TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES.
Años: 200° y 152°.

I.- Identificación de las partes y la causa.-
Parte demandante: BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A, Sociedad Mercantil domiciliada en Caracas, originalmente inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, el día trece (13) de junio de 1977, bajo el Nº 1, Tomo 16-A, cuya transformación en Banco Universal consta de documento inscrito en la citada Oficina de Registro en fecha cuatro (4) de septiembre de 1977, bajo el Nº 63, Tomo 70-A y reformado íntegramente sus estatutos en Asamblea Ordinaria de Accionistas celebrada en fecha treinta (30) de marzo de 2007, cuya acta quedó inscrita por Registro Mercantil Quinto de la circunscripción judicial del Distrito Capital y estado Miranda, en fecha veinticinco (25) de junio del año 2007, bajo el Nº 42, Tomo 1065 A.-
Apoderados Judiciales: Abogados JOSEFINA AVELLANEDA RODRÍGUEZ, ALIX R. ALFONZO DURÁN y LUIS EDUARDO HENRÍQUEZ SILVA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad números V-2.145.779, V-4.450.968 y V.-13.664.201 respectivamente, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 5.264, 41.119 y 102.405 en su orden.-
Parte demandada: WILFREDO MORENO PALACIOS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 16.775.938, domiciliado en Tinaquillo, estado Cojedes y FRANCISCO BETHENCOURT GUTIÉRREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad número 12.717.679, domiciliado en el kilómetro 6, vía Aguirre, Agropecuaria La Bethencoureña, Tinaquillo, estado Cojedes.-
Motivo: Cobro de Bolívares (Procedimiento por Intimación).-
Decisión: Interlocutoria (Perención).-
Expediente Nº 5316.-

II.- Antecedentes.-
El presente juicio se inició mediante demanda incoada por las abogadas JOSEFINA AVELLANEDA R. y ALIX R. ALFONZO DURÁN, en su carácter de apoderadas judiciales de BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A, antes identificados, la cual, previa distribución de Ley, correspondió a este juzgado conocer de la presente causa. Por auto de fecha veinticinco (25) de marzo de 2.009, se le dio entrada al presente expediente y se anotó en el libro respectivo.
En fecha treinta y uno (31) de marzo de 2009, el Tribunal admitió la precitada demanda y acordó la Intimación de los demandados, ordenándose librar las órdenes de comparecencia junto con recibos una vez que la parte interesada proveyera los medios necesarios para los fotostatos respectivos. Asimismo, en cuanto a las medidas solicitadas, ordenó abrir cuaderno de separado.
Por diligencia de fecha veintiuno (21) de abril de 2009, suscrita por la abogada ALIX R. ALFONZO DURÁN, en su carácter, consignó los emolumentos para los fotostatos respectivos, a los fines de la citación de la parte demandada.
Por auto de fecha cinco (5) de mayo de 2009, el Tribunal acordó expedir las copias certificadas del Libelo de la demanda a los fines de la Intimación de la parte demandada, ciudadanos WILFREDO MORENO PALACIOS y FRANCISCO BETHENCOURT GUTIÉRREZ.
En fecha veinte (20) de mayo de 2009, el Alguacil de este Juzgado, consignó la compulsa librada al ciudadano WILFREDO MORENO PALACIOS, motivado a que se traslado a la dirección indicada por la parte actora y le fue imposible practicar la Intimación del referido ciudadano.
Asimismo, en esa misma fecha veinte (20) de mayo de 2009, consignó la compulsa librada al ciudadano FRANCISCO BETHENCOURT GUTIÉRREZ, motivado a que se trasladó a la dirección indicada por la parte actora y le fue imposible practicar la Intimación del referido ciudadano.
El día trece (13) de enero de 2010, la abogada JOSEFINA AVELLANEDA R., en su carácter de autos, solicitó la citación por carteles de los demandados, de conformidad con lo establecido en el artículo 650 del Código de Procedimiento Civil.
Por auto de fecha dieciocho (18) de enero de 2010, se acordó la Intimación de los demandados por medio de carteles y se libraron carteles, conforme al artículo 650 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha tres (3) de febrero de 2010, el abogado LUÍS EDUARDO HENRÍQUEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 102.405, dejó constancia que recibió los carteles de Intimación librados en fecha dieciocho (18) de enero de 2010.
Riela a los folios noventa (90) al noventa y uno (91), diligencias suscritas por la Secretaria Titular de éste Juzgado, dejando constancia que el día ocho (8) de abril de 2010, fijó sendos ejemplares de los carteles de Intimación librados a los codemandados de autos, ciudadanos FRANCISCO BETHENCOURT GUTIÉRREZ y WILFREDO MORENO PALACIOS, en sus respectivos domicilios, dando así cumplimiento a los establecido en el articulo 650 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha dieciocho (18) de marzo de 2011, la abogado ANDREINA CRISTINA BELLO FUENMAYOR, inscrita en el Inpreabogado bajo el número 57.222, consignó copia simple y certificada para la certificación de la primera, previa confrontación con la segunda, Instrumento Poder que le acredita la cualidad de representante judicial de la demandante, entidad bancaria BANESCO, BANCO UNIVERSAL C.A.

