TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

EN SU NOMBRE: EL
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL,
DEL TRANSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL ESTADO COJEDES

San Carlos, 15 de marzo de 2010
199º y 151º

EXPEDIENTE: 3.535.-

MOTIVO: COBRO DE BOLIVARES, derivado de accidente de tránsito

DECISION: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA

-I-
DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS

DEMANDANTE: FRANCISCO RAMON ORTEGA RINCONES.-

APODERADOS JUDICIALES: FRANCISCO IGNACIO RODRIGUEZ y GUSTAVO ENRIQUE PINEDA.-
INPREABOGADO: Nros. 15.969 y 15.970, respectivamente.

DEMANDADOS: JOSE GUADALUPE VELOZ REYES y ATILIO LIBERTO LIBERTO.-

APODERADAS JUDICIALES: FRANCESCA MORTILLARO AFFAQUI y LUISA MANUITT CAMACHO.-

INPREABOGADO: Nos. 16.209 y 16.214, respectivamente.-

-II-
BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS PROCESALES

En fecha ocho (08) de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro (1.984), compareció por ante este Juzgado, el abogado en ejercicio FRANCISCO IGNACIO RODRIGUEZ B., inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 15.969, con el carácter de co-apoderado judicial especial del ciudadano FRANCISCO RAMON ORTEGA RINCONES, titular de la cédula de identidad N° 1.025.028, parte demandante en el procedimiento, y consignó escrito demanda por COBRO DE BOLIVARES, derivado de accidente de tránsito contra los ciudadanos JOSE GUADALUPE VELOZ REYES y ATILIO LIBERTO LIBERTO.-
Mediante auto de fecha ocho (08) de noviembre de mil novecientos ochenta y cuatro (1.984), el Tribunal admitió demanda, emplazándose a las parte demandadas, para tales efectos el Tribunal comisionó a los Juzgados del Municipio Manrique, Distrito San Carlos y Distrito Tinaco de ésta Circunscripción Judicial, respectivamente.-
En fecha cuatro (04) de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro (1.984), en nota se secretaría se deja constancia de la remisión del despacho compulsa y boletas al Juzgado comisionado con oficios N° 766 y 767, respectivamente.-
El día ocho (08) de enero de mil novecientos ochenta y cinco (1.985), fue agregada resultado comisión conferida al Juzgado del Municipio Manrique del Distrito San Carlos de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, debidamente cumplida, con oficio N° 4-450-04.-
En fecha veintiún (21) de enero de mil novecientos ochenta y cinco (1.985), se agregó resultado de la comisión conferida al Juzgado del Distrito del Distrito Tinaco de ésta Circunscripción Judicial, sin cumplir, con oficio N° 2420-25, de fecha 28-11-1.985.-
Mediante diligencia de fecha veinticuatro (24) de enero de mil novecientos ochenta y cinco (1.985), el abogado FRANCISCO IGNACIO RODRIGUEZ B., en su carácter de co-apoderado actor, solicitó al Tribunal la citación personal del co-demandado ATILIO LIBERTO LIBERTO, a fin de que continúe el procedimiento.-
Por auto de fecha trece (13) de febrero de mil novecientos ochenta y cinco (1.985), el Tribunal acuerda compulsar nuevamente el libelo de la demanda, a fin de practicar la citación personal del co-demandado ATILIO LIBERTO LIBERTO.-
En fecha veintiocho (28) de marzo de mil novecientos ochenta y cinco (1.985), fue consignada por el Alguacil del Despacho boleta de citación firmada por el co-demandado, ciudadano ATILIO LIBERTO LIBERTO, en fecha 26/03/1.985.-
El día quince (15) de abril de mil novecientos ochenta y cinco (1.985), tuvo lugar el acto de la contestación a la demanda en el cual el co-demandado ATILIO LIBERTO LIBERTO, debidamente asistido de abogado, consignó escrito de oposición a la demanda, contenida en el ordinal 7° del artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, por no haber llenado los requisitos que indica el artículo 237.-
En fecha diecisiete (17) de abril de mil novecientos ochenta y cinco (1.985), fueron consignados los escritos de pruebas por las partes.-
Mediante auto de fecha veintidós (22) de abril de mil novecientos ochenta y cinco (1.985), el Tribunal admitió los escritos de pruebas promovidos por las partes, comisionándose para ello a los Juzgados del Distrito San Carlos, Distrito Falcón y Municipio Manrique de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes e igualmente al Juzgado del Distrito Araure de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa.-
