TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

EN SU NOMBRE: EL
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL,
DEL TRANSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL ESTADO COJEDES

San Carlos, 05 de Febrero de 2.010
199º y 150º

EXPEDIENTE: 10.546

CAUSA: DISOLUCION DEL SINDICATO DE LOS TRABAJADORES DE LAS EMPRESASD DE ACERO DEL ESTADO COJEDES

DECISION: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA

-I-
DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS

DEMANDANTES: ACEROS LAMINADOS, C.A., HIERRO COJEDES, C.A. y GANGAHIERROS, C.A.

APODERADOS JUDICIALES: ANDRES LLOVERA G., SAJARY GONZALEZ ALVAREZ
y ERIKA HIDALGO RODRIGUEZ, inscritos en el
Inpreabogado bajo los Nros. 11.272, 56.569 y 76.825, respectivamente

DEMANDADO: SINDICATO DE TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS DE ACEROS DEL ESTADO COJEDES, en la persona del Secretario General ciudadano JUAN MIGUEL MARTINEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-11.974.170.

APODERADOS JUDICIALES: EDDIEZ SEVILLA y GUSTAVO ENRIQUE PINEDA, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 70.023 y 15.970, respectivamente.-

-II-
BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS PROCESALES
En fecha diecisiete (17) de abril de dos mil (2.000), comparecieron por ante este Juzgado los abogados en ejercicio ANDRES LLOVERA G., SAJARY GONZALEZ ALVAREZ y ERIKA HIDALGO RODRIGUEZ, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 11.272, 56.569 y 76.825, respectivamente, y consignaron solicitud de DISOLUCION DEL SINDICATO DE LOS TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS DE ACERO DEL ESTADO COJEDES (ACEROS LAMINADOS, C.A., HIERRO COJEDES, C.A. y GANGAHIERROS, C.A.).
Por auto de fecha veintisiete (27) de abril de dos mil (2.000), el Tribunal admitió la solicitud, ordenó la notificación del ciudadano JUAN MIGUEL MARTINEZ, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de las Empresas de Aceros del Estado Cojedes.
Por auto de fecha diecinueve (19) de junio de dos mil (2.000), el Tribunal dispuso librar boleta de notificación en el domicilio del ciudadano JUAN MIGUEL MARTINEZ, en su carácter de Secretario General del Sindicato de Trabajadores de las Empresas de Acero del Estado Cojedes, parte demandada, el cual fue notificado en fecha 18 de julio de 2.000.-
En fecha veinticinco (25) de julio de dos mil (2.000), el ciudadano JUAN MIGUEL MARTINEZ LOPEZ, en su carácter de Secretario General del Sindicato de Trabajadores de las Empresas de Aceros del Estado Cojedes, parte demandada, debidamente asistido por el abogado en ejercicio EDDIEZ SEVILLA, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 70.023, consignó escrito de cuestiones previas, constante de (02) folios útiles, riela a los folios 70, 71.-
Mediante escrito de fecha tres (03) de agosto de dos mil (2.000), el abogado en ejercicio ANDRES LLOVERA GILIBERTI, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 11.272, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, dio contestación a la cuestión previa opuesta por el ciudadano JUAN MIGUEL MARTINEZ, en su carácter de Secretario General del Sindicato de Trabajadores de las Empresas de Aceros del Estado Cojedes, parte demandada.
En fecha diez (10) de agosto de dos mil (2.000), el ciudadano JUAN MIGUEL MARTINEZ LOPEZ, en su carácter de Secretario General del Sindicato de Trabajadores de las Empresas de Aceros del Estado Cojedes, parte demandada, debidamente asistido por el abogado en ejercicio EDDIEZ SEVILLA, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 70.023, consignó escrito de promoción de pruebas.
Mediante sentencia interlocutoria de fecha nueve (09) de octubre de dos mil (2.000), el Tribunal declaró sin lugar la cuestión previa opuesta propuesta por el ciudadano en su carácter de Secretario General del Sindicato de Trabajadores de las Empresas de Aceros del Estado Cojedes, parte demandada.-
En fecha diecisiete (17) de octubre de dos mil (2.000), el ciudadano JUAN MIGUEL MARTINEZ LOPEZ, en su carácter de Secretario General del Sindicato de Trabajadores de las Empresas de Aceros del Estado Cojedes, parte demandada, debidamente asistido por el abogado en ejercicio EDDIEZ SEVILLA, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 70.023, consignó escrito de contestación a la demanda.-
Estando dentro de la oportunidad legal en fecha veinticuatro (24) de octubre de dos mil (2.000), los ciudadanos JUAN MIGUEL MARTINEZ LOPEZ, en su carácter de Secretario General del Sindicato de Trabajadores de las Empresas de Aceros del Estado Cojedes, parte demandada, debidamente asistido por el abogado en ejercicio EDDIEZ SEVILLA, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 70.023, y el abogado en ejercicio ANDRES LLOVERA GILIBERTI, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 11.272, en su carácter de apoderado judicial de las Empresas Hierro Cojedes, C.A., Aceros Laminados C.A. y Ganga Hierros, C.A., consignaron escritos de promoción de pruebas.-
Por auto de fecha treinta (30) de octubre de dos mil (2.000), el Tribunal admite las pruebas, comisionando al Juzgado del Municipio Falcón de esta Circunscripción Judicial y oficiando a la Inspectoría del Trabajo del Estado Cojedes.-
En fecha veintinueve (29) de noviembre de dos mil (2.000), el abogado en ejercicio ANDRES LLOVERA G., inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 11.272, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, solicitó al Tribunal oficiara al Juzgado del Municipio Falcón a los fines de que devuelva la comisión.-
Por auto de fecha cuatro (04) de diciembre de dos mil (2.000), el Tribunal ordenó al Juzgado del Municipio Falcón de esta Circunscripción Judicial, devolver la comisión que le fuera remitida en fecha 08 de noviembre de 2.000.-
En fecha ocho (08) de enero de dos mil uno (2.001), se recibió debidamente cumplida comisión proveniente del Juzgado del Municipio Falcón de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes.-
Por auto de fecha doce (12) de febrero de dos mil uno (2.001), el Tribunal fijó oportunidad para el acto de Informes.-
