, que la revisión de la medida Cautelar preventiva de privación de libertad, es un derecho que el legislador previó como regla del derecho penal adjetivo, concediéndole al acusado la garantía procesal de ejercerla en cualquier estado y grado del proceso, cuantas veces lo considere pertinente. Es por lo que resulta obvio “Prima Facie” la obligación jurisdiccional de decidir por parte del juez, sin que por ello, entre a conocer sobre aspectos de fondo de la causa subjudice, las cuales será objeto de valoración una vez iniciado el debate oral y público en la presente causa.

También considera este Juzgador, la existencia de una presunción razonable de peligro de fuga, en virtud de no haberse demostrado elementos suficientes que puedan desvirtuar los hechos que se le atribuyen al acusado, ya que existen elementos tendentes a demostrar que fue el autor de los hechos que se le atribuyen, y evidenciándose que uno de los caracteres de la prisión preventiva es que debe obedecer a la regla rebus sic stantibus, de acuerdo a la cual, tal como lo sostiene el doctor Orlando Monagas Rodríguez, las providencias cautelares quedan sometidas a los cambios o modificaciones que presenten las condiciones que hayan determinado su imposición y que en virtud de ello, la prisión provisional debe mantenerse mientras permanezcan los motivos que la ocasionaron, por tanto, considera quien hoy aquí decide, que no han variado las circunstancias que motivaron la detención de los acusados.

Se evidencia asimismo, que la pena que podría llegar a imponérsele al acusado mencionado, conforme al contenido del numeral 2 y parágrafo primero del artículo 237 del Código Orgánico Procesal Penal, excede de diez años, lo cual hace evidente la existencia del peligro de fuga, y conforme al numeral 3 del artículo citado, se constata también la magnitud del daño causado por estos tipos de delitos, por atenta contra bienes jurídicos como los de la vida; motivos éstos con los cuales corrobora el tribunal que no ha habido variación alguna de las circunstancias que motivaron su detención; lo cual trae como consecuencia la ratificación de la existencia de la presunción razonable de fuga que hace que otras medidas de coerción sean insuficientes para garantizar las finalidades del proceso.

Considera este Juzgador que la ampliación de la medida del referido ciudadano se podría convertir en una infracción de la Constitución Vigente, razón por la cual considera este Juzgador que no han variado las circunstancia que dieron lugar a la medida cautelar de la libertad del ciudadano: JOSE DANIEL AULAR MARTINEZ por lo que es procedente Declarar sin Lugar la solicitud de Revisión de Medida cautelar sustitutiva de la libertad y consecuencia se mantiene la Medida cautelar sustitutiva de la libertad existente en contra del ciudadano JOSE DANIEL AULAR MARTINEZ todo de conformidad con lo establecido en los artículos 242 numeral 1ero del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud de que al hacer este Juzgador un análisis de la situación en la cual se encuentra el acusado de autos observa con certeza claridad, que las motivaciones fácticas que sirvieron de fundamento para ordenar en contra del ciudadano ya mencionado la medida cautelar sustitutiva de la de libertad ya mencionada hasta el día del presente pronunciamiento no han variado o cesado y en atención a las circunstancias del caso en concreto es por lo que este Tribunal NIEGA la Revisión de Medida Solicitada por el defensor y se mantiene la medida existente actualmente.

Por las consideraciones antes señaladas, este Tribunal de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Juicio N° 2 de este Circuito Judicial Penal, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, considera PRIMERO: NIEGA la solicitud realizada por el defensora publica abogado: JOSE DANIEL AULAR MARTINEZ, donde solicita sustitución de la medida del imputado JOSE DANIEL AULAR MARTINEZ y en consecuencia, se mantiene la validez de la MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LA LIBERTAD que pesa sobre el acusado JOSE DANIEL AULAR MARTINEZ, suficientemente identificado en las actuaciones. Por encontrarse llenos los extremos exigidos en los artículos 242 NUMERAL 1ERO DE LA NORMA ADJETIVA PENAL, que le fuera dictada por el tribunal de control, en contra del ciudadano JOSE DANIEL AULAR MARTINEZ, por la comisión del delito de: ACTO LASCIVOS. Déjese copia. Notifíquese y cúmplase.-

LA JUEZ SEGUNDO DE JUICIO,

ABG. VICTOR BETHELMY LA SECRETARIA DE JUICIO