Mediante diligencia de fecha veintitrés (23) de abril de mil novecientos ochenta y cinco (1.985), el abogado FRANCISCO IGNACIO RODRIGUEZ, pidió al Tribunal, designar correo especial a fin de de retirar los despachos de pruebas promovidos y a la vez consignarlos ante los Juzgados del Distrito Falcón de ésta Circunscripción Judicial y Distrito Araure del Estado Portuguesa.-
El día veintitrés (23) de abril de mil novecientos ochenta y cinco (1.985), el Tribunal designa como correo especial al abogado FELIX ANTONIO GONZALEZ, titular de la cédula de identidad N° V-3.692.171, aceptando el cargo y prestó el juramento de ley; recibiendo en el mismo acto los referidos despachos para los Juzgados comisionados.-
En diligencia del veinticinco (25) de abril de mil novecientos ochenta y cinco (1.985), el co-demandado ATILIO LIBERTO LIBERTO, debidamente asistió por la abogada FRANCESCA MORTILLARO AFFAQUI, solicitó al Tribunal se designe correo especial a fin de retirar el Despacho dirigido al Juzgado del Municipio Manrique de ésta Circunscripción Judicial y lo entregue en el mismo.-
Por auto de fecha veinticinco de abril de mil novecientos ochenta y cinco (1.985), el Tribunal designa correo especial a BENITO RAMON RIVAS, titular de la cédula de identidad N° 374.145, aceptando el cargo y prestando el juramento de ley, recibiendo en el mismo acto el despacho en referencia.-
Se deja constancia que en fechas seis (06) y siete (07) de mayo de mil novecientos ochenta y cinco (1.985), fueron agregadas a los autos las comisiones que fueran remitidas a los Juzgados del Distrito San Carlos y Municipio Manrique de ésta Circunscripción Judicial, debidamente cumplidas.-
Se deja constancia que en fecha diez (10) de mayo de mil novecientos ochenta y cinco (1.985), fue agregada a los autos la comisión que fuera remitida al Juzgado del Distrito Falcón de ésta Circunscripción Judicial, parcialmente cumplida.-
En fecha diez (10) de mayo de mil novecientos ochenta y cinco (1.985), la abogada en ejercicio FRANCESCA MORTILLARO AFFAQUI DE CARABAÑO, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 16.209, con el carácter de apoderada judicial del co-demandado, ATILIO LIBERTO LIBERTO, presentó escrito de informes.-
El día quince (15) de mayo de mil novecientos ochenta y cinco (1.985), El Juez Titular del Despacho abogado LUIS JESUS MORAZZANI , se inhibe de seguir conociendo del juicio, todo a tenor de lo dispuesto por el Ordinal 18 del artículo 105 del Código de Procedimiento Civil.-
Mediante auto de fecha veintiún (21) de mayo de mil novecientos ochenta y cinco (1.985), el Tribunal ordena remitir el expediente al Juzgado Superior de ésta Circunscripción Judicial a fin de que conozca del mismo, remitiéndose en la misma fecha con oficio N° 300.-
En fecha veintidós (22) de mayo de mil novecientos ochenta y cinco (1.985), el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Penal del Tránsito del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, recibió el expediente en cuestión.-
Por auto de fecha veintiocho (28) de mayo de mil novecientos ochenta y cinco (1.985), el Tribunal declara Con Lugar la inhibición propuesta, remitiéndose en la misma fecha al Tribunal de origen con oficio N° 1.450.-
Mediante nota de secretaría de fecha treinta (30) de mayo de mil novecientos ochenta y cinco (1.985), se deja constancia de haber recibido recibió del Juzgado Superior en lo Civil de ésta Circunscripción Judicial, en 102 folios útiles, con oficio N° 220, el expediente en cuestión.-
Por auto de fecha dieciséis (16) de julio de mil novecientos ochenta y cinco (1.985), fue convocado el abogado JULIAN AUDE GONZALEZ, en su condición de Segundo Suplente de este Juzgado, a fin de que se aboque o excuse del conocimiento de la causa, la cual se produjo en fecha 26/07/85.-
El día nueve (09) de agosto de mil novecientos ochenta y cinco (1.985), el abogado JULIAN AUDE GONZALEZ, en su condición de Segundo Suplente de este Juzgado, se abocó al conocimiento de la causa.-
En fecha ocho (08) de agosto de mil novecientos ochenta y seis (1.986), el abogado FRANCISCO IGNACIO RODRIGUEZ, expuso al Tribunal por cuanto se ha designado nuevo suplente, se aboque o excuse al conocimiento de la causa.-
Por auto de fecha catorce (14) de octubre de mil novecientos ochenta y seis (1.986), de conformidad con lo previsto en los artículos 63 y 71 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se ordenó convocar al abogado SAUL ANTONIO GUARDA PALOMARES, en su condición de Primer Suplente de este despacho, a fin de que se avoque al conocimiento de la presente causa, produciéndose su notificación en fecha 24/10/ 1.986.-