Mediante escrito de fecha diecinueve (19) de marzo de dos mil uno (2.001), el abogado en ejercicio GUSTAVO ENRIQUE PINEDA, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 15.970, en su carácter de apoderado judicial del Sindicato de Empresas de Aceros del Estado Cojedes, presentó Informes y el Tribunal dijo “Vistos”.-
Por auto de fecha veintiuno (21) de mayo de dos mil uno (2.001), el Tribunal difiere la oportunidad de dictar sentencia.
Mediante diligencia de fecha seis (06) de mayo de dos mil dos (2.002), los ciudadanos JUAN MIGUEL MARTINEZ LOPEZ, JOSE LUIS NAREA, JUAN JOSE NAVARRO RODRIGUEZ y FREDDY AGELVIS PEÑA PARRA, en sus caracteres de miembros de la junta directiva del Sindicato de Trabajadores de las Empresas de Aceros del Estado Cojedes, debidamente asistidos por los abogados en ejercicio GUSTAVO ENRIQUE PINEDA y EDDIEZ SEVILLA RODRIGUEZ, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 15.970 y 70.023, respectivamente, solicitaron al Tribunal declarar disuelto dicho sindicato a tenor de lo dispuesto en el artículo 462 de la Ley Orgánica del Trabajo.
Por auto de fecha ocho (08) de mayo de dos mil dos (2.002), el Tribunal se abstiene de homologar el convenimiento planteado.-
Por auto de fecha veintinueve (29) de Octubre de dos mil nueve (2.009), el Juez Provisorio de este Juzgado se abocó al conocimiento de la causa.
-III-
MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO PARA DECIDIR
Del análisis realizado en el presente caso se determina que la causa se paralizo en estado de dictar la correspondiente sentencia en virtud de los cambios de jueces a cargo de este Tribunal, desde el año dos mil uno (2.001).-
Así encontramos que transcurrió a partir de entonces un prolongado lapso de tiempo dentro del cual las partes estaban en la obligación de instar al Tribunal, para que pronunciara la sentencia, sin que en modo alguno tal impulso se verificara, llegándose al punto de que habiéndose producido la incorporación del Dr. Manuel Orlando Aponte, en sustitución de la Dra. Thais Elena Font Acuña y por último de quien suscribe este fallo en sustitución del Juez Dr. Manuel Orlando Aponte, nunca fue solicitado el abocamiento del Juez al conocimiento del asunto.-
La jurisprudencia y la doctrina mantienen contesticidad absoluta en cuanto a que, cuando se produce la incorporación de un nuevo Juez al Tribunal, se produce la paralización del juicio por una causa legal, porque ese nuevo Juez necesariamente debe abocarse al conocimiento de la causa para poder entrar a decidirla, y para que ello ocurra se requiere el impulso de la parte interesada, quien se encuentra en la obligación de instar tal abocamiento.-
En tal virtud, al no existir actividad procesal alguna en el presente caso dirigida a procurar el pronunciamiento del fallo en forma oportuna, habiéndose producido a lo largo de todo este espacio de tiempo la incorporación de dos jueces distintos, a este Tribunal, sin que se les hubiere pedido a ninguno de ellos el abocamiento respectivo, es evidente que el proceso ha entrado en una paralización absolutamente injustificada, dada la particular situación de que la presente causa se encuentra paralizada en estado de dictar sentencia.-
Frente al panorama procesal referido, resulta oportuno traer a colación algunas conclusiones emitidas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 01 de junio de 2001, en relación con el instituto de la perención.-
En efecto, nuestro Supremo Tribunal estableció que el principio -enunciado en el artículo 267- de que la perención no corre después de vista la causa, no es absoluto, ya que si después de vista la causa, se suspende el proceso por alguna causa legal y una vez transcurrido dicho término los interesados no gestionan la continuación de la causa, ni cumplen las obligaciones que la ley les impone para proseguirla, perimirá la instancia, así ella se encuentre en estado de sentencia, ya que la inactividad procesal ocurrida es atribuible a las partes, por lo que ellas deben asumir sus consecuencias.
Ejemplifica el asunto dicha sentencia con el supuesto contemplado en el ordinal 3° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil al señalar que dicha norma, en cuanto a ese supuesto de perención no distingue en qué estado se encuentra el juicio, en contraposición con los otros ordinales de dicha norma, y con el enunciado general de la misma.
Textualmente el fallo contiene el siguiente razonamiento:
“…Suele comentarse que la perención no tiene lugar cuando el juicio está en suspenso. A juicio de esta Sala hay que diferenciar la naturaleza de la detención procesal, ya que si ella es producto de una suspensión por algún motivo legal, durante la suspensión, el juez pierde la facultad de impulsar de oficio el proceso hasta su conclusión (artículo 14 del Código de Procedimiento Civil), y éste entra en un estado de latencia mientras dure el término legal de suspensión, pero transcurrido éste, así no exista impulso de los sujetos procesales, el proceso automáticamente debe continuar, y si no lo hace, comienza a computarse el término para perimir, tal como lo evidencia el ordinal 3° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil cuando resta del lapso de perención el término de suspensión legal, el cual previniendo que a partir de la terminación del lapso legal de suspensión comience a contarse el de perención, ya que la causa continúa y si no se activa y por ello se paraliza, perimirá.
La perención tiene lugar cuando el proceso se encuentra paralizado y las partes o no están o han dejado de estar a derecho. Se trata de una relación procesal que no se formó, o que, constituida, se rompió. El comienzo de la paralización es el punto de partida para la perención, y el tiempo que ella dure será el plazo para que se extinga la instancia.
