REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCION DE CONTROL, AUDIENCIA Y MEDIDAS CON COMPETENCIA EN MATERIA DE DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO BOLÍVAR-EXTENSION TERRITORIALPUERTO ORDAZ Puerto Ordaz, 30 de Julio de 2011 201º y 152º ASUNTO PRINCIPAL : FP12-S-2011-002064 ASUNTO : FP12-S-2011-002064 AUTO DE FUNDAMENTACION DE MEDIDA DE PROTECCION Y MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD Corresponde a este Juzgado Segundo de Primera Instancia en Función de Control, Audiencia y Medidas con competencia en materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, fundamentar, conforme lo previsto en el artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal en relación con el articulo 93 último aparte del la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la decisión dictada en la audiencia presentación, para oír el imputado ENRIQUE PEREZ GUZMAN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-12.051.104, quien se encuentra debidamente asistido por el Defensor Privado ABOGADO. BELZHAIL ACEVEDO, en virtud de ello se observa: ANTECEDENTES En fecha 25-07-2011, se recibió escrito procedente de la Fiscalía Décima Sexta del Ministerio Público del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, mediante el cual presenta ante esta competente autoridad al ciudadano ENRIQUE PEREZ GUZMAN, de conformidad con lo establecido en el articulo 49 ordinales 1º y 2º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en relación con el articulo 130 primer aparte del Código Orgánico Procesal Penal. En esta misma fecha se celebró la Audiencia Oral de Presentación de Imputado, de conformidad con el articulo 93 tercer aparte de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, considerando quien aquí decide, que en el caso de marras, se encuentran llenos los supuestos que establece el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, vale decir, acredito el Ministerio Público la configuración de un hecho punible que merece medida cautelar sustitutiva de libertad, calificando esta juzgadora la conducta desplegada por el imputado como el delito de VIOLENCIA FISICA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita y existen fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ENRIQUE PEREZ GUZMAN ha sido probablemente el autor en la comisión de un hecho punible. FUNDAMENTOS DE HECHOS Y DE DERECHO. De las actuaciones que acompaña el Ministerio Público, a las solicitudes realizadas en la audiencia de presentación, existen los elementos de convicción que generan la responsabilidad penal del imputado y su vinculación con los hechos que se investigan que hacen evidente o que acreditan la existencia de la presunta comisión de un hecho punible correspondiente al tipo penal del delito de VIOLENCIA FISICA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para determinar que la conducta o los hechos presuntamente realizados por el imputado figuran en el catálogo de conductas establecidos en el Código Penal, todo lo cual ha quedado acreditado por este tribunal, del contenido de los elementos de convicción que a continuación se señalan: Consta al folio tres (03) Acta de investigación penal de fecha 24/07/2011, mediante la cual funcionarios adscritos al Centro de Coordinación Policial Nº 03 Upata, Estado Bolívar, dejan constancia de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que practicaron la aprehensión del ciudadano ENRIQUE PEREZ GUZMAN. Consta al folio cinco (05) Informe médico de fecha 24/07/2011, suscrito por la Dra. Francis Zabaleta; adscrita al servicio de emergencia del hospital Gervasio Vera de la población de Upata, mediante la cual se deja constancia que la ciudadana YARITZA VALOR fue evaluada en ese centro asistencial y la misma presentó laceraciones en miembro superior derecho. Consta al folio seis (06) Acta de denuncia Nº 336-11, de fecha 23/07/2011, mediante la cual la ciudadana YARITZA MILAGROS VALOR HERNANDEZ, de 28 años de edad, interpuso denuncia por ante el Centro de Coordinación Policial Nº 03 Upata, Estado Bolívar, mediante la cual manifestó: “…comparezco ante este centro de coordinación policial con la finalidad de formular, denuncia en contra de mi pareja ENRIQUE JOSE PEREZ GUZMAN 38 años de edad, ya que el día de ayer, como a las 11:00 horas de la noche, nos encontrábamos tornando en la casa de una vecina, pero este me quería buscar problema, en eso le digo a la vecina que me iba para la casa, para evitar daños peores, al ratito este llegó y le estoy enviando un mensaje de texto a mi hijo, este se molestó porque según él, era a un marido, que le estaba mandando el mensaje, fue donde me agarro por la blusa, empezó a caerme a golpes, tuve que meter la mano para que no me diera en la cara, dándome en la cabeza, en el hombro y en la pierna izquierda, allí mis dos hijos pequeños de 05 y 03 años de edad, tenían una crisis de nervios y estaban llorando, además me insultó verbalmente con palabras obscenas y amenazas de muerte,…” Siendo estos elementos suficientes para estimar que el imputado ENRIQUE PEREZ GUZMAN es probablemente el autor del delito de VIOLENCIA FISICA AGRAVADA, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica Sobre. DE LA MEDIDA