III.- Acerca de la perención de la instancia.-
Previo su pronunciamiento acerca de la declaratoria de extinción de la instancia por perención, debe este Órgano Subjetivo Institucional Judicial Pro Tempore Ex Necesse (Por el tiempo que sea necesario), realizar las siguientes consideraciones doctrinarias y legales acerca de esa institución, realizando un análisis acerca de los orígenes históricos de esta figura jurídica encontramos al jurista patrio oriundo del estado Cojedes Dr. Arminio Borjas, quien en sus comentarios al Código de Procedimiento Civil de 1916 (T.II., 1973; pp.239-241) indicaba lo siguiente:
“Tanto en los antiguos como en los modernos tiempos, ha sido reconocida la necesidad de evitar que los litigios se prolonguen indefinidamente y que perdure así la incertidumbre respecto del dominio y de los demás derechos que tiene el hombre sobre las cosas. La negligencia de las partes en agitar el curso de los procesos y la de los Jueces de dictar las decisiones que les pongan término, han sido siempre parte que ese estado anormal de las relaciones humanas, pues no otra cosa son las controversias judiciales, se alargue en el tiempo y se agrave con él, ahondando divisiones y resentimientos”.

“Se ha debatido entre los eruditos en la materia si en las legislaciones de la edad antigua era conocida la institución de la perención, tal como existe en el Derecho de nuestros días, es decir, si en aquéllas consistía, como en éste, en la extinción de la instancia a causa del abandono en que las partes dejan el juicio, por no ejecutar durante determinado tiempo acto alguno de procedimiento”.

“En Roma, bajo el imperio del sistema formulario, los judicia legitima, es decir, los juicios que se ventilaban entre ciudadanos romanos, en el propio recinto de la urbe capitolina o dentro del perímetro de una milla alrededor de sus murallas, competían al conocimiento de Jueces romanos de duración permanente, y en ellos la instancia subsistía mientras no llegase, más o menos tardíamente, a dictar la sentencia definitiva. Pero la Lex Julia judiciorum privatorum dispuso que, transcurrido que fuese un año y medio después de promovido el juicio, sin que hubiere recaído dicho fallo, la instancia debía quedar extinguida de pleno derecho, y no podría ser intentada nuevamente. Respecto de todos los demás juicios, llamados judicia quae imperio continentur, porque estaban fundados en la potestad jurisdiccional del Pretor, y cuyo conocimiento competía al Juez designado al efecto por éste, se extinguía al cesar los poderes anuales de dicho Magistrado tamdiu valent quandiù, is, qui ea praecepit, imperium habebit. No era el hecho de que el Juez o de la parte la que hacia cesar la instancia, y por ello ésta podía ser instaurada nuevamente obteniéndose para el mismo negocio otra formula del nuevo Magistrado”.