Estando la causa en estado de sentencia, ella puede paralizarse, rompiéndose la estada a derecho de las partes, por lo que el Tribunal no puede actuar, y se hace necesario para su continuación, que uno de los litigantes la inste y sean notificadas las partes no peticionantes o sus apoderados. En ese estado, la paralización puede nacer de situaciones casuísticas que necesariamente conducen a tal figura caracterizada por la ruptura de la permanencia a derecho de las partes, como puede suceder si las diversas piezas de un expediente que se encuentra en estado de sentencia se desarticulan y se envían a diversos tribunales, sin que el tribunal a quien le corresponde la última pieza para sentenciar, pueda hacerlo, ya que no tiene el resto de los autos y no sabe dónde se encuentran. Ante tal situación, la causa se paraliza, las partes dejan de estar a derecho, y al juez no queda otra posibilidad, sino esperar que los interesados le indiquen (producto de sus investigaciones) dónde se encuentra el resto de las piezas, a fin que las recabe, conforme el expediente total, y a petición de parte, reconstituya a derecho a los litigantes. (Omisis…)
Algo similar ocurría cuando no estaba vigente el principio de gratuidad de la justicia y las partes no consignaban el papel sellado necesario para sentenciar.
Estos son los principios generales sobre perención de la instancia, los cuales son aplicables plenamente al proceso civil y a los procesos que se rijan por el Código de Procedimiento Civil (proceso común).
Las causas en suspenso no se desvinculan del iter procesal. El juicio se detiene y continúa automáticamente en el estado en que se encontraba cuando se detuvo, sin necesidad de notificar a nadie, ya que la estadía a derecho de las partes no se ha roto. El artículo 202 del Código de Procedimiento Civil, marca los principios al respecto, mientras que el 14 eiusdem, establece que las suspensiones tienen lugar por motivos, pautados en la ley, tal como lo hacen -por ejemplo- los artículos 202, 354, 367, 387, 756 y 758 del Código de Procedimiento Civil. (Omisis..)
Cuando, en el término para sentenciar y en el de diferimiento, no se sentencia, la causa se paraliza y cesa la estadía a derecho de las partes. Para que el proceso continúe se necesita el impulso de uno de los sujetos procesales, ya que es la inactividad de éstos lo que produce la parálisis, y en el caso de la sentencia emitida extemporáneamente, el legislador consideró que es el Tribunal quien actúa y pone en movimiento el juicio en relación con las partes, quienes son los que tienen el interés en ejercer su derecho a la defensa (interposición de recursos, aclaratorias, nombramientos de expertos para la experticia complementaria, etc.).
Para que corra la perención la clave es la paralización de la causa. Sólo en la que se encuentra en tal situación puede ocurrir la perención, siempre que la parálisis sea de la incumbencia de las partes, ya que según el Código de Procedimiento Civil, la inactividad del juez después de vista la causa no producirá la perención.
Siendo la perención un “castigo” a la inactividad de las partes, la de los jueces no puede perjudicar a los litigantes, ya que el incumplimiento del deber de administrar justicia oportuna es sólo de la responsabilidad de los sentenciadores, a menos que la falta de oportuno fallo dependa de hechos imputables a las partes, como ocurre en los ejemplos antes especificados.
La anterior interpretación tiene plena validez para todos los procesos que se rigen por el Código de Procedimiento Civil.”.- (Negrillas del Tribunal).
En el presente caso, la situación que se plantea es un tanto similar al caso analizado en el fallo de la referencia, pues una vez que se produce la incorporación de un nuevo Juez al Tribunal, luego de fenecido el lapso probatorio, este debe necesariamente abocarse al conocimiento del asunto para poder sentenciarlo, pero para ello se requiere el impulso de las partes, habida consideración que el proceso ha entrado en un estado de paralización legal que no puede ser imputable al Tribunal.
Ello significa que una vez incorporado el nuevo Juez, las partes tienen la carga de impulsar el juicio hacia su conclusión, solicitando el abocamiento y la ulterior sentencia. De allí que si transcurre un año sin que las partes insten el procedimiento, se habrá verificado una inactividad imputable a las partes sin que pueda alegarse que el proceso se encuentra en estado de sentencia, porque no se reanuda la etapa de sentencia sino hasta tanto se produce el abocamiento del nuevo juez, quien dispone nuevamente del lapso que le otorga la ley para sentenciar y puede inclusive dictar auto para mejor proveer si a bien tiene acordarlo, pero en todo caso el proceso sólo entra en estado de sentencia una vez que las partes cumpliendo con esa carga, han solicitado ese abocamiento, o el mismo se ha producido de oficio, por tener el juez esa facultad, practicadas las notificaciones de rigor y en caso contrario se mantiene en un estado de latencia dentro del cual le está vedado al Juez pronunciarse por depender ello de la voluntad de las partes.-
En razón de ello, es concluyente para este Tribunal que la prolongada y exagerada paralización en que se encuentra la presente causa, es de la exclusiva incumbencia de las partes, por lo que la perención resulta aplicable y puede operar perfectamente.
En virtud de lo anterior, tenemos que, el presente juicio se paralizó en estado de dictar la correspondiente sentencia, desde el año dos mil uno (2.001), y no se verificó con posterioridad a esta fecha, ninguna otra actuación encaminada a darle impulso procesal a la causa y lograr el abocamiento de los distintos jueces que se han encargado de este Órgano, transcurriendo hasta esta fecha OCHO (08) años, manteniéndose la causa en una absoluta e injustificada paralización por falta de impulso, lo cual denota un total abandono del trámite que hace susceptible de aplicación la norma contenida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil al configurar, sin lugar a dudas, el supuesto de perención establecido en su encabezamiento y que no es otro que el transcurso de mas de un año sin haberse ejecutado en el juicio ningún acto de procedimiento.-