DE PROTECCION Y SEGURIDAD. Ahora bien, tomando en consideración que las circunstancias narradas a las actas considera esta juzgadora que tales hechos comportan situaciones que constituyen amenaza, vulnerabilidad para la integridad de la mujer, es virtud de ello lo procedente en la aplicación de medidas de naturaleza preventiva, que permita salvaguardar la integridad física y psicológica de la mujer y su entorno familiar, en forma expedita y efectiva, en consecuencia, se impone Medida de Protección y Seguridad a favor de la ciudadana YARITZA MILAGROS VALOR HERNANDEZ, en virtud de ello se ordena la salida inmediata del presunto agresor de la residencia que ocupa en común con la victima; se le prohíbe el acercamiento a la victima, a su lugar de trabajo, de estudio y de su residencia; se le prohíbe al presunto agresor por si mismo o por terceras personas, realizar actos de persecución, intimidación o acoso a las victimas o algún integrante de su familia; asimismo se le impone tanto al imputado como a la victima la obligación de comparecer por ante el Hospital Gervasio Vera de la población de Upata, Estado Bolívar, a los fines de practicarse una evaluación psicológica; todo de conformidad con lo establecido en el 87 numerales 3º, 5º, 6º y 13º de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una vida Libre de Violencia. DE LA MEDIDA DE CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD. No obstante, este Tribunal a los fines de pronunciarse en relación a la Medida de Coerción a imponer, observa que el articulo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su parte in fine establece; “La libertad personal es inviolable; en consecuencia:… Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso”, en este mismo orden de ideas, el articulo 243 de la Ley Adjetiva Penal, establece: “Toda persona a quien se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este Código” aunado a ello la pena mayor del delito que le es atribuido al imputado ENRIQUE PEREZ GUZMAN, comporta una pena corporal que no excede de los tres (03) años en su limite máximo, en este sentido el articulo 253 del Código Orgánico Procesal Penal, establece: “Cuando el delito materia del proceso merezca una pena privativa de libertad que no exceda de tres años en su límite máximo, y el imputado haya tenido una buena conducta predelictual, la cual podrá ser acreditada de cualquier manera idónea, sólo procederán medidas cautelares sustitutivas”. En consecuencia, tal como fue solicitado por la Fiscal del Ministerio Público, en el presente caso, es procedente la imposición de Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, en razón de ello se le impone al imputado ENRIQUE PEREZ GUZMAN una Medida Cautelar Sustitutiva de la Privativa de Libertad consistente presentaciones cada treinta (30) días por ante la comisaría policial Nº 03 de Upata, Estado Bolívar, todo de conformidad con lo establecido en el articulo 256 ordinal 3º del Código Orgánico Procesal Penal por remisión expresa del articulo 89 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y ASI SE DECIDE. DISPOSITIVA En base a las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en Función de Control, Audiencia y Medidas con competencia en materia de Delitos de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad de la Ley, dispone lo siguiente: PRIMERO: De conformidad con lo establecido en el 87 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se acuerda imponer MEDIDAS DE PROTECCION Y SEGURIDAD, a favor de la ciudadana YARITZA MILAGROS VALOR HERNANDEZ, en virtud de ello se ordena la salida inmediata del presunto agresor de la residencia que ocupa en común con la victima; se le prohíbe el acercamiento a la victima, a su lugar de trabajo, de estudio y de su residencia; se le prohíbe al presunto agresor por si mismo o por terceras personas, realizar actos de persecución, intimidación o acoso a las victimas o algún integrante de su familia; asimismo se le impone tanto al imputado como a la victima la obligación de comparecer por ante el Hospital Gervasio Vera de la población de Upata, Estado Bolívar, a los fines de practicarse una evaluación psicológica; todo de conformidad con lo establecido en el 87 numerales 3º, 5º, 6º y 13º de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una vida Libre de Violencia. SEGUNDO: Se acuerda imponer MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LA PRIVATIVA DE LIBERTAD al imputado ENRIQUE PEREZ GUZMAN, arriba identificado, por lo que deberá el imputado presentarse cada treinta (30) días por ante la comisaría policial Nº 03 de Upata, Estado Bolívar, todo de conformidad con lo establecido en el articulo 256 ordinal 3º del Código Orgánico Procesal Penal por remisión expresa del articulo 89 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. TERCERO: Se decreta la aplicación del PROCEDIMIENTO ESPECIAL, establecido en el artículo 94 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Publíquese, regístrese y déjese copia de la presente decisión. En la Ciudad de Puerto Ordaz, a los treinta (30) días del mes de Julio del año Dos Mil Once (2011). JUEZA SEGUNDA DE CONTROL ABGA. LUISA CEDEÑO NARANJO. LA SECRETARIA DE SALA. ABGA. JAIGLED JAIME IDROGO.