“Cuando el sistema de la cognitio extraordinaria sustituyó completamente al formulario, todos los juicios se hicieron imperio continentia, y dejó de tener aplicación la lex Julia; pero como al mismo tiempo los Magistrados, aunque elegidos anualmente, se convirtieron casi en vitalicios, el limite de la instancia no quedó, como antes, circunscrito a la duración anual de los poderes de aquél, y las causas todas pudieron caer en indefinida paralización por culpa de los litigantes, sin que por ello se extinguiesen la instancia ni el derecho de volverla a proponer. Para remediar tal estado de las cosas, dictó Justiniano su Constitución Properandum, que pasó a ser en el Códex la ley 13 del Titulo De judiciis, con la cual, para evitar que los litigios se hiciesen eternos, DURÁNdo más que la vida del hombre, se ordenó que fuesen indefectiblemente sentenciados dentro de tres años después de su comienzo: non ultra trienni metas, post litem contestatam, esse protrahendas. Los jueces debían allanar todos los obstáculos que se opusieran a ello, y si el actor, llamado por tres veces DURÁNte los seis últimos meses del trienio, dejaba de comparecer, debían dictar el fallo con los recaudos, aún insuficientes, que tuvieran a mano, y hasta podían absolver de la instancia al demandado, condenando en las costas al demandante, non solum parten fugientem observatione judicii relaxare, sed etiam in omnes expensas eam condemnare”.

“Es evidente que la ley Properandum no instituía la genuina perención de la instancia, y, limitándose a fijar un lapso de tres años de actividad procesal que no debía ser excedido para la definición del litigio por sentencia, no determinaba qué efectos producía el transcurso de ese lapso sin que el pleito estuviere sentenciado, al paso que la perención actual extingue la instancia si, DURÁNte un tiempo determinado, llega a cesar completamente la actividad del proceso, aunque ello no obsta a que las partes, interrumpiendo ese término cada vez que esté a punto de vencerse, impidan que se consuma la extinción de la instancia y logren hacer interminable el estado de paralización procesal”.

“En el Derecho canónico y las legislaciones medievales se imitó la expresada Constitución de Justiniano, con ligeras variantes relativas al lapso que ella fijaba; pero como en las antiguas Ordenanzas francesas el transcurso del lapso de inactividad procesal, que al principio fue de un año y se elevó hasta tres posteriormente, extinguía la instancia, y aun se llegó a establecer que la instancia perimida debía tenerse por no intentada y sin virtualidad bastante para interrumpir la prescripción que estuviere corriendo, los expositores, al sondear los orígenes de la moderna perención, sostienen diferentes pareceres, atribuyéndoles unos al Derecho romano anterior a Justiniano, otros a la Constitución Properandum y otros al antiguo Derecho francés, a jure verè gallico”.

Ciertamente, aún cuando el verdadero origen de la Perención es debatido por la Doctrina, lo cierto es que, nuestro Código de Procedimiento Civil de 1916, en su artículo 201 acogió como lapso de Perención para la extinción de la instancia el de los tres (3) años, reformando el término de cuatro (4) que había sido establecido en nuestra norma adjetiva procesal desde el código de 1873 y sucesivamente reiterado en los códigos de 1880, 1897 y 1904. Nuestro vigente Código de Procedimiento Civil de 1986 modificó nuevamente el lapso de perención y lo redujo a un (1) año e introdujo además como una novedad inexistente hasta el momento, que la inactividad del juez después de vista la causa no produce tal perención, estableciendo en su Libro Primero, Capítulo IV, artículo 267 lo siguiente:
“Artículo 267. Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención”.

