REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS SAN CARLOS Y RÓMULO GALLEGOS DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES. Años: 200º y 151º -I- IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES SOLICITANTES: ACICLO RAMÓN SÁNCHEZ y CARMEN MARÍA MALPICA ORTEGA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° V-4.099.771 y V-4.097.696 respectivamente, cónyuges entre sí, domiciliados, el primero en el Sector Arizona, Vereda 2, Casa N° 4, del Municipio San Carlos del estado Cojedes y la segunda en la calle Fe y Alegría, casa S/N, Frente a la Escuela Alejandro Febres, Municipio San Carlos del estado Cojedes. ABOGADO ASISTENTE: GUSTAVO ANTONIO MATUTE MORALES, venezolano, mayor de edad, casado, titular de la cédula de identidad N° 3.209.883, inscrito en el inpreabogado bajo el N° 9.982, domiciliado en la Calle Cementerio N° 9-39, Tinaquillo, Municipio Falcón del estado Cojedes. MOTIVO: DIVORCIO 185-A DECISIÓN DEFINITIVA SOLICITUD Nº 3059/10.- II ANTECEDENTES Mediante libelo presentado ante este Juzgado en fecha 23 de noviembre de 2010, comparecieron los ciudadanos ACICLO RAMÓN SÁNCHEZ y CARMEN MARÍA MALPICA ORTEGA, antes identificados, debidamente asistidos por el abogado en ejercicio GUSTAVO ANTONIO MATUTE MORALES, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 9.982; para solicitar se declare el divorcio, conforme a lo establecido en el artículo 185-A del Código Civil, alegando la ruptura prolongada de la vida en común desde hace más de cinco años. Igualmente los cónyuges declararon en su solicitud: a) Que la celebración del acto de matrimonio se llevó a cabo en fecha veintiuno (21) de enero de 1977, por ante la Prefectura del Municipio Araure, del Estado Portuguesa, tal y como consta del Acta de Matrimonio, inserta bajo el Nº 19, del referido año; b) Que fijaron su domicilio conyugal en la calle Fe y Alegría, casa S/N, Frente a la Escuela Alejandro Febres, Municipio San Carlos del estado Cojedes; c) Que de hecho han estado separados desde el 18 de septiembre de 1983, hace más de cinco (5) años; d) Que no procrearon durante el tiempo de su unión conyugal hijos, ni bienes que liquidar; e) Que en virtud de que se dan todos los supuestos previstos en el artículo 185-A del Código Civil, en consecuencia solicitan se proceda a disolver el vínculo conyugal que los une. En fecha 25 de noviembre de 2010, se admite la presente solicitud y se acordó librar Boleta de Citación a la Fiscal Cuarta del Ministerio Público con Competencia en el Sistema de Protección del Niño y del Adolescente del estado Cojedes; quedando anotada bajo el Nº 3059/10. En fecha 21 de diciembre de 2010, el ciudadano ACICLO RAMÓN SÁNCHEZ, asistido por el Abogado GUSTAVO ANTONIO MATUTE MORALES, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 9.982, mediante diligencia, consigna los emolumentos necesarios para la obtención de las copias, a los fines de citar a la Fiscal Cuarta del Ministerio Público. En fecha 13 de enero de 2011, el Alguacil de este Juzgado, ciudadano ÁNGEL ANTONIO SANDOVAL QUINTERO, deja expresa constancia que fue practicada la citación de la Fiscal del Ministerio Público. Por auto de fecha 18 de enero de 2011, el Tribunal ordena agregar al expediente respectivo, Oficio Nº 09-FP4-0056-11-0, emanado del Ministerio Público; opinando favorablemente respecto a la Solicitud de Divorcio 185-A; y manifiesta que dicho pedimento cumple con todos los requisitos establecidos en la ley, por lo que no tiene observaciones que realizar para su procedencia. -III- MOTIVACIÓN El matrimonio es la base principal de la familia y ésta a su vez es la base de la sociedad. El Estado debe proteger la sociedad y en consecuencia la familia y el matrimonio. El artículo 77 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, establece: “Se protege el matrimonio, el cual se funda en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y obligaciones de los cónyuges. Las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la Ley, producirán los mismos efectos que en el matrimonio”. La disolución del vínculo conyugal fundamentada en la ruptura prolongada e ininterrumpida de la vida en común de la pareja y por un tiempo mayor de cinco (5) años, es una institución relativamente nueva en nuestro Derecho de Familia, la razón fundamental que lleva al legislador es básicamente asumir el divorcio como una solución a una situación de ruptura irreparable e insostenible para la pareja, tratando al mismo tiempo de que dicho conflicto no afecte a los demás integrantes de la familia, particularmente a los hijos, por lo cual se prevé un proceso de jurisdicción graciosa, sin contención ni contradicción y así desde el punto de vista formal el legislador ha pretendido con ello, darle juricidad a una situación que de hecho viene existiendo sin que haya posibilidad de resarcir, como lo es precisamente, ya que aun cuando el vínculo matrimonio sigue vigente desde el punto de vista jurídico, en realidad dicho vínculo no existe y la separación de hecho voluntaria de la pareja, por el transcurso por más de cinco (5) años, es decir la Separación Fáctica como es llamada en la Doctrina, a la cual el Estado como garante de la armonía familiar debe dar respuesta, mediante su legalización de esta situación de hecho, sin menoscabar los intereses fundamentales del Estado en preservar las instituciones del matrimonio y por ende la familia como medio adecuado para el desarrollo de