REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EN SU NOMBRE JUZGADO DEL MUNICIPIO FALCON DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES Tinaquillo, 23 de julio, de 2009. Este Tribunal, actuando en acatamiento a lo previsto en los artículos 206 y 207 del Código de Procedimiento Civil, los cuales facultan a los jueces a corregir las faltas que pudieran anular cualquier acto procesal. Y una vez vista la diligencia del apoderado judicial de la parte demandante, ante el Tribunal ejecutor donde manifiesta que los mandamientos de ejecución son impracticables y por cuanto este órgano jurisdiccional realizo una revisión de las actuaciones que anteceden, observa que los artículos de la ley de la Procuraduría General de la Republica, contiene normas de orden publico, que establecen lo siguiente: Artículo 85. Cuando la República sea condenada en juicio, el Tribunal encargado de ejecutar la sentencia notificará al Procurador o Procuradora General de la República quien, dentro del lapso de sesenta (60) días siguientes, debe informarle sobre su forma y oportunidad de ejecución. Dentro de los diez (10) días siguientes de su notificación, la Procuraduría General de la República participará al órgano respectivo de lo ordenado en la sentencia. Este último deberá informar a la Procuraduría General de la República sobre la forma y oportunidad de ejecución de lo ordenado en la sentencia, dentro de los treinta (30) días siguientes de recibido el oficio respectivo. Artículo 86. La parte interesada, previa notificación, puede aprobar o rechazar la proposición del organismo público que corresponda y, en el último caso, el Tribunal debe fijar otro plazo para presentar nueva propuesta; si la misma no es aprobada por la parte interesada, o si el organismo respectivo no hubiere presentado alguna, el Tribunal debe determinar la forma y oportunidad de dar cumplimiento a lo ordenado por la sentencia, según los procedimientos siguientes: 1. Si se trata de cantidades de dinero, el Tribunal, a petición de la parte interesada, debe ordenar que se incluya el monto a pagar en la partida respectiva de los próximos dos ejercicios presupuestarios, a cuyo efecto debe enviar al Procurador o Procuradora General de la República copia certificada de la decisión, la cual debe ser remitida al organismo correspondiente. El monto que se ordene pagar debe ser cargado a una partida presupuestaria no imputable a programas. 2. Si se trata de entrega de bienes, el Tribunal debe poner en posesión de los mismos a quien corresponda. Si tales bienes estuvieren afectados al uso público, a actividades de utilidad pública o a un servicio público prestado en forma directa por la República, el Tribunal debe acordar la fijación del precio mediante avalúo realizado por tres peritos, nombrados uno por cada parte y el tercero de común acuerdo. En caso de desacuerdo, el tercer perito es nombrado por el Tribunal. Articulo 87. Cuando la República sea condenada en juicio, el Tribunal encargado de ejecutar la sentencia notificará al Procurador o Procuradora General de la República quien, dentro del lapso de sesenta (60) días siguientes, debe informarle sobre su forma y oportunidad de ejecución. Dentro de los diez (10) días siguientes de su notificación, la Procuraduría General de la República participará al órgano respectivo de lo ordenado en la sentencia. Este último deberá informar a la Procuraduría General de la República sobre la forma y oportunidad de ejecución de lo ordenado en la sentencia, dentro de los treinta (30) días siguientes de recibido el oficio respectivo.”… Nuestro máximo Tribunal en sala Constitucional Sentencia de SC-TSJ de fecha 22-07-2003 (caso Estado Apure) estableció lo siguiente: “De la norma anteriormente transcrita se colige que, una vez condenado el ente público sujeto a esta Ley mediante una decisión judicial, ésta no puede ser ejecutada inmediatamente por el administrador de justicia, sino que se debe atender a la prerrogativa presupuestaria de que goza y, en caso de ordenarse un pago, debe esperarse a que sea incluido dentro de una partida del presupuesto de gastos que corresponda realizar.” Este Tribunal, ordena reponer la causa al estado de pronunciarse sobre la ejecución voluntaria por cuanto, la misma debe realizarse en acatamiento a lo previsto en las referidas normas. En consecuencia quedan sin efecto el auto dictado en fecha 16 de julio de 2008, donde se ordena la ejecución voluntaria y las demás actuaciones subsiguientes al referido auto. Líbrese oficio notificando a la Procuraduría General de la Republica de la presente decisión. La Jueza Provisoria, Abg. Erika Canelón Lara La Secretaria, Abg. Anny Pérez