Aunada a la perención por inactividad de las partes por más de un (1) año, cuando tenían la carga de ejecutar algún acto de procedimiento, nuestra norma adjetiva Civil agregó otras tres (3) formas novedosas y distintas a la inactividad anual de extinguir la instancia, las dos (2) primeras por inactividad del demandante por más de treinta (30) días continuos al momento de cumplir con su obligación de impulsar la citación del demandado, en el primer caso, una vez admitida la demanda y en el otro, una vez reformada la demanda antes de la citación; y un tercer caso, cuando suspendido el proceso por muerte de alguno de los litigantes, o por haber perdido el carácter con que obraba, los interesados dejasen transcurrir más de seis (6) meses sin realizar las gestiones legales para su continuación o prosecución, indicando el citado artículo 267 del Código de Procedimiento Civil en sus apartes lo siguiente:
“También se extingue la instancia:
“1º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.
“2º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.
“3º Cuando dentro del término de seis meses contados desde la suspensión del proceso por la muerte de alguno de los litigantes o por haber perdido el carácter con que obraba, los interesados no hubieren gestionado la continuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obligaciones que la ley les impone para proseguirla”.

Agrega que la indicada institución opera de pleno derecho, precisando:
“Artículo 269. La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente”.

En ese orden de ideas, según el autor patrio Ricardo Henríquez La Roche en su obra Código de Procedimiento Civil (T.II, 2004; pp.344-346), al referirse a la perención indica:
“Un proceso puede extinguirse anormalmente, no por actos, sino por omisión de las partes. Perención (de perimire, destruir) de la instancia es la extinción del proceso que se produce por su paralización DURÁNte un año, en el que no se realiza acto de impulso procesal alguno. La perención es el correctivo legal a la crisis de actividad que supone la detención prolongada del proceso. Toda paralización contiene el germen de la extinción de la instancia, que puede llegar o no a producirse según se den o no las condiciones legales que la determinan”.

Omissis…
“El fundamento del instituto de la perención de la instancia reside en dos distintos motivos: de un lado, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso (elemento subjetivo) y de otro, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos para ahorrar a los jueces deberes de cargo innecesarios. <> (cfr. CHIOVENDA, JOSÉ: Principios…, II p.428).

“La perención constituye un expediente práctico sancionatorio de la conducta omisiva de las partes que propende a garantizar el desenvolvimiento del proceso hasta su meta natural que es la sentencia, entendida como el acto procesal que dirime el conflicto de intereses (uti singulis) y cumple adicionalmente la función publica de asegurar la necesaria continuidad del derecho objetivo (uti civis), declarando su contenido y haciéndolo cumplir”.

“El interés procesal está llamado a operar como estimulo permanente del proceso. Si bien la demanda es ocasión propicia para activar la función jurisdiccional, no se puede tolerar la libertad desmedida de prolongar al antojo o reducir la dinámica del juicio a un punto muerto. La función pública del proceso (cfr comentario al Art. 14)-sic- exige que éste, una vez iniciado, se desenvuelva rápidamente, hasta su meta natural que es la sentencia”.

“Por ello, el juez puede denunciar de oficio y a su arbitrio la perención de la instancia. Pero esta potestad del juez tiene dos límites, a saber: a) cuando las partes están de acuerdo en continuar el juicio, pues el interés público no reside en la caducidad del proceso sino en la pendencia indefinida; luego, si hay garantía de que el proceso continuará, porque así lo desean ambas partes de consuno-sic-, el juez no debería declarar extinguido el proceso aunque ya haya pasado el año de inactividad. B) El interés público en la perención de la instancia no significa que no exista un momento preclusivo para la perención de la instancia en lo que a las partes se refiere. Si uno de los litigantes actúa en el proceso después de un año de inactividad, sin solicitar la perención, se apropia de los efectos de la pendencia de la litis y por tanto revalida tácitamente el proceso (Art. 213); por lo que no habría deber en el juez de atender positivamente la solicitud de perención que ese litigante haga posteriormente. Por eso creemos que no es del todo exacto el criterio sustentado por la Corte en Sentencia 16-3-89 (Pierre Tapia, O.: ob. Cit. Nº 3, p.94) transcrita abajo”.