En fecha cinco (05) de diciembre de mil novecientos ochenta y seis (1.986), fue agregado a los autos el resultado de la comisión conferida al Juzgado del Distrito Araure de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, sin cumplir.-
El día cinco (05) de diciembre de mil novecientos ochenta y seis (1.986), el abogado SAUL ANTONIO GUARDA, en su condición de Primer Suplente del Tribunal, acepto el cargo de Juez Accidental jurando cumplir fielmente con sus obligaciones inherentes al caso.-
Mediante auto de fecha veintiocho (28) de agosto de mil novecientos ochenta y siete (1.987), el Juzgado Ad-Hoc, ordenó notificar a las partes por cuanto el juicio se encuentra paralizado, a fin de su continuación, produciéndose dichas notificaciones en fechas 03 y 08 de septiembre de 1.987.-
Por auto de fecha catorce (14) de julio de dos mil nueve (2.009), el Juez Provisorio de este Juzgado se abocó al conocimiento de la causa.
-III-
MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO PARA DECIDIR
Del análisis realizado en el presente caso se determina que la causa se paralizo en estado de dictar la correspondiente sentencia en virtud de los cambios de jueces a cargo de este Tribuna, desde el año mil novecientos ochenta y cinco (1.985).-
Así encontramos que transcurrió a partir de entonces un prolongado lapso de tiempo dentro del cual las partes estaban en la obligación de instar al Tribunal, para que pronunciara la sentencia, sin que en modo alguno tal impulso se verificara, llegándose al punto de que habiéndose producido la incorporación del Dr. Luis Rafael Matute; en sustitución del Juez Dr. Luis Jesús Morazzani A., luego de la Dra. Thais Elena Font Acuña, en sustitución del Juez Dr. Luis Rafael Matute, luego del Dr. Manuel Orlando Aponte, en sustitución de la Dra. Thais Elena Font Acuña y por último de quien suscribe este fallo en sustitución del Juez Dr. Manuel Orlando Aponte, nunca fue solicitado el abocamiento del Juez al conocimiento del asunto.-
La jurisprudencia y la doctrina mantienen contesticidad absoluta en cuanto a que, cuando se produce la incorporación de un nuevo Juez al Tribunal, se produce la paralización del juicio por una causa legal, porque ese nuevo Juez necesariamente debe abocarse al conocimiento de la causa para poder entrar a decidirla, y para que ello ocurra se requiere el impulso de la parte interesada, quien se encuentra en la obligación de instar tal abocamiento.-
En tal virtud, al no existir actividad procesal alguna en el presente caso dirigida a procurar el pronunciamiento del fallo en forma oportuna, habiéndose producido a lo largo de todo este espacio de tiempo la incorporación de tres jueces distintos, a este Tribunal, sin que se les hubiere pedido a ninguno de ellos el abocamiento respectivo, es evidente que el proceso ha entrado en una paralización absolutamente injustificada, dada la particular situación de que la presente causa se encuentra paralizada en estado de dictar sentencia.-
Frente al panorama procesal referido, resulta oportuno traer a colación algunas conclusiones emitidas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 01 de junio de 2001, en relación con el instituto de la perención.-
En efecto, nuestro Supremo Tribunal estableció que el principio -enunciado en el artículo 267- de que la perención no corre después de vista la causa, no es absoluto, ya que si después de vista la causa, se suspende el proceso por alguna causa legal y una vez transcurrido dicho término los interesados no gestionan la continuación de la causa, ni cumplen las obligaciones que la ley les impone para proseguirla, perimirá la instancia, así ella se encuentre en estado de sentencia, ya que la inactividad procesal ocurrida es atribuible a las partes, por lo que ellas deben asumir sus consecuencias.
Ejemplifica el asunto dicha sentencia con el supuesto contemplado en el ordinal 3° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil al señalar que dicha norma, en cuanto a ese supuesto de perención no distingue en qué estado se encuentra el juicio, en contraposición con los otros ordinales de dicha norma, y con el enunciado general de la misma.