-IV-
DECISION
En fuerza de las consideraciones antes expuestas, y en virtud de la facultad que tiene el Juez para declarar de oficio la PERENCION de la Instancia en cualquiera de los casos previstos en el Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que la misma opera de pleno derecho y no es renunciable por las partes, conforme a las previsiones del Artículo 269 ejusdem, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRANSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la ley, declara EXTINGUIDA la instancia, por haber operado la PERENCION en el presente juicio, de conformidad con lo previsto en el introito del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, al haber transcurrido más de un (1) año, sin que se hubiere cumplido ningún acto efectivo de impulso procesal, encaminado a lograr la continuación del proceso.

Notifíquese la presente decisión.
Publíquese, Regístrese, déjese copia certificada de la presente decisión para ser agregada al libro respectivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.-
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRANSITO Y BANCARIO, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES, en San Carlos, a los cinco (05) días del mes de Febrero del año dos mil diez (2.010). Años: 199º de la Independencia y 150º de la Federación.

El Juez Provisorio,
Abg. LUIS ERNESTO GÓMEZ SÁEZ,

La Secretaria,
Abg. HILDA M. CASTELLANOS M.

En la misma fecha, siendo las diez (10:00 a.m.) de la mañana, se publicó la anterior sentencia.

La Secretaria,
Abg. HILDA M. CASTELLANOS M.

Exp. Nº 10.546 LEGS/Misledy