En base a tales asertos, podemos con plena certeza concluir que, nuestro legislador concibió distintas formas de extinguir la instancia por perención, como sanción instituida a la inactividad de las partes, estableciendo como norma general, en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, la Perención Anual (Encabezado de la norma); y en los apartes, las perenciones breves de treinta (30) días (ordinales 1º y 2º) y la de sesenta (60) días (ordinal 3º); todas ellas como causales de extinción de la instancia por inactividad de la parte –demandante, en los apartes 1º y 2º y de ambas, en el encabezado y 3º aparte- que le corresponde impulsar el proceso, la cual trae como consecuencia, la sanción de no poder interponer nuevamente la demanda pasados que sean noventa (90) días de declarada tal perención de la instancia, como castigo a esta falta de diligencia. Así se preceptúa.-
Ahora bien, en el caso de marras, en fecha en dieciocho (18) de enero de 2010, el Tribunal libró carteles de Intimación a los demandados WILFREDO MORENO PALACIOS y FRANCISCO BETHENCOURT GUTIÉRREZ, siendo en fecha tres (3) de febrero de 2010, que el abogado LUÍS EDUARDO HENRÍQUEZ, en su carácter de Apoderado Judicial de la parte demandada, mediante diligencia, dejó constancia que recibía los respectivos carteles de Intimación para su publicación, evidenciándose de actas que transcurrió sobradamente más de un año (01) año, desde el dieciocho (18) de enero de 2010, hasta la presente fecha, sin que el actor haya cumplido con las obligaciones que le establece la ley para la publicación de los carteles librados a los codemandados de autos, en consecuencia, se verifica el supuesto de Perención de la Instancia, como desde ya avizora este jurisdicente, por lo que forzosamente, debe este Tribunal declarar extinguida la instancia en virtud de haber operado en el presente proceso la perención anual, contemplada en el encabezado del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, lo cual hará de forma expresa en la dispositiva del presente fallo. Así se establece.-

IV.- DECISIÓN.-
Por las razones expuestas, éste Tribunal Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por autoridad de la Ley y conforme a derecho declara: EXTINGUIDA LA INSTANCIA POR HABER OPERADO LA PERENCIÓN en el juicio que por COBRO DE BOLÍVARES (Procedimiento por Intimación) incoara la sociedad mercantil BANESCO, BANCO UNIVERSAL, C.A, contra los ciudadanos WILFREDO MORENO PALACIOS y FRANCISCO BETHENCOURT GUTIÉRREZ, todos identificados en actas. Así se declara.-
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión por Secretaría, conforme al artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la circunscripción judicial del estado Cojedes, en San Carlos de Austria, a los treinta y un (31) días del mes de marzo del año dos mil once (2011). Años 200º de la Declaración de la Independencia y 152º de la Federación.- EL JUEZ PROVISORIO, Abg. ALFONSO ELIAS CARABALLO CARABALLO. (FDO.) ILEGÍBLE. (HAY UN SELLO HÚMEDO DEL TRIBUNAL). LA SECRETARIA TITULAR, Abg. SORAYA M. VILORIO RODRIGUEZ. (FDO.) ILEGIBLE. En la misma fecha de hoy, se publicó y registró la anterior decisión, siendo las tres y quince de la tarde (3:00 p.m.). LA SECRETARIA TITULAR, Abg. SORAYA M. VILORIO RODRIGUEZ. (FDO.) ILEGÍBLE. (HAY UN SELLO HÚMEDO DEL TRIBUNAL). Expediente N° 5316. AECC/Smvr/lilisbeth. ES COPIA FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL, CUYA EXACTITUD DOY FE, CERTIFICO Y EXPIDO EN SAN CARLOS A LOS TREINTA Y UN (31) DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL ONCE (2011).-

LA SECRETARIA,

ABG. SORAYA MILAGROS VILORIO RODRIGUEZ.

Exp. N° 5316.
AECC/SMVRR/lilisbeth