Textualmente el fallo contiene el siguiente razonamiento:
“…Suele comentarse que la perención no tiene lugar cuando el juicio está en suspenso. A juicio de esta Sala hay que diferenciar la naturaleza de la detención procesal, ya que si ella es producto de una suspensión por algún motivo legal, durante la suspensión, el juez pierde la facultad de impulsar de oficio el proceso hasta su conclusión (artículo 14 del Código de Procedimiento Civil), y éste entra en un estado de latencia mientras dure el término legal de suspensión, pero transcurrido éste, así no exista impulso de los sujetos procesales, el proceso automáticamente debe continuar, y si no lo hace, comienza a computarse el término para perimir, tal como lo evidencia el ordinal 3° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil cuando resta del lapso de perención el término de suspensión legal, el cual previniendo que a partir de la terminación del lapso legal de suspensión comience a contarse el de perención, ya que la causa continúa y si no se activa y por ello se paraliza, perimirá.
La perención tiene lugar cuando el proceso se encuentra paralizado y las partes o no están o han dejado de estar a derecho. Se trata de una relación procesal que no se formó, o que, constituida, se rompió. El comienzo de la paralización es el punto de partida para la perención, y el tiempo que ella dure será el plazo para que se extinga la instancia.
Estando la causa en estado de sentencia, ella puede paralizarse, rompiéndose la estada a derecho de las partes, por lo que el Tribunal no puede actuar, y se hace necesario para su continuación, que uno de los litigantes la inste y sean notificadas las partes no peticionantes o sus apoderados. En ese estado, la paralización puede nacer de situaciones casuísticas que necesariamente conducen a tal figura caracterizada por la ruptura de la permanencia a derecho de las partes, como puede suceder si las diversas piezas de un expediente que se encuentra en estado de sentencia se desarticulan y se envían a diversos tribunales, sin que el tribunal a quien le corresponde la última pieza para sentenciar, pueda hacerlo, ya que no tiene el resto de los autos y no sabe dónde se encuentran. Ante tal situación, la causa se paraliza, las partes dejan de estar a derecho, y al juez no queda otra posibilidad, sino esperar que los interesados le indiquen (producto de sus investigaciones) dónde se encuentra el resto de las piezas, a fin que las recabe, conforme el expediente total, y a petición de parte, reconstituya a derecho a los litigantes.
(Omisis…)
Algo similar ocurría cuando no estaba vigente el principio de gratuidad de la justicia y las partes no consignaban el papel sellado necesario para sentenciar.
Estos son los principios generales sobre perención de la instancia, los cuales son aplicables plenamente al proceso civil y a los procesos que se rijan por el Código de Procedimiento Civil (proceso común).
Las causas en suspenso no se desvinculan del iter procesal. El juicio se detiene y continúa automáticamente en el estado en que se encontraba cuando se detuvo, sin necesidad de notificar a nadie, ya que la estadía a derecho de las partes no se ha roto. El artículo 202 del Código de Procedimiento Civil, marca los principios al respecto, mientras que el 14 eiusdem, establece que las suspensiones tienen lugar por motivos, pautados en la ley, tal como lo hacen -por ejemplo- los artículos 202, 354, 367, 387, 756 y 758 del Código de Procedimiento Civil.
(Omisis..)
Cuando, en el término para sentenciar y en el de diferimiento, no se sentencia, la causa se paraliza y cesa la estadía a derecho de las partes. Para que el proceso continúe se necesita el impulso de uno de los sujetos procesales, ya que es la inactividad de éstos lo que produce la parálisis, y en el caso de la sentencia emitida extemporáneamente, el legislador consideró que es el Tribunal quien actúa y pone en movimiento el juicio en relación con las partes, quienes son los que tienen el interés en ejercer su derecho a la defensa (interposición de recursos, aclaratorias, nombramientos de expertos para la experticia complementaria, etc.).
Para que corra la perención la clave es la paralización de la causa. Sólo en la que se encuentra en tal situación puede ocurrir la perención, siempre que la parálisis sea de la incumbencia de las partes, ya que según el Código de Procedimiento Civil, la