los niños y adolescentes, como individuos sujetos de derechos y a quienes debemos la protección integral. Con el divorcio se persigue la disolución del vínculo matrimonial, y en consecuencia afecta la estabilidad de la familia, es por esta razón que todas las normas que regulan dicha materia son de estricto orden público, no pudiendo ser relajadas, ni modificadas mediante convenio entre particulares, así como tampoco ignoradas por los órganos judiciales. En efecto la noción de orden público de las normas que regulan la materia de familia, y en especial de las normas relativas a la disolución del vínculo matrimonial, se justifica por el hecho que más allá de los intereses particulares de los cónyuges, lo que se persigue es proteger la institución de la familia, como base fundamental de la sociedad. Así pues establece el artículo 185-A del Código Civil, lo siguiente: “Cuando los cónyuges han permanecido separados de hecho por más de cinco (5) años, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada de la vida en común. Con la solicitud deberá acompañar copia certificada de la partida de matrimonio. En caso de que la solicitud sea presentada por un extranjero que hubiere contraído matrimonio en el exterior, deberá acreditar constancia de residencia de diez (10) años en el país. Admitida la solicitud, el Juez librará sendas boletas de citación al otro cónyuge y al Fiscal del Ministerio Público, enviándoles además, copia de la solicitud. El otro cónyuge deberá comparecer personalmente ante el Juez en la tercera audiencia después de citado. Si reconociere el hecho y si el Fiscal del Ministerio Público no hiciere oposición dentro de las diez audiencias siguientes, el Juez declarará el divorcio en la duodécima audiencia siguiente a la comparecencia de los interesados. Si el otro cónyuge no compareciere personalmente o al comparecer negare el hecho, o si el Fiscal del Ministerio Público lo objetare, se declarará terminado el procedimiento y se ordenará el archivo del expediente”.- La citada norma establece la posibilidad de solicitar el divorcio si existe una ruptura prolongada de la vida en común, la cual quedó establecida en cinco años como mínimo, cualquiera de ellos puede solicitarla o puede ser solicitada conjuntamente, adicionalmente, si la solicitud es presentada por un extranjero, debe acreditar residencia en el País por un periodo no menor a diez años; luego de cumplidas las formalidades en el establecidas, debe mediar la no oposición del Fiscal del Ministerio Público, con lo cual, transcurrido el lapso de tiempo de doce días de despacho, se procederá a declarar la disolución del vínculo conyugal. Ahora bien, establecido lo anterior corresponde a este tribunal establecer si se cumplen con todos los presupuestos procesales contenidos en la norma bajo estudio, al respecto este tribunal observa: 1º Que de los autos se evidencia que los ciudadanos ACICLO RAMÓN SÁNCHEZ y CARMEN MARÍA MALPICA ORTEGA, contrajeron matrimonio civil por ante la Prefectura del Municipio Araure, del Estado Portuguesa, en fecha 21 de enero de 1977, tal y como se desprende de la copia certificada del acta consignada al efecto. 2º Alegaron los solicitantes que fijaron su domicilio conyugal en la calle Fe y Alegría, casa S/N, Frente a la Escuela Alejandro Febres, Municipio San Carlos del estado Cojedes. 3º Que los referidos ciudadanos, admitieron que se encuentran separados de hecho y de cuerpo desde el 18 de septiembre de 1983, configurándose de esta manera la cuestión fáctica separación de hecho por más de cinco años. 4º Los cónyuges manifestaron que durante la unión matrimonial no procrearon hijos, y que durante su unión conyugal no obtuvieron ningún tipo de bienes que liquidar. 5º Como en el caso de autos según aprecia el juzgador, se han cumplido los términos de Ley, y no hay objeción ni rechazo a la solicitud sino que ambos cónyuges han solicitado el divorcio, el Juez debe declarar el divorcio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 185-A del Código Civil, con las secuelas pertinentes, y así se decide. Por cuanto los cónyuges manifestaron en su solicitud respecto a los bienes existentes dentro de la comunidad conyugal, que no obtuvieron ningún tipo de bienes que liquidar, el tribunal no tiene materia sobre la cual pronunciarse. -IV- DECISIÓN Por las razones antes expuestas, este Juzgado de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la solicitud de Divorcio fundamentada en el artículo 185-A del Código Civil, y en consecuencia DISUELTO el vínculo matrimonial que unía a los ciudadanos ACICLO RAMÓN SÁNCHEZ y CARMEN MARÍA MALPICA ORTEGA, contraído el día 21 de enero de 1977, por ante la Prefectura del Municipio Araure del Estado Portuguesa. PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE Déjese copia certificada por Secretaría de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Dado, firmado y sellado en la sala de Despacho del Juzgado de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes; en San Carlos a los veintiocho (28) días del mes de enero del año dos mil once (2011). AÑOS: 200º de la Independencia y 151º de la Federación. El Juez Temporal, Abg. VICENTE A. APONTE M. La Secretaria, Abg. JESSENIA M. CAMACHO A. En la misma fecha de hoy, veintiocho (28) de enero de 2011, se publicó y registró la anterior decisión, siendo las (11:30 am).- LA SECRETARIA, Abg. JESSENIA M. CAMACHO A. Solicitud N° 3059/10. VAAM/JMCA/felixana.