inactividad del juez después de vista la causa no producirá la perención.
Siendo la perención un “castigo” a la inactividad de las partes, la de los jueces no puede perjudicar a los litigantes, ya que el incumplimiento del deber de administrar justicia oportuna es sólo de la responsabilidad de los sentenciadores, a menos que la falta de oportuno fallo dependa de hechos imputables a las partes, como ocurre en los ejemplos antes especificados.
La anterior interpretación tiene plena validez para todos los procesos que se rigen por el Código de Procedimiento Civil.”.- (Negrillas del Tribunal).

En el presente caso, la situación que se plantea es un tanto similar al caso analizado en el fallo de la referencia, pues una vez que se produce la incorporación de un nuevo Juez al Tribunal, luego de fenecido el lapso probatorio, este debe necesariamente abocarse al conocimiento del asunto para poder sentenciarlo, pero para ello se requiere el impulso de las partes, habida consideración que el proceso ha entrado en un estado de paralización legal que no puede ser imputable al Tribunal.
Ello significa que una vez incorporado el nuevo Juez, las partes tienen la carga de impulsar el juicio hacia su conclusión, solicitando el abocamiento y la ulterior sentencia. De allí que si transcurre un año sin que las partes insten el procedimiento, se habrá verificado una inactividad imputable a las partes sin que pueda alegarse que el proceso se encuentra en estado de sentencia, porque no se reanuda la etapa de sentencia sino hasta tanto se produce el abocamiento del nuevo juez, quien dispone nuevamente del lapso que le otorga la ley para sentenciar y puede inclusive dictar auto para mejor proveer si a bien tiene acordarlo, pero en todo caso el proceso sólo entra en estado de sentencia una vez que las partes cumpliendo con esa carga, han solicitado ese abocamiento, o el mismo se ha producido de oficio, por tener el juez esa facultad, practicadas las notificaciones de rigor y en caso contrario se mantiene en un estado de latencia dentro del cual le está vedado al Juez pronunciarse por depender ello de la voluntad de las partes.
En razón de ello, es concluyente para este Tribunal que la prolongada y exagerada paralización en que se encuentra la presente causa, es de la exclusiva incumbencia de las partes, por lo que la perención resulta aplicable y puede operar perfectamente.-

En virtud de lo anterior, tenemos que, el presente juicio se paralizó en estado de dictar la correspondiente sentencia, desde el año mil novecientos ochenta y cinco (1.985), y no se verificó con posterioridad a esta fecha, ninguna otra actuación encaminada a darle impulso procesal a la causa y lograr el abocamiento de los distintos jueces que se han encargado de este Órgano, transcurriendo hasta esta fecha VEINTICINCO (25) años, manteniéndose la causa en una absoluta e injustificada paralización por falta de impulso, lo cual denota un total abandono del trámite que hace susceptible de aplicación la norma contenida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil al configurar, sin lugar a dudas, el supuesto de perención establecido en su encabezamiento y que no es otro que el transcurso de mas de un año sin haberse ejecutado en el juicio ningún acto de procedimiento.-

-IV-
DECISION
En fuerza de las consideraciones antes expuestas, y en virtud de la facultad que tiene el Juez para declarar de oficio la PERENCION de la Instancia en cualquiera de los casos previstos en el Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que la misma opera de pleno derecho y no es renunciable por las partes, conforme a las previsiones del Artículo 269 ejusdem, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRANSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la ley, declara EXTINGUIDA la instancia, por haber operado la PERENCION en el presente juicio, de conformidad con lo previsto en el introito del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, al haber transcurrido más de un (1) año, sin que se hubiere cumplido ningún acto efectivo de impulso procesal, encaminado a lograr la continuación del proceso.
Notifíquese la presente decisión.

Publíquese, Regístrese, déjese copia certificada de la presente decisión para ser agregada al libro respectivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRANSITO Y BANCARIO, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES, en San Carlos, a los quince (15) días del mes de marzo del año dos mil diez (2010). Años: 199º de la Independencia y 151º de la Federación.

El Juez Provisorio,
Abg. LUIS ERNESTO GÓMEZ SÁEZ.

La Secretaria,
Abg. HILDA M. CASTELLANOS M.

En la misma fecha, siendo las once y treinta (11:30 a.m.), minutos de la tarde, se publicó la anterior sentencia.

La Secretaria,
Abg. HILDA M. CASTELLANOS M.-

Exp. Nº3.535
LEGS/moraima